El jefe del Gabinete de gobierno de la presidenta argentina Cristina de Kirchner, Aníbal Fernández, resaltó el "prestigio" de los peritos oficiales que actúan en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de la conferencia de este 6 de marzo en la que la jueza Sandra Arroyo Salgado afirmó que a su exmarido “lo mataron”.

Arroyo Salgado afirmó que “él (Nisman) fue asesinado”, agregando que “las pruebas permiten descartar - completamente - las hipótesis de un accidente o un suicidio”. Por su parte, recalcó Fernández, que "el Gobierno no forma parte de ese proceso” y que su “intención es que se arribe a la verdad jurídica objetiva", como reza en la página de la Casa Rosada.

Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento a los iraníes acusados del ataque.

Politización de la Justicia

Independientemente del curso que tome la investigación sobre el caso Nisman, el papel del Ejecutivo en este y otros casos judiciales es una muestra de la politización que vive la Justicia argentina. “Las tensiones entre estas dos ramas se vienen incrementando desde hace, por los menos, tres años”, recuerda a DW Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas, de Buenos Aires y especializado en Derecho Constitucional.

“Desde el inicio del segundo gobierno de Cristina de Kirchner se intensificaron los ataques a los abogados que investigan casos de corrupción de miembros del oficialismo, así como contra jueces que no fallan en favor de estos, y de la prensa que publica los mismos”, agrega Novaro.

Novaro se refiere, en especial, al proyecto kirchnerista de la "Democratización de la Justicia", un conjunto de leyes aprobado por el Congreso argentino el 25 de Abril del 2013 y cuestionado por la oposición, diversas ONG y buena parte de la población que salió a protestar a las calles.

Especial preocupación despertó la reforma del Consejo de la Magistratura que, como se criticó a su tiempo, “destruía la forma republicana al someter a los jueces a la voluntad del gobierno de turno”. De esta forma, el político que ganara en las urnas se convertía en jefe de los jueces y titular del poder ejecutivo, simultáneamente. El Consejo argentino de la Magistratura es el órgano que nombra o remueve jueces y administra el dinero que estos reciben para sus investigaciones.

“Si bien la Corte Suprema declaró más tarde la inconstitucionalidad de dicho proyecto kirchnerista, que buscaba quebrar el equilibrio entre oficialistas y oposición en el Consejo de la Magistratura, los intentos de ‘disciplinar' a los jueces continuó”, dice el también sociólogo Novaro.

Servicios secretos “no están fuera de control”…

Un forcejeo entre el Ejecutivo y la rama judicial, de nuevo, evidente con la muerte de Alberto Nisman. “Ya había quejas del oficialismo de que la extinta Secretaría de Inteligencia (SI) se estaba rebelando y no estaban haciendo el trabajo de ‘disciplinar' a jueces y fiscales”, acota Novaro. Cuando Novaro habla de “disciplinar”, se refiere a la presunta persecución de jueces y fiscales por medio de escuchas ilegales, por ejemplo.

Novaro relaciona con ello la intempestiva salida del espía más emblemático de Argentina: Antonio Stiusso, quien se habría exiliado en Uruguay días antes de que el fiscal Nisman anunciara la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA. Stiusso, alias “Jaime” “tiene en su poder los misterios más oscuros de la Argentina de los últimos 40 años”, dice el diario El Mundo, de España. Según el mismo analista del Instituto de Investigaciones Gino Germani, “no es que los servicios secretos estén fuera de control, sino que estos están controlados por el Gobierno”.

La “guerra con la Justicia continúa”

Por su parte, la misma presidenta de Argentina insistió recientemente ante la Asamblea Legislativa en que “la guerra con la Justicia continúa” e insistió en que “hay un partido judicial que viola la ley y la Constitución”, refiriéndose a la Corte Suprema, “que no para de encontrar e investigar casos de corrupción”, como apunta Novaro.

Así las cosas, algunos prevén una escalada del enfrentamiento del Gobierno con la Justicia. Una situación que parece empeorarse con el acercamiento de las elecciones presidenciales, el próximo 25 de octubre.

Volviendo al caso de Nisman, según el profesor Novaro, “quedó evidente que no es la sociedad argentina la que está polarizada, sino algunos críticos y oficialistas, toda vez que nadie ha impulsado una protesta social para que se vaya prematuramente del poder, a pesar de que Cristina de Kirchner haya difundido la conocida leyenda chavista de la conspiración”, en este caso, supuestamente urdida por jueces y fiscales del círculo de Nisman.

Asesinato en un ambiente enrarecido

Es más, concluye Novaro, “la replicación del discurso del venezolano Maduro de que los servicios secretos de Estados Unidos e Israel están buscando derrocarla le ha quitado más credibilidad entre la población, que observa cómo los esfuerzos del Gobierno son cada vez mayores por ocultar algo”.

Esto, empero, “no significa, para nada, que la presidenta argentina esté involucrada en la muerte de Nisman”, advierte Marcos Novaro, y exclama “¡A lo mejor ni lo sabe!”, pero, su situación podría compararse con la de Putin y el reciente asesinato del opositor Boris Nemtsov, “porque cuando en una democracia amenazada se genera un ambiente de odio, puede suceder que un fanático llegue a extremos”.

De nuevo, Aníbal Fernández, jefe del Gabinete de Cristina viuda de Kirchner aseguró que "la intención del Gobierno es encontrar la verdad jurídica objetiva". A propósito, el Gobierno argentino publicó este mismo 6 de marzo, a página completa, en el New York Times un comunicado titulado "Compromiso, verdad y justicia" que resume el fallo que desestimó la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández sobre las acusaciones vertidas por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Firmado por el gabinete presidencial y con los colores de la bandera nacional, el texto aparece como contenido publicitario y anunciado como "aviso legal".