La constructora pagó cerca de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno e intermediarios para obtener contratos en Venezuela desde 2001, según la primera causa sobre el caso abierta en el país.
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La Fiscalía General de Venezuela citó este miércoles (12.07.2017) a la esposa y a la suegra del exministro y actual diputado oficialista Haiman El Troudi para imputarlas en el marco de la causa de corrupción de la constructora Odebrecht, en lo que representa la primera acción judicial vinculada con el caso en el país. Según investigaciones previas, las imputadas depositaron el dinero proveniente del pago de presuntos sobornos en cuentas en el exterior del país a nombre de familiares. En Venezuela Odebrecht intervino en más de diez obras, la mayoría de las cuales quedaron paralizadas en diversos puntos de su desarrollo.
Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija, María Eugenia Baptista Zacarías, esposa de El Troudi, fueron convocadas por la Fiscalía para el 27 de julio próximo para ser imputadas formalmente. El Troudi fue ministro de Transporte y Obras Públicas (2014-2015) del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Baptista fue funcionaria mientras El Troudi era titular de ese despacho. Actualmente es diputado, pero con la decisión de la bancada oficialista de retirarse de la Asamblea Nacional desapareció de la vida pública.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien libra una pelea con el Gobierno de Maduro, había revelado el martes que tenía identificados a varios funcionarios y ex funcionarios por el caso Odebrecht y que serían citados para imputarlos por cargos de corrupción. "Este proceso responde a una investigación adelantada por el Ministerio Público en cuanto a diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de la mencionada constructora brasileña", señaló la fiscalía en una declaración.
Ortega también denunció que al fiscal Zair Mondaray, jefe de la dirección de Actuación Procesal, le anularon su pasaporte cuando iba a viajar a Argentina para una reunión de fiscales. Ortega dijo que rechazaba la medida, que se suma a una serie de recientes decisiones del TSJ para anular decisiones del Ministerio Púbico.
El TSJ limita capacidad de acción de la Fiscalía
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció hoy mismo que el Ministerio Público sólo podrá realizar imputaciones ante jueces de control con el fin de evitar que se vulneren derechos constitucionales que conlleven a una "lesión jurídica irreparable". La Sala acordó que "toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, solo obtendrá la condición de imputado una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público con las garantías de defensa, en la sede jurisdiccional, de los hechos de los cuales se les atribuye la participación o autoría".
El Supremo aseguró que la decisión se toma "en resguardo de la independencia de la actuación de los jueces que integran el sistema de justicia penal, así como los derechos de las víctimas en dichos procesos". La sentencia surge en el marco de varias citaciones, en calidad de imputados, que ha hecho la Fiscalía a algunos funcionarios del Gobierno o personas afines a este, como el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ambos citados por presunta violación a derechos humanos; entre otros funcionarios.
LGC (dpa/EFE)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
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La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
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El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
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Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
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Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
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Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
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Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
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Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
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Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".
