Tras una pausa de más de un año, y pese a las presiones políticas, el juez Tarek Bitar decidió el lunes reanudar su investigación sobre la explosión, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos y destruyó parte de la capital en 2020. Ayer dejó en libertad a cinco de los acusados. E inculpó este martes (24.01.2023) a un fiscal general y a otros tres jueces por "homicidio", toda una novedad en la historia del Líbano, indicó a AFP un responsable judicial.

El juez decidió inculpar a ocho nuevas personas, entre ellas el fiscal general ante la Corte de Casación, Ghassan Oueidate, y tres jueces, acusados de "homicidio, incendio criminal y sabotaje", indicó la fuente judicial. En respuesta a esta inculpación, la Fiscalía libanesa rechazó este martes todas las decisiones del juez Bitar y le dijo que no puede continuar con su trabajo de investigación.

"Confirmamos que tus manos están atadas por la ley y que no se ha tomado ninguna decisión de aceptar o rechazar tu respuesta, o de transferir o no transferir el caso (a otro investigador judicial)", dijo el fiscal general del Tribunal de Casación, Ghassan Oueidat, en una notificación a la que ha tenido acceso Efe.

La cadena de televisión libanesa Al Jadeed publicó hoy una lista de las personas que Bitar habría llamado a declarar en los próximos días como parte de su última decisión y entre ellas figura el propio Oueidat, además del ex primer ministro Hassan Diab o el director general de la Seguridad del Estado, Tony Saliba. También aparecen otras figuras de alto nivel como el jefe de la Dirección de Seguridad General, Abbas Ibrahim, y el exministro Ghazi Zaiter.

Varias de las personas incluidas en la lista publicada por Al Jadeed ya habían sido convocadas para interrogatorios en el pasado y nunca acudieron a declarar, pese a que algunas de ellas fueron imputadas por el predecesor de Bitar, apartado del caso a petición de algunos de los propios sospechosos.

La enorme explosión del 4 de agosto de 2020 fue provocada por el almacenamiento sin precauciones de cientos de toneladas de nitrato de amonio en un almacén del puerto de Beirut y provocó la renuncia del gobierno cinco días después. Según el responsable judicial, el fiscal general Oueidate supervisó en 2019 una investigación de los servicios de seguridad sobre unas fisuras en el almacén donde se encontraba el nitrato de amonio.

El lunes se habían filtrado los nombres de dos altos responsables, que el juez Bitar ha inculpado: el director de Seguridad General, Abbas Ibrahim, considerado como allegado al poderoso movimiento chiita Hezbolá, y el jefe de la Seguridad del Estado, Tony Saliba, cercano al ex presidente Michel Aoun. En total, 13 personas están inculpadas, incluidos cinco responsables que el juez Bitar incriminó previamente, entre ellos el ex primer ministro Hassan Diab.

Buena parte de la población libanesa atribuye la explosión a la negligencia y la corrupción de la clase política, acusada también por las familias de las víctimas de torpedear la investigación para evitar inculpaciones ante la justicia. En los últimos meses, las autoridades libanesas quisieron neutralizar al juez Bitar tratando de nombrar en su lugar a otro juez afín. Al mismo tiempo varios responsables políticos que debían ser interrogados en el marco de la instrucción se querellaron contra él.

El juez Bitar también se vio confrontado a una campaña en su contra del movimiento Hezbolá, que domina la vida política libanesa. El diario Al Akhbar, cercano a Hezbolá, tituló este martes que el juez "se ha vuelto loco", y acusó a Bitar de actuar "en base a órdenes de Estados Unidos y con apoyo judicial europeo". Bitar se reunió la semana pasada con dos jueces franceses, que viajaron a Beirut en el marco de una investigación abierta en Francia, ya que entre las víctimas había ciudadanos de este país.

lgc (afp/efe/ap)