El llanto, la frustración y la desesperanza se pasean a diario en las afueras de El Chipote. Muchos de los encarcelados allí fueron detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega, y están los que fueron llevados simplemente por ser jóvenes.

Aquí las historias son tan semejantes que lo único que cambia son los nombres de las víctimas. La mayoría jóvenes y varones, sacados a la fuerza de sus casas por paramilitares, encapuchados y fuertemente armados. A todos les robaron su dinero y teléfonos; todos han sido vapuleados y subidos a camionetas sin matrícula.

Yuri Gabriela González, ama de casa de 31 años, lleva dos días exigiendo la libertad de su hijo menor de edad, detenido junto con dos amigos en su casa en Diriamba, al sur de la capital. Otros cuatro familiares fueron apresados ilegalmente.

Aferrada a una foto de su muchacho de 16 años, propone un trueque desesperado: que le entreguen al chico y entrar ella a prisión. "Quiero a mi hijo vivo y no me voy hasta que me lo den”, clama con angustia.

Pero en los portones de El Chipote, nadie la escucha. Dos mujeres policías ni siquiera vuelven la mirada hacia un juez ejecutor que llega con una orden de libertad.

Prisión con historia

La indolencia enciende los ánimos de los activistas de derechos humanos que asesoran a los familiares de los presos delante del portón de entrada de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, pero que todos la llaman El Chipote, porque así lo bautizaron Daniel Ortega y los demás comandantes de la revolución hace años, en homenaje a la montaña donde el patriota Augusto Sandino tuvo su cuartel general en 1927.

Es la misma prisión en la que estuvo el propio Ortega, en 1968, recluido por órdenes del dictador Anastasio Somoza, al que 11 años después derrocaría junto a las guerrillas del Frente Sandinista.

Hoy, Braulio Abarca, joven abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH, independiente), sube el tono de voz para que lo escuchen las dos agentes que prefieren ocultarse del otro lado de las rejas.

Cada caso es un drama que entristece a Abarca, pero él prefiere fingir dureza: "No podemos ponernos a llorar frente a los familiares de los detenidos, pues ellos tienen puestas sus esperanzas en nuestro trabajo", argumenta.

Igual entereza muestra Carla Sequeira, directora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), también no gubernamental, dedicada a atender las denuncias sobre los detenidos en El Chipote, pese a que su esposo -otro activista humanitario- también está preso.

El Gobierno "está creando delitos" para inculpar a inocentes por la muerte de más de 300 personas desde que inició la crisis el pasado 18 de abril. "A alguien tienen que culpar y no será a ellos mismos", razona.

"Todos han sido detenidos por asistir a una marcha, por ir a un 'tranque', por llevar comida a los estudiantes en una barricada o por tomarse una foto con la bandera de Nicaragua y subirla a Facebook", comenta Sequeira.

Bajo los toldos que protegen del sol y la lluvia a quienes aguardan en El Chipote, un grupo se hace cargo de distribuir alimentos y meriendas todo el día. Son los mismos familiares de los detenidos y otros voluntarios que se han organizado para ayudar y prefieren cubrir sus rostros y su identidad por temor a represalias.

Entre ellos, una mujer madura distribuye apurada el almuerzo caliente y las bebidas para los que esperan por noticias de "sus presos". Asegura que esta semana se vive "la mayor crisis en El Chipote” desde el 18 de abril, porque hay más detenidos que nunca: 92 llegados de todo el país.

Migdalia López y su hija, Ivania Cruz, están demasiado tristes para almorzar. Ambas buscan con desesperación a varios hermanos y amigos. Saben de algunos que están presos, pero otros siguen desaparecidos desde el último domingo, cuando la ciudad de Diriamba, al sur de Managua, fue atacada por paramilitares y policías.

La madre llora desesperada por miedo a que torturen y violen a su hijo Richard, de 29 años, que se hace llamar "Kishia Kristelia”. Migdalia explica que el joven "es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre”.

Auxiliadora Díaz es otra madre angustiada. Busca a Bismarck Arias, de 37 años, que desapareció el domingo en Jinotepe (sur) cuando el asalto armado a la ciudad lo sorprendió abriendo su tienda en el mercado. Una vecina vio a los policías atrapándolo en medio de una balacera.

"Lo buscamos en la policía y no aparece en las listas. Ni siquiera nos dejan reportarlo como desaparecido”, dice Auxiliadora, quien rompe en llanto al narrar que los oficiales la mandan a buscarlo "en la morgue o en los montes", donde a diario aparece algún cuerpo.

Johnny Cajina desde Managua (dpa, especial para DW)