“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas, en consecuencia, a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Así reza la décimocuarta enmienda de la Constitución de ese país, cuyo contenido comenzó a ser discutido al final de la Guerra Civil (1861-1865) y fue aprobado definitivamente en 1868. Definitivamente es un decir: toda Carta Magna es susceptible de ser reescrita y toda república, de ser refundada. Está por verse si el gigante norteamericano es la excepción.

Este martes (30.10.2018), el 45º ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, propuso anular la enmienda en cuestión para impedir que todo infante nacido en Estados Unidos obtenga automáticamente su ciudadanía. Algunos desestiman la seriedad de su planteamiento, alegando que es una oferta incumplible hecha al calor de la campaña en torno a las elecciones de mitad de mandato (6.11.2018); después de todo, la Constitución sólo puede ser modificada por una amplia mayoría en los foros legislativos federales o estatales, según su artículo 5. 

Otros temen que esta nueva iniciativa de Trump sea el preámbulo de una política antiinmigración aún más dura que la implementada hasta ahora por su Ejecutivo. “Sin el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el número de residentes ilegales en Estados Unidos aumentaría dramáticamente y a todos ellos se les diría que no son estadounidenses”, comentaba al respecto David Bier, especialista en política migratoria del Instituto Cato, tachando de “contraproducente” el plan de Trump.

Propaganda antilatinoamericana

Javier Corrales, profesor de Ciencia Política en el Amherst College de Massachusetts, no duda que así sea, pero, a sus ojos, las secuelas de una eventual revocación de la décimocuarta enmienda serían ante todo simbólicas porque, en la práctica, la mayoría de quienes emigran irregularmente desde el sur del Río Bravo hacia Estados Unidos saben que tener un hijo en ese país no les va a hacer la vida más fácil. “Muy pocos de ellos llegan a Estados Unidos creyendo que tener un ‘anchor baby’ –un ‘bebé ancla’– los protegerá de ser repatriados”, dice.

“La motivación de quienes emigran a Estados Unidos es conseguir trabajo remunerado en dólares para mejorar su calidad de vida. También abundan las personas que huyen de la violencia política y criminal prevalentes en sus países de origen, y que llegan a Estados Unidos –muchas de ellas ya con hijos– dispuestas de antemano a vivir en la clandestinidad porque, a pesar de todo, allí tienen mayor seguridad. Por eso insisto en que, como efecto disuasivo, la supresión de la enmienda no funcionaría como Trump se lo imagina”, acota Corrales.

El politólogo de Amherst sostiene que la actual militarización de la frontera mexicano-estadounidense –hay 5.200 soldados y 2.100 miembros de la Guardia Nacional apostados en la zona– y el acoso al que está siendo sometido el sector privado estadounidense son mecanismos más efectivos para alcanzar los objetivos del “hombre fuerte” de Washington. “El Gobierno está presionando a sus propios ciudadanos para que no contraten informalmente a personas indocumentadas, pese a la alta demanda de mano de obra”, señala.

Secuelas tangibles a la vista

Para Christoph Rass, del Instituto para la Investigación de la Migración y los Estudios Interculturales (IMIS), adscrito a la Universidad de Osnabrück, una arremetida exitosa contra la décimocuarta enmienda de la Constitución podría crear problemas tangibles, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica; sobre todo en México y los países centroamericanos, que, como subraya Corrales, son vistos por Trump y sus simpatizantes “como el punto de partida de la inmigración más nociva para la sociedad estadounidense”.

“Estados Unidos comienza a despedirse de la percepción que tenía de sí mismo como sociedad de inmigrantes. Ahora busca restringir el acceso a la ciudadanía de quienes nacen en su territorio y mañana podría restringir el acceso la naturalización. Esto tendría implicaciones serias porque esos son dos de los principales mecanismos que propician la integración social y el disfrute de derechos civiles, como el derecho de residencia y la seguridad que se deriva de ese derecho”, explica el historiador del IMIS.

A su juicio, si Trump cumple la palabra empeñada este 30 de octubre, los latinoamericanos que emigran irregularmente hacia Estados Unidos perderán una posibilidad de ofrecerle a sus hijos un futuro mejor que el que ellos tuvieron. “¿Por qué? Porque el riesgo de la repatriación sería legado de generación en generación”, apunta Rass. El experto enfatiza que la de Trump es una moción equivocada y que el fin último debería ser que también los inmigrantes irregulares puedan optar por permisos de residencia estable y por la naturalización.

Traumático legado

“Controles fronterizos más severos no conseguirán que menos migrantes entren irregularmente a Estados Unidos, sino que esa gente pague un precio más alto para entrar. Si se aplica una política migratoria aún más severa que la vigente, se agravará el círculo vicioso que ya está en marcha, con gente viviendo bajo un régimen de irregularidad institucionalizada y expuesta a la explotación constante; quienes logren cruzar irregularmente la frontera les heredarán a sus hijos nacidos en Estados Unidos el peligro de ser deportados”, augura.

Lo mismo le dijo a DW la politóloga Karen Alter, de la Universidad del Noroeste (Evanston, Illinois): “El verdadero problema es que en América Latina hay Gobiernos cayéndose a pedazos como los vagones de un tren que se descarrila; es esa situación la que genera los flujos migratorios”. Rass tiene una visión similar y explica que una repatriación masiva hacia países latinoamericanos, facilitada por la abolición de la décimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, sólo alentaría a más de sus habitantes a emigrar hacia el norte.   

“Tomemos a Ecuador como ejemplo: muchas personas nacidas allí están viviendo en Estados Unidos y las remesas que ellas les envían a sus familias se han convertido en un factor vital para la economía ecuatoriana. Entre Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas existen relaciones migratorias muy añejas y fuertes que se verían golpeadas brutalmente por un endurecimiento de las políticas migratorias como el que Trump tiene en mente”, alerta el historiador del Instituto para la Investigación de la Migración y los Estudios Interculturales (IMIS).

Seres humanos y cifras

Remitiéndose a datos proveídos por el Gobierno federal, el think tank washingtoniano Centro de Investigaciones Pew calculó que unos 295.000 infantes fueron traídos al mundo en Estados Unidos en 2013 por parejas integradas por al menos un inmigrante irregular. Esa cifra ascendía a 370.000 en 2007 y a 355.000 en 2008. El número de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos aumentó notablemente entre 1980 y el primer lustro del siglo XXI; desde entonces, su cantidad ha disminuido progresivamente.

En 2012, 4,5 millones de menores de edad nacidos en Estados Unidos vivían en el país con padres que habían inmigrado irregularmente; el Centro de Investigaciones Pew destaca que ese conteo no incluía a los menores de edad nacidos en Estados Unidos que no vivían con sus padres. Rass recomienda, eso sí, tomar estas estimaciones con cautela: “Estas estadísticas afloran en Estados Unidos desde el siglo pasado cada vez que el Gobierno cree necesario expulsar a inmigrantes latinoamericanos de sus linderos”, esgrime el historiador.

“Recordemos que la manera en que una sociedad percibe a los inmigrantes influye sobre la manera en que los cuenta. Eso ha aplicado para los hijos de latinoamericanos y también para los hijos de asiáticos, a quienes por mucho tiempo se les privó de los derechos que les correspondían por haber nacido en Estados Unidos”, arguye Rass.

*Este artículo fue actualizado el 1 de noviembre de 2018 para incluir los cálculos demográficos del Centro de Investigaciones Pew (Washington) y las observaciones del Dr. Christoph Rass (Osnabrück) sobre la instrumentalización política de la que suelen ser objeto las estadísticas en el ámbito aludido.

(ERS)

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