"Según informes de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y de peritos forenses, más de 50 de las 70 muertes en las protestas en Perú fueron (personas) ajusticiadas, ilegalmente", dijo a DW Hernando Cevallos, exministro de Salud de Perú. En la Eurocámara, en el marco de la conferencia "Respuestas autoritarias a nuevas formas de protesta", en la que se abordó especialmente las protestas en América Latina, el político peruano contextualizó las últimas manifestaciones en su país. 

Represión es más que un disparo

"Ejercer la represión a la protesta social no es solamente el disparo letal o el gas lacrimógeno. Es manejar al Ministerio Público para que no actúe sobre los que reprimieron sino sobre activistas sociales y sobre la gente que protesta; es 'terruquearlos'", apuntó Cevallos, usando el término peruano para acusar a alguien de terrorista. "El Tribunal Constitucional ha llegado al colmo de sacar una sentencia donde ilegaliza la protesta ciudadana", añadió. 

En el estudio "Criminalización de la protesta: patrones, actores e instrumentos" elaborado por la organización Paz con Dignidad y por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se detectan patrones de la represión de la protesta social, que se repiten tanto en Perú, como en Colombia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Brasil, Guatemala, México o Chile. En la investigación, no faltan ejemplos europeos.  

Antes de la violencia letal, la represión de la protesta social pasa, primero, por la estigmatización (poniendo el sello de enemigos públicos a quienes protestan), la asociación con labores de inteligencia o la judicialización (aplicando desde multas hasta procesos penales).

El último estadio de violencia letal está precedido por abusos y desapariciones. De un montaje estructural y sistémico contra el derecho a la protesta social hablaba en la conferencia en la Eurocámara Erika González, coautora del informe. 

Un derecho que suma muchos derechos

¿Existe formalmente el derecho a la protesta pacífica? Sí, existe, afirma Amnistía Internacional. En una campaña global por las amenazas que se ciernen sobre este derecho, la organización internacional recuerda que las personas que acuden a una manifestación están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, al de asociación y al de reunión.

Todos estos son derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

No obstante, a pesar de que los Estados han suscrito esos convenios internacionales, el estudio de OMAL abunda en ejemplos de cada uno de los patrones para reprimir la protesta social en América Latina. El asesinato de Samir Flores y la militarización en el caso del Tren Maya, en México. Las reformas de códigos penales para neutralizar a líderes sociales, en Colombia. Las agresiones en las movilizaciones en Chile. La detención ilegal a los defensores del río Guapinol, en Honduras. El pleito estratégico contra la participación pública (SLAPP), en el caso de las comunidades afectadas por Chevron en Ecuador. Las barreras al reconocimiento y la financiación, como en el cierre de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Ante esta situación, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villareal, recuerda a los Estados que "el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino uno de los más importantes fundamentos de la estructura democrática".  

¿Es delito protestar?

No obstante, la Corte Suprema de Perú acaba de fallar que la protesta social es un delito. "Pero, en realidad, al Gobierno peruano ni siquiera le interesa hacer reformas legales o constitucionales para ilegalizar la protesta. En la práctica, está ilegalizada. Las leyes no interesan", comenta Cevallos a DW.  

Según el estudio de OMAL, la tendencia en América Latina es a fortalecer el derecho penal del enemigo a través de la estigmatización y la judicialización, que van acompañadas de la alarma mediática por la alteración de "la normalidad" por parte de "terroristas", "radicales", "antisistema" y "antidesarrollo". "Se extiende y generaliza una lógica securitaria para abordar cuestiones políticas y sociales", se afirma en el informe. 

Basado en la experiencia que recogió como médico por todo el Perú, durante la campaña de vacunación contra la COVID-19, el exministro Cevallos insiste en poner en contexto las protestas que estremecen a su país desde diciembre de 2022: la exclusión de amplias regiones, la falta de trabajo, educación y salud, son una manera sistemática y de larga data de violentar derechos humanos, asegura. Y alude así a demandas históricas, que mueven también a protestar en otras latitudes. 

Es por eso que "esas regiones excluidas votaron por un cambio y sienten que les han robado la esperanza", concluye el médico y exministro peruano: "¿Cómo no van a tener sentimientos contra el centralismo? ¿Cómo se van a sentir parte de un todo cuando son una isla excluida de todo derecho? ¿Cómo no van a tener derecho a protestar?". 

(rml)