Violación de derechos humanos, represión de opositores. Los motivos que dan pie a la aplicación de sanciones internacionales contra regímenes como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua están claramente documentados. Polémica levanta en cambio el efecto de dichas medidas sobre la población. Y la eficacia de ese instrumento sigue en discusión.

"En general, las experiencias internacionales de sanciones muestran que no son efectivas ni para el cambio de régimen, ni para el cambio de políticas”, indica Pavel Vidal, profesor cubano de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. "Más que todo, los gobiernos las aplican como respuesta a una situación política internacional particular, para que no parezca que se han quedado con los brazos cruzados”, opina, en conversación con DW.

Venezuela: herramientas para negociar

En Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro acaba de ser juramentado nuevamente como presidente. El mismo día de la investidura, la Unión Europea amplió sus sanciones contra figuras del régimen, engrosando la lista, que ya tenía más de 60 nombres. Agregó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y otros catorce altos funcionarios.

Estados Unidos había sancionado, hasta el mes de noviembre, a 180 funcionarios o exfuncionarios, y el Departamento de Estado había tomado medidas para imponer restricciones de visado a unas 2.000 personas.

Ya en 2017, Washington impuso sanciones sectoriales contra Venezuela, básicamente centradas en el sector financiero. Dos años más tarde, aplicó formalmente sanciones contra la compañía estatal petrolera PDVSA. La "Licencia 44”, de octubre de 2023, permitió transitoriamente a varias empresas petroleras hacer negocios con Venezuela, y a PDVSA vender petróleo a Estados Unidos, pero expiró y no fue renovada. En cambio, permanece en vigor la "Licencia 41” que permite a Chevron operar con Venezuela.

"En el caso de Venezuela, las sanciones han estado más focalizadas que en Cuba”, indica Pavel Vidal, quien está realizando una investigación sobre el impacto que han tenido estas. En las cifras que ha recabado "se ve, por ejemplo, cómo Venezuela logró recomponer su comercio internacional”, y, en lugar de Estados Unidos, ganaron peso otros países, como China y Brasil.

Pero eso no implica que no hayan tenido sentido, subraya desde Estados Unidos César Báez, analista político venezolano de la firma Politiks. A su juicio, "en el caso de Venezuela, lo relevante es que las sanciones han podido ir de la mano con una estrategia política interna”.

Pone un ejemplo: "Cuando se firma el acuerdo de Barbados y se levantan algunas de las sanciones, la oposición de Venezuela tuvo una herramienta para conseguir cierto poder de negociación y propiciar por lo menos el ambiente para la realización de la elección primaria”. Aunque finalmente el acuerdo no se cumpliera, considera que "ha sido efectiva la coordinación entre gobiernos extranjeros y la oposición que está articulada dentro del país”. 

Cuba: décadas de embargo infructuoso

Báez advierte que eso no se aplica al caso cubano. "Después de más de 60 años de sanciones de todo tipo, de embargo económico, el régimen de los Castro sigue en el poder en Cuba”.

El embargo contra Cuba fue aplicado ya en 1960, llegó a ser prácticamente total durante la Crisis de los Misiles y luego pasó por etapas de diversa intensidad hasta que se produjo un nuevo endurecimiento con Donald Trump. Joe Biden había permitido el envío de remesas a la isla, pero no efectuó grandes cambios, hasta que se anunció este martes (14.01.25) el retiro de Cuba de la lista de países que propician el terrorismo y otras medidas, que bien podrían ser revocadas por el próximo gobierno.

A pesar de las sanciones, "hay determinados productos que sí se pueden importar de Estados Unidos, sobre todo alimentos. También están las remesas y los viajes, sobre todo de cubanos americanos”, explica Pavel Vidal.

Piensa que, en estas materias, Trump podría volver a apretar las clavijas. Pero advierte de un impacto "más severo y muy desproporcionado” sobre las familias y el sector privado. "En los estudios se ve cómo una escalada de las sanciones afecta principalmente a indicadores conectados con la economía de las familias, como el consumo, y menos a los indicadores del gobierno, el gasto público, la inversión”, afirma.

La razón es sencilla: "Las remesas tienen un efecto muy directo en las familias, que no tienen oportunidad de diversificación”. El académico cubano agrega que "las sanciones tienen impacto en el crecimiento económico de un país, en inversión, en el volumen de comercio, pero los gobiernos logran amortiguar estos impactos a partir de la diversificación de su comercio internacional”.

Acota, eso sí, que las posibilidades de La Habana son limitadas. "Sus aliados políticos hacen donaciones y dan algunos alivios financieros, pero no les recomiendan a sus empresas invertir en Cuba y no se aventuran a darle créditos, porque saben que el Estado cubano está quebrado. La economía cubana está en una crisis muy profunda y el gobierno ha perdido toda su credibilidad financiera. Eso lo hace mucho más vulnerable ante un escalamiento de sanciones”.

Nicaragua: mero instrumento punitivo

La UE prolongó por un año más medidas como la congelación de bienes en territorio europeo de responsables del Gobierno nicaragüense, así como de personas y entidades vinculadas a este. Actualmente, las sanciones afectan a 21 personas y tres instituciones: la Policía Nacional nicaragüense, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

Estados Unidos también ha aplicado sanciones contra altas figuras del régimen de Daniel Ortega, y ha emitido más de mil restricciones de visados en los últimos años. Además, en mayo de 2024, sancionó a dos empresas que operan en la extracción de oro, la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua.

Con todo, se trata de medidas más limitadas que las impuestas a Venezuela o Cuba. César Báez lo atribuye a que Nicaragua nunca tuvo la misma cercanía a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, hace notar que "en casos como el de Nicaragua y Cuba, por lo avanzado que se encuentra el autoritarismo, por la represión, no hay una oposición política que pudiera aprovechar las sanciones y se quedan en un mero concepto de instrumento punitivo”.

(cp)