Una petrolera derrama crudo en la Amazonía: entorno y pobladores sufren daños y pérdidas. Una minera seca las fuentes de agua en los Andes: campos, animales y poblaciones enteras desaparecen. De existir la figura legal del "ecocidio”, los responsables podrían ser juzgados penalmente.

"No es un sueño, es imprescindible reforzar la capacidad de la Corte Penal Internacional para perseguir a las grandes empresas por daños medioambientales y para que asuman responsabilidad penal y el resarcimiento de las víctimas”, explica a DW Saskia Bricmont, eurodiputada belga del bloque ecologista. En abril, la Eurocámara votará un informe pidiendo al ejecutivo de Bruselas que incluya esta figura en su legislación. Y que, luego, la promueva a nivel internacional.

Ecocidas al banquillo

La campaña internacional "Stop Ecocidio" va de la mano con una plataforma de parlamentarios de todo el mundo que, enfrentados a la destrucción de ecosistemas y a la extinción de la biodiversidad, ven imperativo criminalizar a los responsables. De llegar a la legislación internacional, se añadiría a delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra.

"Estamos en medio de una pandemia originada por una zoonosis que surge del mal manejo del planeta y la biodiversidad. Si los causantes de esto supieran que serán hechos responsables penalmente, con seguridad lo prevendrían. El actual sistema de una multa administrativa no restituye el medio ambiente ni la vida de la gente”, subraya Bricmont, cuyo país, Bélgica, ha sido el primero en plantear la cuestión ante la Corte Penal Internacional (diciembre 2020). 

Aunque la búsqueda de tipificar este crimen lleva más de dos decenios, la crisis climática y la actual crisis sanitaria global ha allanado el camino. Pero aún falta mucho hasta que el primer responsable sea sentado al banquillo.

¿Cuáles son los crímenes medioambientales?

"Es muy importante insistir en una mejor persecución de los crímenes medioambientales”, sigue Bricmont. Por lo pronto, en la UE se persigue el tráfico de especies protegidas, el de desechos, el vertido de sustancias tóxicas al aire, el suelo y el agua.

"Es una directiva útil, pero, por un lado, necesita ser implementada de verdad en todos los Estados miembros y, por otro, debe ser revisada”, apunta.

En cuanto a atajar el tráfico con especies protegidas -según estimaciones de Interpol el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo-, a la par de mayor capacitación para los aduaneros y la aplicación de la ley penal para los infractores, Bricmont  ve necesaria la elaboración de un libro blanco de especies permitidas. "Incluir a todas las especies amenazadas en este momento de crisis llevaría un tiempo del que no disponemos”, resalta.

Cabe recordar que en América Latina -que alberga el 40% de la biodiversidad del planeta- se ha perdido, según datos del World Wide Fund (2018), desde los años 1970 un 83% de vida silvestre y un 20% del Amazonas.

"Estamos hablando de un bien común global”, sigue Bricmont, que prepara un informe sobre la biodiversidad y el papel de la UE en su conservación.

Complementariamente a exigir a sus empresas el respeto a derechos laborales, sociales y medioambientales, tanto en territorio europeo como en terceros países, Bricmont ve insoslayable que desde Bruselas se de impulso internacional a tipificar este crimen contra el planeta, sus habitantes y la biodiversidad.