Defensores de derechos humanos denunciaron hoy (23.08.2016) que el estado mexicano de Morelos cometió graves irregularidades en los casos de 117 personas cuyos cadáveres fueron enterrados en una fosa común en el poblado de Tetelcingo. En conferencia de prensa, el coordinador del programa de atención a víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos, Roberto Villanueva, dijo en la capital mexicana que a las víctimas "se les negó el acceso a la justicia, verdad y reparación integral", puesto que se ocultaron los restos de estas personas "a cuyos familiares ni se les buscó ni se les notificó de lo ocurrido".

En junio concluyó la exhumación de cuerpos en la fosa común, ubicada en un panteón de Tetelcingo, de la cual se extrajeron restos de adultos, niños y un feto. La fosa fue utilizada durante más de 10 años por las autoridades de Morelos sin cumplir los protocolos necesarios. "Al enterrarlas en fosas, el Gobierno de Morelos desaparecía personas que estaban siendo buscadas", dijo Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Junto a otros defensores y activistas de derechos humanos, presentaron el informe "Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares".

El informe señala que, basado en la información y documentación de la fiscalía, entre los cuerpos exhumados en Tetelcingo, varios tenían evidencias de tortura y maltratos: 17 estaban incompletos y dos presentaban múltiples fracturas. Asimismo, indica que sólo ocho de los 117 cadáveres contenía alguna identificación oficial. Este caso "revela los métodos con los que el Estado lidia con los muertos, en fosas ocultas que ensombrecen expresiones de la violencia", y "la existencia de una modalidad de desaparición", afirmó Villanueva.

La fosa fue descubierta por los esfuerzos de la madre de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven que había sido secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue llevado a la morgue, pero la fiscalía, en lugar de entregarlo, lo mandó a la fosa común sin avisar a la familia. Entonces, explicó la madre durante la presentación del informe, "exigimos la devolución de Oliver (y) fue cuando nos dimos cuenta que no sólo era él, sino que había varios cuerpos más" en el mismo lugar. Los cuerpos fueron exhumados en mayo pasado con la participación de la UAEM, familiares de víctimas de personas desaparecidas, organizaciones civiles y autoridades estatales y federales.

En declaraciones a una emisora local, el gobernador Graco Ramírez calificó de "indignante" lo ocurrido en esas fosas y responsabilizó al anterior fiscal de Morales, Rodrigo Dorantes, quien renunció a ese cargo en julio de 2015. Al término de la conferencia, el grupo entregó a las autoridades federales 135 perfiles genéticos de familiares de desaparecidos en Morelos y los 117 de los cadáveres exhumados, a fin de que sean ingresados a la base de datos de personas desaparecidas.

LGC (dpa / EFE)