La Fiscalía General de Veracruz llevaba un mes inspeccionando una fosa oculta de aproximadamente trescientos metros cuando decidió hacer público el hallazgo de 166 cráneos en ese estado mexicano este jueves (6.9.2018). Jorge Winckler, titular de esa institución, notificó que la División Científica de la Policía Federal había sido contactada para que determinara la identidad de las personas cuyos restos habían sido enterrados en el lugar, descrito como el “cementerio secreto” más grande de Veracruz después del de Colinas de Santa Fe, que fue descubierto dos años antes por miembros de la asociación civil Colectivo Solecito.

Veracruz es una de las comarcas más golpeadas por la violencia en México. Con 295 cadáveres, la de Colinas de Santa Fe es la sepultura clandestina de mayor tamaño en toda América Latina. Y el Colectivo Solecito, fundado en 2014, es la más prominente de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas; su labor está por ser reconocida dentro de poco en la Universidad de Notre Dame, con sede en Indiana, Estados Unidos. De ahí que sus severas críticas a las autoridades de Veracruz no pasen inadvertidas. “No nos da confianza el trabajo de la Fiscalía”, comentó Ángeles Díaz Henao, en entrevista con la agencia EFE.

Sus funcionarios “son chapuceros; no son eficientes”, añadió la fundadora y presidenta del Colectivo Solecito. “Estamos hablando de una Fiscalía enana, de una Fiscalía de charlatanes”, agregó antes de enumerar los argumentos en su contra: desde la falta de tacto con que dio a conocer el hallazgo de la osamenta, las prendas de vestir, los documentos de identificación y otros objetos personales de 166 personas, sin comunicarse previamente con los seres queridos de los desaparecidos ni considerar su estado anímico, hasta la impericia con que supuestamente fueron manipulados los restos. “Hicieron un trabajo atropellado”, enfatizó Díaz Henao.

La presidenta del colectivo subrayó que la exhumación de seis cuerpos con rigor antropológico no tardaba menos de cinco días, por lo cual era impensable que la fiscalía veracruzana hubiera extraído 166 de la cripta ilegal correctamente en un mes. “Ahora el tema crítico son las identificaciones”, acotó, explicando que éstas deben hacerse durante el proceso de excavación. A sus ojos, esa es la razón por la cual sólo se ha identificado a 15 de las 295 personas cuyos cadáveres fueron hallados en Colinas de Santa Fe en 2016. “Ellos tenían que habernos informado”, protestó, por su parte, Lucía de los Ángeles, al ser interpelada por la agencia dpa.

Colectivo Solecito: “Fiscalía de charlatanes”

De los Ángeles, portavoz del Colectivo Solecito, arguyó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas –promulgada el 17 de noviembre de 2017– contempla la participación de los familiares de las víctimas en las pesquisas. Aunque la fiscalía de Veracruz aseguró que les haría llegar la documentación fotográfica de las excavaciones a los dolientes de los desaparecidos –en todo México son más de 37.000, atribuidos a la “guerra” del Estado contra el narcotráfico, iniciada en 2006–, ésta no ha revelado la ubicación de la fosa encubierta.

Consultados por DW, Günther Mailhold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, y Sebastian Huhn, experto en derechos humanos, violencia, seguridad pública y desintegración social de la Universidad de Osnabrück, coinciden en que, históricamente, tanto en México como en Argentina, Chile y otros países latinoamericanos marcados por la violencia política o criminal, la cooperación entre organizaciones civiles y organismos estatales ha sido decisiva para el esclarecimiento de casos de desapariciones. “Los dolientes de los desaparecidos son siempre los impulsores de su búsqueda”, dice Huhn.

¿Por qué, entonces, se impidió que la asociación Colectivo Solecito acompañara a las autoridades en la exploración de la zona donde se sospechaba la existencia de un osario? “Yo comprendo que las organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos quieran ser involucradas en el proceso de elucidación de los casos, pero permitir que las parejas, los familiares u otros allegados tengan acceso a las excavaciones donde se supone que se hallan los restos no me parece del todo razonable porque el trabajo forense es delicado y debe ser dejado en manos profesionales”, sostiene el politólogo e historiador de Osnabrück.

“Por otro lado, también puedo entender la desconfianza que despiertan en México las instancias oficiales por la frecuencia con que algunas de ellas han encubierto las prácticas delictivas o los crímenes de lesa humanidad perpetrados por actores estatales o paraestatales. En ese sentido, no me extraña que mucha gente quiera saber con precisión qué se está haciendo en las fosas clandestinas”, señala Huhn.

DW trató de comunicarse con Lucía de los Ángeles, vocera del Colectivo Solecito, para saber si en esa organización temen que la fiscalía de Veracruz sepulte más evidencias de las que desentierra, pero no recibió respuesta.

Se clama por una fiscalía especializada

En mayo de 2018, el Gobierno mexicano abrió una investigación por una ola de desapariciones forzadas en el estado de Tamaulipas, denunciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; existen indicios sólidos de que fue una fuerza federal de seguridad la que borró todo rastro de una veintena de hombres y dos mujeres en la ciudad de Nuevo Laredo entre febrero y mediados de mayo. Cuatro años antes, 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron tras ser perseguidos por la policía municipal y estatal de Iguala; ese es el caso que mayor cobertura mediática ha recibido hasta ahora.

“No se puede descartar que en México sigan ocurriendo este tipo de cosas. Por eso, cuando una u otra fuerza de seguridad estatal esté bajo sospecha de haber desaparecido a personas, las investigaciones pertinentes, las búsquedas y las excavaciones deben ser acompañadas por observadores independientes. La transparencia juega un papel fundamental en este contexto”, esgrime Huhn. Maihold coincide con el especialista de Osnabrück, pero advierte que es apenas ahora cuando la legislación mexicana empieza a desempacar los instrumentos necesarios para abordar el fenómeno de las desapariciones cabalmente. 

“Por sí sola, la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no altera la realidad ni un ápice. En México todavía se clama por la creación de una fiscalía especializada que asuma este tipo de casos. Eso implicaría, entre otras cosas, una profesionalización de los servicios forenses y la construcción de una base de datos realmente funcional”, cuenta el investigador de Berlín, desaconsejando la emisión de juicios apresurados en lo que respecta a las fosas ilegales encontradas recientemente en Veracruz.  

“En México, la Policía es parte del problema y no necesariamente de la solución; pero, en este instante, nadie puede decir a ciencia cierta si las personas cuyos restos acaban de ser hallados en Veracruz murieron a manos del crimen organizado, de sicarios o de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”, apunta Maihold.

Evan Romero-Castillo (CT)

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