Altos representantes de la ONG alemana, incluyendo a su presidenta, la pastora Cornelia Füllkrug-Weitzel, realizaron un recorrido de dos semanas en México para enterarse de primera mano sobre la situación de los desaparecidos.  Un problema que refleja la grave crisis en materia de derechos humanos que vive el país. La responsable para México, Centroamérica y el Caribe de la organización, Silke Pfeiffer,  destacó en conversación con DW, que en este momento hay unos 35.000 desaparecidos registrados, pero la cifra real es mucho mayor, debido a que muchas de las víctimas no denuncian. 

 

DW: ¿Qué lugares visitaron?

Silke Pfeiffer: Visitamos la Ciudad de México y los estados de Guerrero y Veracruz, que elegimos por sus altos índices de violencia. En Guerrero por el caso emblemático de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en Veracruz por el tema de la migración. Ahí hay una ruta migratoria y muchos migrantes desaparecidos que no han sido registrados por el Estado mexicano. Ahí nos reunimos con familiares de desaparecidos mexicanos, guatemaltecos y hondureños.México-Alemania: Heckler & Koch en el banquillo de los acusados

¿Qué impresión les dejó las conversaciones con los familiares de desaparecidos?

La impresión más impactante es el aislamiento, el abandono en el que se sienten los familiares. No reciben ayuda ni apoyo de las autoridades estatales. Al contrario, son criminalizados y estigmatizados, y acaban organizando ellos mismos la búsqueda de sus desaparecidos. Excavan buscando sus restos mortales. Es una situación deplorable y muy triste. México: familiares acusan a Gobierno de querer cerrar caso de Ayotzinapa

¿Se entrevistaron con actores estatales?

Nos encontramos con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), de la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, porque México ahora tiene una nueva Ley contra la Desaparición Forzada que establece responsabildades detalladas en materia de búsqueda, en materia de investigación para el Estado, y nos encontramos con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), todos ellos responsables de investigar estos casos.

¿Qué les dijeron al respecto?

México tiene muy buenas leyes pero no se están implementando. Esa es la impresión que tuvimos. Hay mucha simulación por parte del Estado mexicano hacia el mundo,  hacia la comunidad internacional. Se simula que se está haciendo mucho, pero en la práctica se está haciendo muy, muy poco.

En el Estado de Guerrero hay comunidades pobres que están abandonadas a su suerte, como Chilapa de Álvarez, cuyo nombre sale en los titulares de la prensa por la violencia. ¿Qué impresión tuvieron durante su estancia en Guerrero?

El caso de Ayotzinapa es emblemático porque muestra muchas realidades que el Estado mexicano niega.  El discurso oficial quiere hacer creer que los asesinados y desaparecidos son miembros de grupos criminales.  Los de Ayotzinapa eran estudiantes. En esa desaparición intervinieron grupos criminales y fuerzas estatales; la policía municipal, estatal y federal, y el Ejército.  Eso ya está comprobado y muestra el alto nivel de colusión entre actores criminales y estatales en México, lo que explica los enormes índices de impunidad. No se investigan los casos porque el Estado está implicado.

En el caso de Ayotzinapa las ONGs advierten que el gobierno intenta a toda costa cerrar el caso. ¿Coinciden ustedes en esta impresión? 

Hay un gran riesgo y lo percibimos así y es que de cara a las elecciones del 1° de julio, el Estado quiere cerrar el caso porque de cara a un eventual cambio de gobierno podrían salir verdades a la luz que en este momento no se quieren ver. En este contexto vimos que instancias internacionales que están pronunciándose sobre el caso, con pruebas bastante contundentes, están bajo mucha presión.

¿A quién se refiere?

Al representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Jan Jarab. En marzo publicó un informe sobre el caso de Ayotzinapa, mencionando algo que ya sabíamos, que algunas confesiones de los acusados en el caso, fueron obtenidas bajo tortura.  El Estado mexicano reaccionó a este informe presentando una queja formal en la oficina de la ONU en Ginebra, pidiendo la salida del comisionado del país. 

En la Feria Industrial de Hannover, en donde México fue país socio, no se hizo ninguna referencia al tema de DD.HH. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen, al gobierno alemán, a la Unión Europea?

Sabemos que hay un gran interés comercial de Alemania en México. México es un socio muy importante en el ámbito económico, hay entre 1800 y 1900 empresas alemanas operando en México. Al mismo tiempo sabemos que el tema de la impunidad, de la falta de un Estado de Derecho es un factor muy importante también para la inversión.  Quisiéramos que se valore la importancia de los DD.HH., que se fortalezca el Estado de Derecho, se reduzcan los niveles de impunidad, se protegan a las víctimas y no sean criminalizadas. Tampoco a los defensores de los DD.HH. Quisiéramos que esto estuviera mucho más presente en el diálogo entre los gobiernos de Alemania y México, incluso cuando se trata de un diálogo sobre intereses y actividades económicas.

Autora: Eva Usi (jov)

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