"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva (ADM), que es lo que realmente es", dijo el lunes 15 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo paso de su lucha contra las drogas.

Poner esta droga al mismo nivel que la bomba atómica, el gas sarín y armas biológicas como el ántrax puede sonar excesivo y, sin embargo, expertos consultados por DW coinciden en que sí tendrá repercusiones y que no se trata solo de una puesta en escena del mandatario estadounidense.

"Lo que hace esta decisión es elevar al fentanilo al máximo nivel de amenaza estratégica dentro del marco legal y de seguridad nacional de Estados Unidos", explica a DW el experto en seguridad internacional Fernando Vaccotti. Así, "deja de ser tratado solo como un problema criminal o sanitario, y pasa a ser considerado un ‘vector de guerra híbrida', con impacto masivo, silencioso y persistente sobre la población civil", apunta Vaccotti, también académico de la Escuela de Guerra Naval de Uruguay.

¿Paso previo a ataques unilaterales?

"Esta designación tiene muchos efectos prácticos para las agencias estadounidenses, las fuerzas del orden y las comunidades de inteligencia", dice a DW Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e investigadora principal de Brookings Institution.

La especialista señala que las armas de destrucción masiva tienen prioridad total a la hora de combatir el contrabando. Poner en esa lista al fentanilo implica situarlo a ese mismo nivel.

El problema, añade, es que la orden ejecutiva signada por Trump "está redactada específicamente para encargar al Departamento de Seguridad Nacional y al Pentágono, incluido el Ejército de los Estados Unidos, que den prioridad a la lucha contra el contrabando de esta sustancia".

Esto plantea serias dudas. "¿Se trata de proporcionar una justificación, de crear el ambiente político para que Estados Unidos lance ataques militares unilaterales en México contra los supuestos laboratorios de fentanilo? ¿Va a intentar la administración Trump utilizar la clasificación de ADM y la necesidad de combatirla para, por ejemplo, ampliar el uso del Ejército dentro del país?"

Las mismas preguntas tiene Rafael Ch Durán, socio y analista sénior de Signum Global Advisors. El experto dice a DW que esta orden podría derivar en un incremento en la probabilidad de la realización de "ataques unilaterales en otros territorios". 

No es igual, pero está conectado

Ch Durán piensa que esta decisión adoptada por Trump tiene la mirada puesta tanto en el Caribe, donde Estados Unidos realiza una operación militar para presuntamente controlar las rutas del tráfico de drogas, como en la política interna. "Es el mismo paraguas estratégico de la narrativa de 'amenaza para la seguridad nacional' y, a la vez, es un mensaje doméstico muy claro. El concepto 'armas de destrucción masiva' sirve para mostrar acción dura, más allá de si el efecto es marginal".

"Esta medida encaja en la narrativa y enfoque más amplio de la administración Trump de utilizar la lucha contra el narcotráfico como justificación para todo tipo de acciones", dice Felbab-Brown, que recuerda que "el fentanilo no se trafica a través del Caribe". Por lo tanto, se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de un plan más amplio que tiene una relación, aunque indirecta, con el despliegue militar cerca de Venezuela.

"Trump comunica en clave interna a sus electores, pero opera en 'clave estratégica' externa, lo que encaja en lo que defino como una doctrina de interdicción extendida, donde crimen organizado, terrorismo, drogas y geopolítica ya no se analizan por separado", añade Vaccotti.

La necesidad de un enfoque sanitario

"La evidencia y la práctica comparada sugieren que solo mano dura rara vez alcanza. Lo más realista es un enfoque mixto: sí necesitas el uso de la fuerza para subir costos y desorganizar la oferta, pero suele ser inefectiva por sí sola, pues incrementa el precio, lo que fomenta mayor producción. Sin salud pública doméstica, acciones como esta tienen un objetivo meramente de óptica política más que de política pública", señala Ch Durán.

"Ningún enfoque único funciona", complementa Vaccotti. "El fentanilo es simultáneamente una amenaza criminal transnacional, un problema de salud pública devastador y un instrumento de desestabilización social" y, por tanto, la mejor manera de confrontarlo es desde múltiples frentes, porque "si solo se militariza, el problema se desplaza".

La vía que se abre con la nueva categorización del opioide, advierte Felbab-Brown, puede suscitar el surgimiento de acusaciones generalizadas contra traficantes de drogas por uso de armas de destrucción masiva, y podrían empezar a oírse voces que exijan la pena de muerte para ellos.

"¿Significa eso que Estados Unidos podría acusar también a las mafias chinas que trafican los precursores del fentanilo?", se pregunta la experta de Brookings Institution, que lamenta que todo esto suceda al tiempo que el Gobierno estadounidense "ha recortado enormemente la financiación y los recursos para el tratamiento" de los consumidores de drogas.

(ms)