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El fiscal pide investigar a Lula por el caso Petrobras

4 de mayo de 2016

Entre los implicados están ministros del gobierno actual y otros políticos de alto nivel. Hasta ahora hay 39 personas formalmente investigadas en los diversos procesos abiertos en torno a este caso de corrupción.

Brasilien Unterstützer für Lula vor seinem Haus
Manifestantes del Partido de los Trabajadores apoyan al expresidente Lula da Silva a las puertas de su casa y en oposición a las protestas en su contra convocadas en el país el pasado 13 de marzo.Imagen: picture alliance/dpa/L. Barrilari

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, pidió este martes (03.05.2016) a la Corte Suprema de Brasil que investigue al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a una treintena de personas, entre ellos diversos políticos, por delitos de corrupción vinculados al caso Petrobras. Se trata de uno de los más de cuarenta procesos abiertos en torno a la operación Lava Jato de la Policía Federal. Actualmente son investigados formalmente en el marco de estos procesos 39 personas. Según informan medios locales, entre las 31 personas que Janot pide investigar hay varios ministros ministros del más alto nivel del Gobierno de Dilma Rousseff.

Entre ellos, están el jefe de Gabinete, Jaques Wagner; el titular de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoini, y el de la Secretaría de Comunicación, Edinho Silva. La lista incluye varios senadores y diputados, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; y personas cercanas a Lula, como el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; y el empresario Carlos Bumlai, amigo personal del exmandatario.

No hubiera sido posible "sin la participación" de Lula

En el documento, Janot destaca que "en el ámbito de los miembros" del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hay nuevos elementos que demuestran que la "organización criminal" que actuó en Petrobras "tuvo un alcance más amplio de lo que se imaginaba" y "con una enorme concentración de poder de los jefes de la organización". Y que jamás hubiera podido haber funcionado de "forma tan amplia y agresiva" y durante tanto tiempo en el ámbito del Gobierno federal "sin la participación del expresidente Lula".

Lula, por su parte, ha respondido mediante un comunicado en el que dice que el fiscal "carece de pruebas" en su contra y calificó la solicitud de que el Tribunal Supremo abra una investigación en su contra es "ofensiva e inaceptable" y como "una anticipación de juicio". Para Lula, el fiscal se basa "únicamente en la palabra de un criminal".

También figuran los antiguos jefes de Gabinete de Lula y Rousseff, respectivamente, Erenice Guerra y Antonio Palocci; el ex ministro de Minas y Energía de Lula, Silas Rondeau; y el ex presidente de Petrobras José Sérgio Gabrielli. Todos fueron implicados por el senador Delcídio Aramal, un exmiembro del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que estuvo preso tres meses y que firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades sobre la trama de corrupción que operó en la petrolera estatal.

Amaral podría ser apartado del cargo de senador

Amaral acusó en sus declaraciones a Rousseff y Lula de haber estado siempre al tanto de los fraudes perpetrados en el seno de la petrolera nacional y de haber intentado además interferir en las investigaciones sobre el caso, tanto mediante el pago de sobornos para silenciar testigos como nombrando a determinados jueces en algunas cortes para favorecer a implicados en los delitos.

El Consejo de Ética del Senado brasileño recomendó al plenario de la Cámara alta que despoje de su mandato al senador Delcidio Amaral. El Consejo, responsable de analizar la conducta ética de los senadores, aprobó este martes por 13 votos a favor, ninguno en contra y una abstención el informe en que el instructor del proceso contra Amaral, el senador Telmario Mota, recomienda que se le despoje del cargo. Amarál está acusado de haber violado el Código de Ética del Senado por las maniobras con las que intentó encubrir su responsabilidad en el gigantesco escándalo de corrupción por los desvíos de recursos públicos de la petrolera estatal.

LGC (dpa / EFE)


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