El gobierno federal va a perseguir intensivamente el trabajo ilegal, aumentando las penas y las multas. Multas y penas de cárcel que abarcan hasta los 5 años de privación de libertad están contempladas en el nuevo proyecto de ley. En casos extremos se puede llegar hasta una pena de 10 años de cárcel. Según la modificación de la ley, que entrará en vigor en el año 2004, los trabajos de ayuda prestada a familiares o vecinos quedan permitidos pero en ningún caso deben ser remunerados. Además del aumento de las penas, se quiere organizar mejor la lucha contra el trabajo negro. Los instituciones federales de empleo y los funcionarios de aduana tienen que establecer una colaboración conjunta bajo el nombre de Control financiero del Trabajo Negro, para luchar contra los trabajadores ilegales. Este departamento contará con 7000 empleados y oficinas en 113 ciudades. Una oficina central, que estará en Colonia, coordinará las labores de las demás oficinas.