El Gobierno chileno inicia el trámite para abandonar Unasur
22 de abril de 2019
El presidente Sebastián Piñera adoptó la decisión arguyendo “razones de Estado”. Santiago impulsa un nuevo foro: Prosur.
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A través de una minuta filtrada a la prensa, el Gobierno de Chile anunció este domingo (21.04.2018) que iniciará formalmente los trámites para abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización de la que Santiago se alejó tan pronto como asumió el actual presidente, el empresario derechista Sebastián Piñera, que ha impulsado la creación de otra entidad.
"El Gobierno de Chile ha decidido consultar al Congreso Nacional para proceder con la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur”, indicó el Ejecutivo en un documento donde también explica que Unasur se encuentra "institucionalmente acéfala”, pues carece de secretario general desde 2017, y en los dos últimos años prácticamente no ha realizado actividades.
"Además, se ha alejado de los principios que inspiraron su creación y hoy es una institución altamente politizada e inefectiva”, añade el comunicado. El Ejecutivo santiaguino consultará a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, una formalidad pues la opinión del Parlamento no es vinculante en este caso. Piñera tomó la decisión "en uso de sus facultades constitucionales” y apelando a "razones de Estado”, según el Palacio de la Moneda.
Quedan solo 5 miembros
"Por años, no se han realizado Cumbres Presidenciales, sosteniendo una burocracia regional onerosa para nuestros contribuyentes, absolutamente paralizada y alejada de los temas con real incidencia en el desarrollo de la región”, dice el documento presentado por el gobierno chileno, que considera que "en las actuales circunstancias, no es posible renovar ni revivir Unasur”. Santiago recordó también que Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador suspendieron su participación de Unasur.
En respuesta al ocaso del grupo, Chile lideró a finales de marzo en Santiago una reunión de presidentes para formar junto a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). El nuevo bloque refleja el giro a la derecha que vive la región, en la que destacan las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina.
Los únicos miembros de Unasur que siguen activos son Uruguay, Guyana, Bolivia, Surinam y Venezuela.
DZC (AFP, EFE)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
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Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Cristaldo
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