En la noche del asesinato de Berta Cáceres del 2 al 3 de marzo 2016, Usted se quedó en la casa de ella. ¿Fue por casualidad que se convirtió en testigo único del ataque?

Gustavo Castro Soto: A Berta la intentaron asesinar en varias ocasiones, incluso en días antes de que yo llegara. Ella y el COPINH me habían invitado a un taller de formación en torno a la resistencia contra el proyecto de represas de Agua Zarca, y justo ese día acabábamos de empezar. Pienso que los sicarios no sabían que yo estaba ahí.

¿Tenía mucho tiempo de conocer a Berta Cáceres?

Conocí a Berta desde hace 15 años. Participamos en muchos procesos y luchas de resistencia y nuestras organizaciones eran muy unidas. Éramos gente muy cercana. Su muerte fue algo muy doloroso.

Usted vivió en carne propia el ataque y recibió varios disparos. ¿Cómo se explica que no lo mataron?

Para mí, es un milagro, yo no sé cómo estoy vivo, creo que pensaron que estaba muerto.

Tras el asesinato de Berta Cáceres, Usted se convirtió en testigo protegido. ¿Protegido por parte de quién?

Se supone que por el Gobierno hondureño, que es lo más absurdo, porque están involucrados en muchos asesinatos y mucha impunidad. Al momento de ser testigo, se supone que me protegen como víctima y testigo para poder hacer todas las diligencias que el Ministerio Público necesita. En muy pocas horas ya mi fotografía estaba en la prensa, sabían quién era. Entonces esto del testigo protegido no era muy real. No acepté la protección del Gobierno de Honduras, por eso me refugié en la embajada mexicana.

¿Qué pasó después?

Primero intentan criminalizar y culpar a la gente del COPINH, sin embargo no lo logran, entonces buscan la manera en cómo prohibirme salir del país. El Gobierno de Honduras me secuestra: me impide salir del aeropuerto sin ninguna órden judicial, sin entregarme ningún documento, me prohíben salir por 30 días del país para empezar a buscar cómo imputarme. Querían sembrarme algo en la maleta, me recogen mis botas para tratar de culpabilizarme también de huellas en la casa. Cometían todas las ilegalidades procesales violando el Código Penal y la Constitución en total impunidad, pero al final no pudieron inventar nada y me tuvieron que dejar ir.

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¿Contó con el apoyo diplomático de México, su país natal?

Tanto el cónsul como la embajadora estuvieron bastante atentos al caso. El cónsul me estuvo llevando en los vehículos blindados de la embajada, físicamente procurando que no me pasara nada. Creo que el Gobierno mexicano desde la Ciudad de México no hizo lo suficiente, porque considero que no utilizó todos los recursos legales para que yo saliera del país.

¿Qué debió haber hecho el Gobierno mexicano?

Hay un acuerdo de ayuda mutua en materia judicial entre México y Honduras, donde yo puedo continuar diligencias desde mi país de origen siendo víctima y testigo. Entonces el Gobierno mexicano nunca hizo uso de este instrumento. Yo no tenía por qué seguir en Honduras, no había ninguna razón jurídica para estar, y todos procedimientos habían sido ilegales. El Gobierno mexicano debería haberlo reclamado. Y en eso no hizo mucho, simplemente estaba esperando a que los 30 días de prohibición de salir del país expiraran, aunque se estuvieron violando mis derechos humanos en frente a sus narices.

¿Cómo logró salir del país?

Al final, creo que fueron las presiones políticas, porque el Gobierno de Honduras se negó a todo. No sé qué pasó, pero de repente, el Gobierno de Honduras dijo: 'Te puedes ir'. Eso es la pregunta que todo el mundo se hace: ¿Qué fue lo que me dejó libre? No lo sé.

Berta Cáceres era una persona muy conocida a nivel internacional. ¿Qué nos dice su muerte de la situación de activistas ambientales en Honduras?

Que los Gobiernos están dispuestos a hacer todo lo necesario para facilitar las inversiones, pero también que la movilización en América Latina ha ido creciendo.

¿Se compara la situación de ambientalistas en Honduras con la de otros países centroamericanos?

Por supuesto. Honduras es una muestra de lo que está pasando en América Latina. Cada país tiene sus particularidades, pero en toda América Latina hay una resistencia muy fuerte y una criminalización muy alta de defensores de derechos humanos y del medioambiente.

A un público europeo le resulta difícil entender lo peligroso que se vuelven las luchas ambientalistas en estos países.

Me parece que hace falta más información y consciencia de las causas y las raíces, porque en la mayoría de los casos son generadas por procesos económicos y de inversiones que provienen precisamente de EEUU, de Canadá, de Europa, de China incluso. Son las corporaciones eléctricas petroleras, las corporaciones mineras, de monocultivos que llegan a extraer recursos. No hay mucha consciencia de este vínculo. Sí vemos que hay mucha solidaridad de muchos sectores, pero lo que no veo es que haya consciencia estructural de lo que está pasando.

Para los europeos, la situación de los activistas ambientales en Centroamérica y México es una pesadilla muy lejana de su realidad. ¿Cómo se pueden involucrar ellos?

Han ayudado mucho por ejemplo las campañas para exigir que se penalicen las empresas transnacionales que violan los derechos humanos fuera de sus territorios. Y lo otro es por ejemplo exigir que le Unión Europea pueda auditar los recursos que entrega a América Latina. En el caso de Agua Zarca, el fondo holandés FMO y el fondo finlandés Finnfund retiran recursos del proyecto, no por virtud propia, sino por la presión internacional que se dio.

Usted está viviendo fuera de México. ¿Ya no puede vivir en su país por razones de seguridad?

Efectivamente, ahora no puedo regresar. La razón es la seguridad, porque estoy presentando demandas contra el Gobierno de Honduras, y porque los sicarios y los culpables no han sido todavía detenidos. Van ocho, y es posible que falten más. Mientras estoy en este proceso de demandar al Gobierno de Honduras y porque al final de cuentas saben que yo los he reconocido, por seguridad prefiero no estar tan cerca físicamente del territorio hondureño.

Después de que saliera de Honduras, ¿el Ministerio Público hondureño alguna vez le pidió más declaraciones?

Hasta la fecha no. Probablemente me llamen para reconocer a quien me disparó, pero lo que hizo el Gobierno de Honduras más bien es tratar de no seguirme involucrando en el caso.

¿En qué fase están las investigaciones?

El proceso se ha ido alargando para que la opinión pública se vaya olvidando. Seguimos exigiendo que se libere la secretividad y que haya más transparencia en la información y veracidad en la investigación.

¿Cuál es el papel del GAIPE, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas?

Ellos están haciendo su propia investigación para recopilar pruebas y también para hacer presión. No tienen ningún mandato oficial, el Gobierno de Honduras no quiso aceptar la conformación de un grupo independiente de manera oficial, porque eso implicaría entregar todo el expediente a una comisión internacional que haría público y evidente que el Gobierno hizo todo mal.

¿Existe voluntad política para resolver el caso?

Creo que no hay voluntad política, porque ya se hubiera mostrado desde el principio otra actitud por parte del Gobierno de Honduras. Los antedecentes del Gobierno hondureño no ayudan mucho a confiar en que efectivamente quiere resolver el asunto profundamente, sobre todo cuando están involucrados políticos y familias ricas de Honduras.

En una entrevista, Usted ha dicho que „tenemos que darnos cuenta que otros mundos son posibles". Con la situación de los derechos humanos en Centroamérica y México, ¿todavía tiene esperanza?

Las luchas están ahí. La gente está resistiendo, y en la medida que la gente siga resistiendo hay esperanzas. Cuando ya nadie haga nada, hay que preocuparnos, pero mientras la gente se está movilizando y exigiendo justicia, reclamando sus derechos humanos, me parece que sí, que es probable que otros mundos sean posibles y que podamos construir otra cosa distinta.