La policía persigue y dispara a estudiantes en México en plena vía pública. Algunos de ellos fueron arrestados y aparentemente entregados a los criminales de un cártel de drogas. Estas escenas recuerdan en parte a las revueltas estudiantiles de 1968, cuando poco antes de las Olimpiadas el gobierno mexicano mandó al Ejército contra los estudiantes que protestaban. La cifra de las víctimas todavía no ha terminado de ser aclarada.

El Estado contra su propia gente. Peor aún: el Estado contra estudiantes, las personas con más potencial para forjar el futuro de un país. Esto no debió de haber pasado nunca. Ya se debería de haber aprendido del pasado.

En lugar de ello vemos, casi 50 años después, la masacre de Iguala. Así pasará a la historia. Los estudiantes de magisterio de “Ayotzinapa” querían recaudar fondos para financiar su viaje a la capital mexicana y unirse a las protestas conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, la de 1968. Triste coincidencia. Pero en Iguala la policía detuvo los autobuses en los que viajaban, abrió fuego, y después arrestó a algunos de ellos.

Algunos lograron escapar, por eso se conocen estos detalles. Otros desaparecieron, algunas versiones indican que los miembros del cartel de la droga al que fueron entregados los asesinaron. En estos días se han descubierto en iguala fosas comunes con cuerpos desollados y calcinados, aunque no se han determinado identidades.

Después de más de una semana de las primeras denuncias de ataque y desaparición de los estudiantes, el caso fue atraído por las autoridades federales. Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Procuraduría General de Justicia, de la nueva Gendarmería nacional y miembros del Ejército. Investigan a los policías locales, quienes habrían recibido la orden de ataque del jefe de seguridad local, ahora prófugo.

Crece la desconfianza

Fuentes extraoficiales señalan que la orden de ataque salió del líder del cártel “Guerreros Unidos”. Pero el hecho de que las autoridades federales se encuentren en el lugar, no quiere decir que haya futuro en las investigaciones. Entre más alto es el rango oficial, más crece la desconfianza de la sociedad civil.

La historia del Ejército en el estado de Guerrero es una de abusos. Numerosas desapariciones forzadas y ataques por parte de los militares han sido investigadas y documentadas por una ONG llamada “Tlachinollan”, que en 2011 recibió en Berlín el Premio a los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

También a finales de ese año estudiantes de Ayotzinapa hicieron una de sus muchas protestas y fueron detenidos, también a disparos en vía pública, por autoridades federales. Dos murieron.

La masacre de Iguala podría, o más bien debería, significar un cambio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Pero cómo? El presidente mexicano llegó a su gobierno con una nueva estrategia de combate a la criminalidad. Quiere reducir la violencia fortaleciendo el Estado de Derecho y dejando de usar la “guerra” contra las bandas criminales, y así diferenciarse de sus predecesores.

Estrategia fallida

En los hechos, las cifras hablan de un aumento en gasto social antes que en seguridad y Ejército. Pero aún así, su estrategia parece no funcionar. En los primeros 20 meses de su gobierno, algunos medios de información han contabilizado miles de asesinatos relacionados con el crimen organizado, más de los que tuvo su predecesor Felipe Calderón en el mismo periodo. Su nueva estrategia podría haber sido en realidad un camuflaje para hacer y mantener pactos con los cárteles del narcotráfico. Como prueba está la captura, con tan sólo una semana de diferencia, de dos de los “capos” más buscados.

El gobierno mexicano señala por su parte que la violencia ha disminuido. Pero con todo y ello, los mexicanos ya no quieren darle ni tiempo ni confianza a Peña Nieto para resolver estos asuntos pendientes.

¿Podría ser Iguala el símbolo del fracaso de Peña Nieto, pero él mismo tiempo del final de la violencia de Estado? El presidente deberá ganarse la confianza de la gente para poder restablecer la confianza en las instituciones. Y ya debe comenzar a dar señales de ello. Una sola condena nacional o internacional no bastará para cambiar las cosas.

Los estudiantes de Ayotzinapa apenas tenían 20 años de edad. Querían ser maestros y así llevar la educación a sus pueblos, muchas veces con imperante pobreza y de mayoría indígena. Pero el presidente todavía no conoce eso de primera mano.