Pocas veces vemos tan de acuerdo a los conservadores de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD, normalmente desavenidos socios de Gobierno, como este miércoles (30.10.2019) en Berlín. Pero en la lucha contra el extremismo de derecha y los crímenes de odio, nadie quiere ser acusado de quedarse de brazos cruzados. Tres ministros del gabinete de Angela Merkel, el ministro del Interior, Horst Seehofer (CSU); la ministra de Justicia, Christine Lambrecht; y la ministra de Familia, Franziska Giffey (ambas SPD), presentaron un documento al que se refirieron como "paquete de medidas".

Sus nueve puntos fueron expuestos a un surtido grupo de periodistas de Alemania y del extranjero. Y, juntos, dejaron claro por qué están tan "profundamente afectados": sobre todo por el ataque a la sinagoga en Halle, pero también por una "serie de incidentes preocupantes en el pasado reciente". Como ejemplo concreto, mencionan el asesinato del político local Walter Lübcke por un presunto extremista de derecha en junio de 2019. Y, en general, les preocupa también la incitación al odio y los insultos en Internet.

Entre las medidas enumeradas, hay algunas que no son muy nuevas. Por ejemplo, cuando se dice que el Gobierno federal apoya explícitamente un "fortalecimiento de los recursos de las autoridades de seguridad y de aplicación de la ley" en la lucha contra el extremismo de derecha. La Policía Federal y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) han venido recibiendo durante años incrementos de personal y dinero. El detonante fue la conmoción causada por la serie de asesinatos del grupo terrorista "National Socialist Underground" (NSU), sacados a la luz en 2011.

Obligación de denunciar amenazas de muerte e incitación al odio

Los numerosos programas de prevención y educación en la lucha contra el extremismo de derecha, el antisemitismo y el racismo también existen desde hace algún tiempo. El catálogo de medidas también habla de continuar y ampliar los "enfoques ya acreditados en el sentido de la sensibilización".

De hecho, el Gobierno federal quiere poner el acento en el enjuiciamiento y castigo de los delitos de odio en Internet. Está previsto que los proveedores de servicios, es decir, sobre todo las denominadas redes sociales como Facebook o Twitter, estén obligados a denunciar los delitos de odio. Las empresas deben estar obligadas a informar a las autoridades de las amenazas de muerte y de la incitación al odio en sus plataformas sin que se les pida que lo hagan.

Seehofer anuncia leyes de armas más estrictas

La ministra de Justicia Lambrecht quiere también castigar especialmente los insultos públicos, porque es diferente, "si se dan insultos en un bar", donde uno mismo y unas pocas personas más son testigos, que si se hace en Internet. En la red, todo el mundo se da cuenta de este insulto y se incita a otros a "participar en este insulto".

El ministro del Interior Seehofer defiende un endurecimiento de la ley de armas. Y recalca: "Debemos hacer todo lo posible para garantizar que las armas no caigan en manos de los extremistas". En tal caso, deberán poder ser embargadas. Y considera que es correcto "solicitar regularmente a la Oficina de Protección de la Constitución la expedición de licencias de armas". Por lo tanto, Seehofer quiere impedir que los presuntos extremistas de derecha obtengan una licencia de armas y puedan armarse con ella legalmente.

El Bundestag probablemente apoyará los planes

Por otra parte, la medida consistente en intensificar el protagonismo de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (los servicios secretos del Interior) y la de los Länder regionales tiene poco más que carácter declarativo. Esto, también, ya se implementó tras la serie de asesinatos de la NSU. Con el fin de mejorar la comunicación entre las numerosas autoridades, la Oficina Federal se encarga de combatir el extremismo de derecha. Anteriormente no existían archivos centrales ni la obligación de informar sobre casos sospechosos.

Para poder aplicar las nuevas medidas, en algunos casos tienen que ser modificadas las leyes existentes. Pero el Gobierno federal no tendrá problemas en obtener las mayorías necesarias en el Parlamento. Es muy probable que incluso los diputados de la oposición estén también de acuerdo en que se endurezca la ley. Los Verdes acusan al Gobierno federal de haber dado pasos meramente "simbólicos", aunque también reconocen, sin embargo, que la prevista creación de una Oficina Central de Análisis y Lucha contra los Delitos de Odio es una "señal positiva".  

(lgc/few)

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