El Gobierno social liberal de Rumania, liderado por el primer ministro, Sorin Grindeanu, superó este miércoles (8.2.2017) una moción de censura en el Parlamento. En el marco de esa votación no se alcanzaron los 232 votos necesarios para hacerla efectiva, a pesar de la impopularidad del Ejecutivo, tangible y evidente en las masivas protestas que tuvieron lugar en contra de un controvertido decreto –que suaviza la persecución penal de casos de corrupción– y que continuaron aún después de que éste fuera revocado.

Para la noche del 8 de febrero se convocó a varias manifestaciones. El movimiento de protesta exige desde hace días la dimisión del Gobierno. Aunque el presidente, Klaus Iohannis, recomendó al Ejecutivo un cambio de Gabinete, se pronunció en contra de convocar a elecciones anticipadas. En el Parlamento, solo 161 diputados votaron a favor de la moción de censura impulsada por los partidos de la oposición, el Partido Nacional Liberal (PNL) y el partido ecologista liberal USR.

La fracción del gobernante partido socialdemócrata (PSD) no participó en la votación. Ocho diputados votaron en contra de la moción de censura y 33 se abstuvieron. El Tribunal Constitucional denegó dos de tres demandas pendientes contra el decreto que ya fue revocado el domingo (5.2.2017) por el propio Gobierno a causa de las protestas. Los demandantes de las dos eran el presidente Iohannis y la Inspección del Consejo Supremo Judicial.

Según el presidente del tribunal, Valer Dorneanu, el primer ministro no se excedió en sus competencias cuando promulgó el decreto.  En Rumania, el Gobierno tiene permitido promulgar decretos que entren en vigor en el acto, con la condición de que sea urgente. En el marco de la tercera demanda, interpuesta por el defensor del pueblo, Victor Ciorbea, el Tribunal deberá decidir este jueves (9.2.2017) si éste era el caso. No falta quien mire el veredicto de Dorneanu con suspicacia.

El presidente del Tribunal fue antes militante de los socialdemócratas y, entre 2000 y 2004, fue presidente del Parlamento. No obstante, entre los nueve jueces del Constitucional se encuentran seis que no están relacionados con el PSD. La figura clave del conflicto es el secretario general del PSD y el presidente del Parlamento, Liviu Dragnea, quien se habría visto especialmente favorecido por el decreto, puesto que se enfrenta a la Justicia por incitación a la prevaricación por daños que ascienden a 100.000 lei. (dpa)