El mes de febrero de 2020 fue tenso en El Salvador. El Gobierno de Nayib Bukele había estado presionando a la Asamblea Legislativa para que aprobara un préstamo con el que financiaría una fase de su plan antipandillas. Sin embargo, el Congreso -de mayoría opositora- se resistía a dar su aprobación, alegando opacidad en el plan del Ejecutivo. Ante esto, vino un ultimátum de Bukele acompañado del despliegue de soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que rodearon el Parlamento el sábado 8 de febrero, mientras instalaban una tarima desde la que Bukele habló a miles de sus seguidores el día siguiente.

Paralelamente, el presidente del Congreso, Mario Ponce, revelaba que la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) -que depende de la Policía Nacional Civil (PNC)- retiró a los agentes asignados a la seguridad personal de congresistas. En tanto, diputadas opositoras denunciaban acoso en sus casas, mientras que el Alto Mando de la FAES -encabezado por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy- dijo estar esperando "órdenes de nuestro comandante general, Nayib Bukele” y estar "dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida”.

La comunidad internacional pidió calma. La Unión Europea aseguró que "el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”. Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó las "restricciones a la libertad de prensa y del derecho de información en contra de periodistas de diversos medios de comunicación por parte de la PNC y la FAES”. Luego, el 9 de febrero, Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa, acompañado de militares y policías antimotines fuertemente armados, para rezar y luego lanzar un violento discurso ante una multitud que se había reunido en la periferia del Parlamento.

La visión de fundaciones alemanas a un año del 9F

"El ingreso del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa de El Salvador fue una acción desafortunada que considero tuvo el propósito de medir las fuerzas políticas en el país. El incidente ha afectado la cultura democrática en el sentido de profundizar el debilitamiento del Estado de Derecho. El Estado contraviene las reglas y no se observan propuestas de reformas necesarias impulsadas por la oposición. Además, se percibe una apatía y poca participación de gran parte de la ciudadanía que -antes que exigir reformas- está preocupada por cubrir sus necesidades básicas, en una situación de crisis, a lo cual el Gobierno del presidente Nayib Bukele responde con soluciones populistas de corto plazo”, explica a DW Elisabeth Maigler Kluesserath, directora de Proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann für die Freiheit, cercana al Partido Liberaldemócrata alemán.

"La imagen de un líder carismático anti establishment, que prometía cambios para El Salvador y que el actual presidente Nayib Bukele logró proyectar durante su campaña electoral, se ha visto mermada por su forma de gobernar, mostrando rasgos autoritarios en la toma de decisiones que -en ocasiones- pareciera atropellada, haciendo uso no de instrumentos de Gobierno tradicionales sino, en muchos casos, de las redes sociales. No considero que después del 9 de febrero se haya generado un cambio sustancial en el estilo de Gobierno del presidente. Sin embargo, me parecen preocupantes los matices autoritarios que se han observado y a los cuales es importante mantenerse atento, sobre todo considerando que es muy factible que en las próximas elecciones parlamentarias el partido del presidente Bukele obtenga la mayoría de escaños”, agrega Maigler Kluesserath.

El representante para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll (cercana a Los Verdes), Marco Pérez Navarrete, considera que "estamos ante una de las grandes transiciones de la cultura democrática en la historia de El Salvador. Con un pasado que incluye represión estatal, guerra civil y etapa post Acuerdos de Paz, con alternancia en el poder, la cultura democrática de El Salvador se ve afectada por el simbolismo que el 9F encierra: la revelación de que el poder político formal puede ser tomado sin oposición política y con el apoyo de Fuerzas Armadas, que se han fortalecido en las últimas décadas. El principal efecto es que la aspiración de tener una división real de poderes deja de ser una de las metas para el modelo democrático y se convierte en un obstáculo para la concreción de un poder totalitario”.

"La pandemia COVID-19 es por el momento la base inmediata para el análisis de la forma de Gobierno después del 9F. Aunque muchos Gobiernos en el mundo se decantaron por medidas sumamente autoritarias, y otros fueron más permisivos con sus ciudadanías, el del presidente salvadoreño prefirió asumir discrecional y arbitrariamente las decisiones del país, desestimando las opiniones o propuestas de diferentes sectores. Esto afecta directamente a las organizaciones e instituciones nacionales que se sustentan y promueven valores a favor de la democracia. Para las organizaciones internacionales, el principal desafío es la protección de entidades individuales o colectivas para su libre funcionamiento, ante las constantes amenazas de cierre de espacios. El cumplimiento de la ley bajo el Estado de derecho, se vuelve trascendental para conservar importantes avances de la temprana democracia salvadoreña, como la libertad de expresión y el respeto a las garantías individuales y grupales”, declara a DW Pérez Navarrete.

Maigler Kluesserath asegura que "hasta el momento nuestro trabajo no se ha visto afectado por decisiones del actual Gobierno de El Salvador y esperamos que esto continúe así. Desde mi punto de vista, el presidente Bukele entiende la relevancia de los organismos internacionales, ya que contribuyen de manera importante al desarrollo del país”.

DW contactó a GIZ y a las Fundaciones Friedrich Ebert, Rosa Luxemburg y Hanns Seidel para su análisis, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.