uien lee aunque más no sea superficialmente la síntesis hecha pública del informe del Senado, de 6.700 páginas, sobre las torturas aplicadas por la CIA, queda sobrecogido. El Estado que se define a sí mismo con un baluarte de los derechos humanos y la democracia violó sistemáticamente sus propios principios. Es casi insoportable leer sobre prácticas de “alimentación rectal” o que, para que “hablaran”, los prisioneros eran apremiados con un arma apuntando a su cabeza o con amenazas contra sus hijos.

Declaraciones inaceptables

También es aterrador observar cómo, incluso luego de dado a conocer el informe, se discute sobre si los “enhanced interrogations”, es decir, los “interrogatorios duros”, son tortura o no. Una clara respuesta a ello dio la senadora Dianne Feinstein en su prólogo al informe: “De acuerdo con todas las acepciones corrientes del término, los prisioneros de la CIA fueron torturados”.

Inaceptables son las declaraciones de expolíticos y políticos en actividad que, como justificación de esas prácticas, dijeron que esos métodos fueron efectivos. Escuchar esas palabras de boca de representantes elegidos por el pueblo, es una bofetada para el Estado de derecho. Porque, en primer lugar, como se indica explícitamente en el informe, es falso. Y segundo, mucho más importante: la tortura es inaceptable en una democracia. Tampoco en una situación excepcional, en la que se encontraban los Estados Unidos luego de los espantosos ataques del 11 de septiembre de 2001. Quien utiliza la tortura como medio para obtener información atenta contra la democracia y se comporta igual que los extremistas que la quieren destruir.

Responsables deben ser juzgados

Por esa razón es necesario que el informe tenga consecuencias políticas y legales. Como dijo Dianne Feinstein, los métodos de interrogación aplicados durante la presidencia de George W. Bush deben ser prohibidos oficialmente por el Congreso. La prohibición actualmente vigente está basada solo en una disposición del presidente Obama y puede ser dejada sin efecto por el próximo presidente.

Además deben ser juzgados también los responsables políticos de la tortura, pues esta no se practicó en un espacio virtual, sino con expreso apoyo jurídico y político del gobierno de entonces. No en vano George W. Bush se autodenominó “The Decider”. Hay que tomarle la palabra.