"Al Gobierno de Ecuador no le interesa el destino de Assange“, cree Winfried Weck, director de la Fundación alemana Konrad Adenauer, seccional Quito. “Lo que busca Ecuador es demostrarle a estadounidenses y europeos que no permite injerencias y está dispuesto a defender su soberanía”.

La Fundación Konrad Adenauer cerrará sus puertas en Quito este septiembre. ¿La razón? Desde 2011, el Gobierno de Correa se toma el derecho de controlar y cambiar los planes de las fundaciones políticas y ONGs. Algo “inaceptable” para las organizaciones alemanes. “Cerramos nuestra oficina por razones políticas”, reconoce Weck. Las otras tres fundaciones políticas alemanas allí presentes continuarán allí.

Libertad de prensa como instrumento de propaganda

La organización Konrad Adenauer no es la única que critica la política restrictiva de Rafael Correa, también lo hace Reporteros sin Fronteras (RSF). Su director en Alemania, Christian Mihr, le ha advertido al Gobierno de Ecuador que “la ocupación con informantes extranjeros no le debe hacer olvidar la libertad de prensa en su mismo país”. Correa introdujo una ley que legaliza la intervención estatal en el trabajo de la prensa libre. No en vano Ecuador ocupa el puesto 95, entre 180 países, en la escala mundial de libertad de prensa.

Pero Rafael Correa no se siente aludido. Al contrario: él critica que la prensa internacional no abogue por la liberación de Assange y trina cuestionando: “¿En dónde está la prensa libre e independiente? ¿Qué pasaría si esto tuviera lugar en Ecuador?”.

El latinoamericanista Jonas Wolff, de la Fundación de Hesse para la Investigación de Paz y Conflictos (HSK), considera que Correa y Assange no comparten la misma línea política: “Si bien ambos luchan contra monopolios mediáticos, mientras Assange respalda una plataforma abierta como WikiLeaks, Correa amenaza y ataca a los medios pequeños e independientes en su propio país”.

Una cosa dice la Ley, otra algunos poderosos

Por eso la reciente rueda de prensa conjunta de Julian Assange y el ministro de Relación Exteriores, Ricardo Patiño, sostenida en la Embajada ecuatoriana en Londres, es para Wolff parte de una “estratégica ofensiva política”. Lo que busca el Gobierno de Ecuador es “instrumentalizar el caso Assange para presentarse ante un escenario internacional como defensor de los Derechos Humanos y el Derecho de Asilo”, concluye el experto.

Pero la realidad en Ecuador es otra: desde la introducción del nuevo derecho de asilo, en mayo de 2012, Ecuador ha reducido “drásticamente” la aceptación de solicitudes, como lo registra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que llama la atención sobre “la gran diferencia entre la letra de la Constitución y el reconocimiento de los derechos de los refugiados en la práctica”.

Si bien es cierto que en América Latina Ecuador acoge a la mayor cantidad de desplazados, sobre todo víctimas del conflicto colombiano, unos 123.000, según ACNUR, aún es improbable que el australiano Assange llegue a ser otro más de los refugiados en ese país suramericano.