La Justicia argentina desestimó investigar al presidente, Mauricio Macri, por los supuestos delitos de abuso de poder y violación del deber de funcionario público al firmar sin el aval del Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron hoy fuentes judiciales. El juez federal Julián Ercolini decidió "desestimar la denuncia que diera origen a la presente causa en razón de no constituir delito alguno el hecho en orden al cual fuera formulada", indicó en su dictamen.

Macri había sido denunciado por Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso, dirigentes del partido político Unidad Popular, quienes dijeron que el jefe de Estado no buscó la autorización del Congreso para la firma del acuerdo con el FMI, un crédito por 50.000 millones de dólares a tres años. El fiscal federal Jorge Di Lello recibió la denuncia y decidió el pasado 5 de septiembre imputar a Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y al presidente del Banco Central, Luis Caputo.

Los denunciantes habían advertido que el Poder Ejecutivo dispuso que este acuerdo que asume nueva deuda pública "no sea tratado en el honorable Congreso de la Nación, pese a tratarse de empréstitos que traen consigo determinadas condicionalidades que exceden el mero esquema de devolución del dinero prestado". El tipo de crédito otorgado por el FMI "tiene un espíritu altamente intervencionista de la política económica en detrimento del deudor", opinaron Lozano y Baldivieso.

"Mientras el juez Ercolini huye de sus responsabilidades, la monarquía financiera de Macri pone en riesgo la cohesión social y la integridad territorial de la Argentina", consideraron Lozano y Baldivieso en un comunicado crítico del fallo judicial. "Ercolini toma la guitarra y se asume como intérprete de la voluntad del Congreso sin citar ninguna ley que justifique su interpretación y que haya prorrogado la norma que autorizaba al presidente a acordar con el FMI", añaden.

La norma aludida es la Ley de Administración Financiera, de 1992, que en su artículo 60 obliga a incluir cualquier operación de crédito en la Ley de Presupuesto del año en curso o, en su defecto, a someterla a aprobación del Parlamento, a excepción de las operaciones de crédito que formalice el Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales. "Ercolini interpreta que, como ninguna ley derogó el artículo 60, eso demuestra la voluntad del Congreso de mantener la norma vigente. Es una cuestión básica del derecho que una norma que caduca porque vence su plazo de vigencia no resulta necesario que el Congreso la derogue", alegan los denunciantes.

La Fiscalía mantiene el mismo criterio y anuncia que recurrirá la decisión judicial. "Tenemos los informes de la comisión bicameral informando en ese sentido. El juez desestima la denuncia fundado en la existencia de una ley que, en realidad, no está vigente. Lo estamos apelando en los próximos días", indicó el fiscal Jorge Di Lello a Efe.

LGC (dpa/EFE)

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