A la Jornada Mundial por la Alimentación en el Año Internacional de la Agricultura Familiar –que pasa por la recomendación de apoyo a la producción y la autonomía del campesino- Colombia con su fenómeno de acaparamiento de tierras, el impacto de su apertura comercial y su fortalecimiento del modelo agroexportador viene como anillo al dedo para ejemplificar la encrucijada del pequeño productor.

Una historia como otras

En Colombia, “la empresa italiana Poligrou tiene en Maripán en este momento 19.000 hectáreas dedicadas a la palma aceitera. Una extensión tan grande como Manhattan. Su meta es tener 60.000 hectáreas”, contó en una conferencia en el Parlamento Europeo Paula Álvarez, politóloga colombiana especialista en políticas públicas, ambientales y rurales.

Básicamente, la ampliación de la cantidad de hectáreas es posible; “lo grave es que se están adueñando de las tierras baldías que según la ley –repartidas en unidades agrícolas familiares- están destinadas a campesinos. Esta empresa como otras extranjeras, nacionales y multilatinas se valen del recurso de la fragmentación para luego englobarlas en grandes extensiones”, cuenta Álvarez, experta en la problemática de los agrocarburantes.

Si a ellos se suma que en su país las empresas inversionistas reciben subsidios públicos que el pequeño productor no percibe, “el campesino tradicional ahora o se asocia con el empresario para el monocultivo, tiene que vender o se ve desplazado. Sus cultivos tradicionales de maíz, papas, hortalizas desaparecen”, cuenta Álvarez. Su país, tradicionalmente productor de papas, las está importando cocidas de Estados Unidos.

Ni solo Colombia ni solo América Latina

El fenómeno del acaparamiento de tierras para el agronegocio no es privativo de Colombia. “África es la más afectada, luego Asia. Finalmente América Latina, en donde después de siglos de concentración de tierras, posteriores luchas sociales por reformas agrarias, hay ahora una reconcentración de la propiedad de la tierra”, explica Manuel Eggen, jurista especializado en derechos humanos.

Eggen, coautor de un estudio sobre acaparamiento de tierras para la FIAN (FoodFirst Informations- und Aktionsnetzwerk), enumera en su análisis diferentes elementos de la responsabilidad europea en el fenómeno:

Alimentos para combustibles y ganado

Por un lado, la directiva europea de agrocarburantes prevé hasta el 2020 un 10% de energía renovable; ésta se logra en un 40% de materia prima importada: caña de azúcar y palma aceitera. El resto, con cultivos propios y tradicionales como la colza que ya se destina a la alimentación sino a la biomasa. Entonces, la presión va en aumento.

Por otro lado, está el sobreconsumo de carne en la UE: para alimentar la producción intensiva de ganado, se requieren en este momento 20 millones de hectáreas de soja, que se produce en el Tercer Mundo.

Por ello, la actual política comercial de la UE, que sella acuerdos comerciales por todos lados, asegura su aprovisionamiento al mejor precio; cuando los acuerdos se sellan con gobiernos débiles esto se traduce en una clara desventaja para el socio comercial. Y sobre todo para los pequeños productores, algo que está en franca contraposición a directivas internacionales que hablan a favor de la autonomía alimentaria y la protección de la población y la producción local.

Claroscuros del modelo agroexportador

Colombia: el 29% de sus exportaciones son productos agrícolas; el 54% minerales. A la UE, su segundo destino comercial, desde que entró en vigor el acuerdo de libre comercio (en 2013), sus exportaciones crecieron en un 10,43%.

Del total de sus exportaciones, según datos de la Comisión Europea, 73% fueron aceites de petróleo y carbón, 11% banano y otras frutas, café 5% y flores 2%. Las inversiones europeas directas se concentran, precisamente, en el sector minero y agroindustrial.

La concentración de la tierra es alta: 0,4% de los propietarios poseen 62,6% de las tierras. el 12,6% de su población pasa hambre; el país tiene entre 3,5 y 6 millones de desplazados por el conflicto interno que –en los últimos 20 años- han sido despojados de unas 6,6 millones de hectáreas.

Que éstas sean devueltas a sus dueños originales, según los especialistas invitados por la Coordination Belge pour la Colombie, está en duda.

Apertura comercial y sus bemoles

Claro está que el agronegocio pone en jaque al pequeño productor, también en Europa. Sin embargo, según dijo a DW, Jordi Sebastiá, eurodiputado español del bloque ecologista, la diferencia radica en que “un campesino colombiano puede perder incluso su vida cuando lo expulsan de su tierra por enfrentarse a una multinacional”.

Lo peor, en su opinión, es que “está que claro que los consumidores europeos se benefician de lo que pasa allá pudiendo comprar por ejemplo café y cacao –donde probablemente haya sangre- a precio de ganga”. Esto, según dijo a DW por su parte Josep María Terricabras, eurodiputado y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, “es indigno de una UE que defiende los derechos humanos”. En su opinión, una revisión de sus tratados comerciales sería imperativa.

Así, en la jornada dedicada a la alimentación, Marylén Serna, líder del Movimiento Campesino de Cajibío, hace hincapié en la importancia de detener el acaparamiento de tierras: “Para nosotros, más que la posesión y su uso, la tierra es donde construimos vida digna y por eso defender el territorio en Colombia se vuelve algo estratégico”, cuenta.

Poniendo tierras a disposición de la inversión –sin haber resuelto aún el complejo conflicto interno- “se desconoce que por medio de la fuerza ha habido una reacomodación de terratenientes; que se ha desplazado violentamente a millones de familias campesinas para que haya una disponibilidad de la tierra para megaproyectos”, afirma Serna subrayando que el movimiento campesino colombiano tiene listas propuestas y que el modelo agroexportador no es la única opción.