Nueve activistas han sido asesinados desde el inicio de 2015 en Guatemala, principalmente en comunidades indígenas opuestas a proyectos de infraestructura y minería, según un reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Otros 337 ataques contra activistas ambientales y defensores de derechos humanos han sido registrados durante este año, indicando un incremento de la violencia contra estos líderes desde que el presidente Otto Pérez llegó al poder en 2012.

Delfina Mux Caná, directora del programa de apoyo para comunidades indígenas de la ONG danesa IBIS en Guatemala, dijo a la DW que esta es una situación permanente en su país y que todos los asesinatos están claramente vinculados a actividades extractivas.

"Los únicos medios que los grupos indígenas tenemos para proteger sus derechos son los mecanismos internacionales, porque los gobiernos locales no apoyan nuestras protestas," dice Caná. Como resultado, los nativos deben hacer valer sus derechos y defenderse ellos mismos, lo que los convierte en blancos de guerra.

Caná dice además que pese a la vasta legislación existente en Guatemala para proteger los derechos de las comunidades indígenas y los activistas, esta queda en el papel."En la práctica, la oposición está siendo oprimida o asesinada."

Apetito por la destrucción

La creciente demanda global de productos cárnicos, soya, madera y petróleo ha llevado el desarrollo a nuevos territorios. Los grupos de derechos humanos notan que cada vez con más frecuencia empresas internacionales están cerrando contratos con sus gobiernos, sin consultar la opinión de las comunidades autóctonas.

Arlen Ribeira, administrador de COICA (Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) contó a la DW que varios proyectos se están desarrollando en la región amazónica, afectando directamente comunidades indígenas que se dan cuenta por primera vez de lo que está pasando cuando se ven rodeados de maquinarias industriales. Su resistencia es interceptada por fuerzas militares estatales y grupos paramilitares que se forman alrededor de los negocios petroleros, forestales y mineros.

Varios líderes indígenas han sido enjuiciados y condenados por vías legales por tratar de defender los derechos de sus comunidades de poderosas empresas, dice Ribeira. "El Estado no hace lo suficiente para protegernos".

El Defensor de Derechos Humanos de Guatemala, Jorge Eduardo de León, asegura que en los últimos años, el activismo ambiental se ha convertido en una profesión de alto riesgo. "El gobierno de Guatemala ha fallado en proteger la vida e integridad de los activistas, especialmente aquellos envueltos en protestas en contra de megaproyectos energéticos y mineros."

Adicionalmente, De León señaló que los activistas no son el único objetivo de los ataques, sino también los empleados oficiales que se dedican a hacer seguimiento a los casos. Además "El gobierno contribuye no solo a que estos casos permanezcan en la impunidad, sino que también desacredita el trabajo de los activistas, acusándoles de estar ligados a grupos vandálicos e ilegales”, señala.

Acuerdo incumplido

De acuerdo al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, las poblaciones indígenas tienen el derecho de preservar sus tradiciones y es obligación de los gobiernos protegerlas de ser erosionadas por la modernización.

Asimismo, estos grupos tienen derecho sobre los territorios que ocupan y usan para su propio beneficio y deben ser involucrados en cualquier actividad económica que les afecte. Prácticas como la tala, agricultura o minería deben contar con una previa consulta y aprobación de las comunidades nativas, estipula el convenio.

Anque este acuerdo es la más grande convención sobre pueblos indígenas, permanece aún inalcanzable para comunidades que habitan en poblaciones remotas, debido también a la entrega de tierras a entes privados bajo condiciones poco claras.

En Paraguay, por ejemplo, miembros del gobierno han vendido territorios tradicionalmente habitados por grupos indígenas a empresarios ganaderos que deforestan la zona con el fin de introducir ganado. El grupo Gente, Ambiente y Territorio (GAT) reportó –basándose en fotografías aéreas- que la empresa de origen brasilero Yaguareté Porá ha deforestado más de 10.100 hectáreas de territorios ancestrales.

En respuesta a estas prácticas, la comunidad indígena Ayoreo Cuyabia decomisó una excavadora que se encontraba talando árboles en sus territorios. Según organizaciones de derechos humanos, a principios de agosto de 2015, ganaderos, miembros de las fuerzas militares y policías contactaron al líder de la comunidad y lo amenazaron con usar la fuerza si se negaba a devolver la maquinaria. También hubo intimidación con disparos al aire por parte de grupos paramilitares, denunció Maximiliano Mendieta, abogado de esta comunidad indígena.

Un reporte mortal

El reporte "¿Cuántos más?", publicado por la ONG internacional Global Witness en marzo de 2015, refleja cómo la violencia contra activistas ambientales es particularmente aguda en países de América Latina y del Asia Pacífico.

Entre los años 2002 y 2013, 908 ambientalistas fueron asesinados en 35 países por razones relacionadas con su trabajo. Sin embargo, el 99 por ciento de estos casos permanece en la impunidad: durante el mismo tiempo, solo un 10 por ciento de los autores de estos crímenes han sido sentenciados.

Brasil ha sido considerado el país más peligroso para los ambientalistas, con 29 muertes solo en 2014, seguido por Colombia, con 25 casos en el mismo año. Sin embargo, Honduras es el país con el mayor número de ambientalistas asesinados per cápita, con 12 muertes en 2014.

Las comunidades indígenas sufren particularmente un duro golpe, pues representan el 40% del total de las víctimas.