En medio de una política de paz total cada vez más desacreditada, el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, el mayor cartel de narcotráfico del país, firmaron dos nuevos protocolos para fortalecer la transparencia y la coordinación en el proceso de paz que se desarrolla en Doha, Qatar.

El anuncio llega en un clima de desconfianza ante a una negociación sin marco jurídico claro, sin cese del fuego y con fuertes implicaciones territoriales. Entre las acciones acordadas, sobresale la puesta en marcha de un mecanismo tripartito encargado de supervisar, monitorear y verificar los compromisos adquiridos en Doha. 

El Estado colombiano garantizó apoyo financiero, técnico y logístico para su funcionamiento, así como para la labor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA).

También se estableció que la organización internacional emita informes bimestrales para evaluar avances y dificultades. El segundo documento, llamado Protocolo para el Seguimiento, Monitoreo y Verificación (SMV) de los Compromisos de Paz, especifica la organización y las funciones del mecanismo tripartito, cuyo propósito es reportar, evitar incidentes y comprobar que se cumplan los acuerdos establecidos en Doha.

Críticas a la falta de garantías

Las reacciones no se hicieron esperar. Sectores políticos y analistas advierten que se trata de un proceso débil en lo jurídico y riesgoso en lo territorial, en especial porque el Clan del Golfo —con unos 8.000 integrantes y presencia en narcotráfico, extorsión y minería ilegal— opera en regiones vulnerables en medio de un año electoral.

La politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), cuestiona parte de esas críticas, especialmente las relacionadas con una supuesta "entrega” de poder territorial. "El Clan del Golfo tiene en municipios de Chocó y Córdoba casi todo el control territorial desde hace 20 años, ellos ganaron el control de facto”, señala.

Sin embargo, sí expresa dudas sobre la aplicación del acuerdo: "Para la ejecución de acuerdos pequeños se necesita mucha interlocución y mucha articulación del Estado, algo que este Gobierno ha demostrado no tener”. Además, advierte que no existe un plan claro para recuperar el control territorial tras una eventual desmovilización: "Eso me parece más importante que el marco jurídico".

Por su parte, Viviana García, investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser ABI y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), subraya la fragilidad legal del proceso: "Entre los muchos obstáculos que la política del Gobierno no ha podido superar, está lograr la aprobación de un marco jurídico que facilite, en el caso de los grupos criminales, el sometimiento a la justicia. Está en proceso en el Congreso, pero no es claro si efectivamente va a ser aprobado”. 

El debate sobre el cese del fuego

Uno de los críticos más duros ha sido el exministro Luis Felipe Henao, que fue parte del Gobierno de Juan Manuel Santos. Henao calificó este nuevo acuerdo como "uno de los pactos de desmovilización más absurdos y peligrosos” de la historia de Colombia. Entre sus cuestionamientos, advierte que en el documento no se menciona un cese del fuego, que debería ser un punto primordial en este tipo de negociaciones.

Al respecto, la analista Bonilla recuerda que en este caso no se puede hablar de cese del fuego porque el Clan del Golfo tiene una estructura distinta y por lo general no busca enfrentarse al Ejército: "Muchos de sus militantes actúan como apoyos desde sus casas, no portan uniformes y no viven en campamentos como las guerrillas, que desde sus campamentos sí quieren tomar el poder por las armas”, afirma. "Para el Clan del Golfo, la fuerza más complicada con la que se enfrentan es la Policía. ¿Qué les afecta normalmente? La incautación de cocaína. Entonces, ¿qué tipo de cese de fuego les voy a proponer?”, cuestiona Bonilla.

García coincide en que es prematuro: "Recién están en un proceso de construcción de confianza, las condiciones de la negociación no están todavía lo suficientemente maduras como para demandar un cese del fuego”, recuerda, comparándolo con el inicio del proceso con las FARC.

Zonas de Ubicación Temporal en temporada electoral

Los dos protocolos se suman al acuerdo de abrir tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y en Tierralta (Córdoba), a donde llegarán los desmovilizados desde el 1 de marzo de 2026 bajo supervisión internacional. Sin embargo, esta fecha coincide con un momento crítico: una semana antes se realizarán las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales.

Para García, esto implica riesgos adicionales para las comunidades: "La prioridad del Gobierno debe ser la mejora de la seguridad de los civiles, que han sido los más afectados por las acciones de estos grupos”. Y advierte sobre la presión política: "El Gobierno tiene una gran urgencia por demostrar resultados concretos y por ello puede caer en varios errores”.

Aunque Bonilla considera que la paz total ha sido un "desastre”, defiende la necesidad de dialogar con estos actores: "Creo que, en este caso del Clan del Golfo, Colombia está proponiendo una salida posible, que obviamente hay que trabajar de una manera más seria, pero que puede ser una salida para que América Latina descubra qué puede hacer con el crímen organizado, que es nuestro principal problema hoy”, dice la representante de la Fundación Pares. 

Sobre si este acuerdo podría alimentar el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insiste en que Petro favorece al narcotráfico para desacreditar al país en nombre de la "lucha contra las drogas”, Bonilla plantea una duda geopolítica de fondo: "¿Podría Qatar venir a América Latina, a uno de los mayores aliados de los Estados Unidos, independientemente de que los presidentes ahora peleen —hemos sido aliados 40 años en la lucha contra el narcotráfico—, a mediar con un grupo armado ilegal del tamaño del Clan del Golfo sin permiso de los Estados Unidos? No tengo pruebas, pero mi intuición me dice que este proceso tiene permiso de Washington".

(ms)