La esperanza es grande: tras el acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC, Colombia podría por fin invertir en el desarrollo social del país el dinero que hasta ahora se gastaba en combatir militarmente a esa guerrilla.

"Eso es precisamente lo que esperamos”, dice el sacerdote Jesús Albeiro Parra Solís, miembro de la Comisión "Vida, justicia y paz”, de la diócesis de Quibdó. "El gobierno ya no puede argumentar que no puede invertir en algunas regiones porque se libran allí conflictos armados”, indica.

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Estrechez económica

El Papa no dejó lugar a dudas en cuanto a que la inequidad en la distribución del ingreso es la raíz de los males sociales. En su reunión con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y otros líderes políticos, en Bogotá, abogó por una legislación que combata los orígenes de la pobreza estructural, porque sin ello será imposible el desarrollo en paz y con justicia.

Sin embargo, precisamente en el momento en que Colombia necesita dinero para poner en práctica los históricos acuerdos de paz, la coyuntura económica se estanca. La caída del precio del petróleo y la reducción de la demanda china han frenado el pequeño milagro económico: tras tasas de crecimiento del orden de un 6 por ciento en promedio entre 2004 y 2007, la economía creció el año pasado solo un 2,3 por ciento, según el Banco Mundial.

El costo de la paz

Peor aún: los problemas económicos ponen en peligro lo ya alcanzado en materia de aumento del ingreso per cápita. Este ha vuelto a retroceder desde 2014. Y también el exitoso combate contra la pobreza se ve amenazado. La necesidad de recuperar terreno es en Colombia aún mayor que en Brasil.

A lo anterior se suma el hecho de que la paz costará por lo pronto dinero al Estado. Según cálculos del Gobierno, la puesta en práctica del acuerdo con las FARC tendrá un costo de unos 37.000 millones de euros en los próximos 15 años.

La mayor parte (un 85 por ciento) la consumirá la reforma agraria pactada. Esta contempla no solo la redistribución y regulación de las propiedades agrícolas, sino también programas de fomento y de mejora de la infraestructura en zonas donde el Estado no invirtió por décadas.

El negocio de la droga

En segundo término figura la lucha contra el cultivo ilegal de coca. En los últimos tres años, su producción aumentó en Colombia un 200 por ciento. Hay básicamente dos razones que lo explican. Desde 2015, los campos de coca ya no son destruidos con glifosato por orden del Gobierno. Además, milicias y cárteles se han apropiado de terrenos desde que las FARC entregaron las armas.

El lucrativo cultivo y el comercio de drogas es a veces el único modo de subsistencia para parte de la población rural, en vista de la falta de perspectivas. "Los campesinos producen, pero sus productos no valen nada”, dice Juana Zambrano, de la pastoral social en el departamento de Arauca.

"Escuchen a los pobres”

Si bien la población rural abastece al país de alimentos, no tiene acceso a la educación ni a la asistencia sanitaria, y sus ingresos son miserables. "Allí se muestra la desigualdad social”, afirma Zambrano.

Para ella, al igual que para muchos colombianos, las palabras del Papa son bálsamo para el alma. "Escuchen a los pobres y a los que sufren”, dijo Francisco a los políticos del país, subrayando: "En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de humanidad, de dignidad".