La historia que protagonizó el general mexicano Salvador Cienfuegos rivaliza con los mejores guiones de Hollywood: fue el intocable y temido hombre fuerte de la seguridad en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). En octubre, fue detenido en Estados-Unidos, acusado de ser "Padrino" de narcotraficantes. Y anoche, apenas cinco semanas después de su arresto, regresó libre a México, luego de que la Fiscalía estadounidense retirara los cargos contra él a raíz de un acuerdo entre gobiernos. Aunque los detalles del entramado diplomático todavía se desconocen, el "caso Cienfuegos" tiene desde ya implicaciones políticas. Según analistas consultados por DW, puso a prueba seriamente la cooperación bilateral y reveló cómo los uniformados, a raíz de la guerra contra las drogas promovida por EEUU, han ganado mayor peso en la política mexicana.

"No habla bien de la salud de la democracia"

En la noche del miércoles, vestido de traje oscuro y con una gran sonrisa en la cara, Cienfuegos regresó a su país, cerrando así el mayor incidente bilateral desde la llegada al poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. Fue recibido en el aeropuerto de Toluca, donde después de 15 minutos de trámites, fue puesto en libertad. El expediente estadounidense quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene que decidir ahora qué hacer con el general. "No será procesado", vaticina el experto en seguridad, Alejandro Hope, en entrevista con DW. Como se privilegió el manejo político sobre el judicial, las posibilidades de saber si las acusaciones tenían respaldo o no, se desvanecen. Según Hope, el regreso se debe a la presión de los militares. "Ellos vivieron eso como un agravio a la institución y temían que la reputación del Ejército quedara más manchada si había un juicio", cree el politólogo graduado en la Universidad de Pensilvania.

También Catalina Pérez Correa destaca el trato diferenciado que le ha dado el gobierno a Cienfuegos comparado con otros ciudadanos, como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), también acusado en EE.UU. por proteger a narcotraficantes. "Llama la atención que a García Luna se le considera culpable antes de que termine el proceso", dijo a DW la doctora en derecho por la Universidad de Stanford, en California.

El arresto del General a mediados de octubre en un viaje familiar a Los Angeles tomó las autoridades mexicanas por sorpresa. Puso a prueba las relaciones entre López Obrador y los militares, que han asumido en su gobierno muchas tareas civiles como construir aeropuertos, distribuir gasolina y reforestar bosques. "Es la institución pública con mayor peso político en el país y la única que obligó al gobierno a arriesgar un conflicto con EE.UU.", constata Hope. "Algo que ni los empresarios pudieron hacer cuando Trump puso en juego el Tratado de Libre Comercio. Eso no habla bien de la salud de la democracia mexicana."

Garrote y zanahoria tras bambalinas

Algunos comentaristas consideran que el regreso fue un regalo del presidente estadounidense saliente, Donald Trump, para agradecer a López Obrador por su no-reconocimiento de la victoria de Joe Biden. Sin embargo, medios estadounidenses publicaron que México amenazó con expulsar a la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) y con congelar la cooperación en seguridad. El canciller Marcelo Ebrard no confirmó estos reportes, pero dejó entrever que una de las líneas de argumentación fue que "si no hay confianza en nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y los funcionarios de Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen”.

"La amenaza de echar a la DEA es por sí sola no suficiente", considera Hope. "Creo que hubo garrote y zanahoria y que México ofreció al mismo tiempo abrir más las puertas a la DEA." También otras consideraciones pudieron haber influido en ojos del experto: "El enojo de las FF.AA. representaba un reto para la estabilidad del país. A las agencias estadounidenses les generó temor que el Ejército pudiera dejar de obedecer al presidente y que eso debilitara su capacidad de operación en el terreno".

Pérez Correa va más allá. En su opinión, el arresto del general también desacreditaba y cuestionaba la política antidrogas estadounidense, enfocada en la militarización. "Es esta política antidrogas la que ha traído a México el creciente papel de los militares," dice la investigadora visitante en el Schell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, en EE.UU. Ella, sin embargo, tiene alguna expectativa ante el cambio de gobierno en EE.UU. De Joe Biden y el Partido Demócrata, Pérez Correa espera "mayores exigencias en términos de desmilitarización de México".