El Parlamento de Sudáfrica votó a favor de una moción para cerrar la embajada de Israel en Pretoria y suspender todas las relaciones diplomáticas con ese país hasta que se acuerde un alto al fuego en el conflicto armado con la organización radical islamista Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

La propuesta, tiene un claro carácter simbólico, pues es el gobierno del presidente Cyril Ramaphosa el único con atribuciones para aplicar dicha resolución. La moción fue presentada por el partido de oposición Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y votada el martes 21 de noviembre, y consiguió el respaldo de 248 parlamentarios, mientras que 91 votaron en contra.

"En nombre de nuestros propios valores constitucionales debemos poner fin a las relaciones hasta que se respeten y protejan los derechos humanos de los palestinos", declaró la semana pasada el líder del partido EFF, Julius Malema, cuando propuso la votación. "Israel debe cumplir el derecho internacional y hasta entonces cualquier relación con ellos debe considerarse una ofensa a nuestra Constitución", añadió.

El gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), por su parte, aludió a las "atrocidades que se cometen actualmente en la Palestina ocupada" para justificar su apoyo a la moción parlamentaria.

Medida puede jugar en contra 

Antes de la votación, Corne Mulder, del partido nacionalista Frente de la Libertad (FF+), advirtió que la medida podría jugar en contra de los intereses sudafricanos. "Si se expulsa al embajador de Israel y se cortan todos los lazos diplomáticos, Sudáfrica no estará en condiciones de desempeñar ningún papel, de ningún tipo, en términos de mediación, ni tampoco podrá desempeñar un papel positivo y constructivo para poner fin a este conflicto", dijo Mulder.

El presidente Ramaphosa y otros altos funcionarios han criticado abiertamente a Israel por su campaña militar contra Hamás en la densamente poblada Franja de Gaza.

"El castigo colectivo al que se ha sometido a los civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel es un crimen de guerra", dijo Ramaphosa el martes en una reunión virtual de los BRICS, el grupo de las mayores economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. "La denegación deliberada de medicinas, combustible, alimentos y agua a los residentes de Gaza equivale a un genocidio", agregó.

La semana pasada, Ramaphosa dijo a los periodistas durante una visita a Qatar que Sudáfrica "había remitido el caso" a la Corte Penal Internacional (CPI) "porque creemos que se están cometiendo crímenes de guerra" en Gaza.

Los presuntos crímenes se estaría cometiendo "en tiempo real", afirmó Ramaphosa, citando como ejemplo el mayor centro sanitario de Gaza, el hospital Al Shifa. Israel asegura que Hamás tiene un centro de mando bajo el recinto y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han afirmado que sus tropas encontraron armas, material de combate y equipamiento tecnológico durante una redada en las instalaciones.

"En el hospital, encontramos armas, material de inteligencia, tecnología y equipos militares", dijo el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, citado por la agencia de noticias AFP. El Ministerio de Salud gazatí, dirigido por Hamás, negó que hubiera armas en el hospital.

Según cifras divulgadas el 21 de noviembre, el número de muertos en Gaza superó los 14.000, según las autoridades de Hamás.

Organizaciones proisraelíes, contra el gobierno sudafricano

La semana pasada, Benji Shulman, director de políticas públicas de la Federación Sionista Sudafricana, pidió al gobierno sudafricano a que dejara de interferir en el derecho de Israel a defenderse y, en su lugar, facilitara la liberación de los rehenes tomados por Hamás.

"La Federación Sionista Sudafricana sostiene que Israel sigue llevando a cabo su guerra defensiva contra las organizaciones extremistas de Hamás en consonancia con el derecho internacional contra quienes han asesinado a mujeres y niños y a supervivientes del Holocausto, y también han tomado 240 rehenes de diversas nacionalidades", declaró Shulman.

Pero el analista político Kwandile Kondlo se mostró de acuerdo con que la ANC remita a Israel a la Corte Penal Internacional (CPI). "Si la CPI no puede actuar, no tenemos motivos para creer en esa institución", afirmó Kondlo. "Este es el momento para que la CPI intente ser una institución veraz, una institución internacional de justicia", agregó.

Doble estándar

Algunos observadores han acusado a Sudáfrica de aplicar un doble estándar en sus opiniones sobre la Corte Penal Internacional. Cuando la CPI solicitó a Sudáfrica que ejecutara una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, si asistía a la cumbre de los BRICS que se celebró en Johannesburgo en agosto, hubo declaraciones contradictorias tanto del gobierno como del partido gobernante ANC, y hubo voces que pidieron la retirada de Sudáfrica de la CPI.

Argumentos similares surgieron en 2015 cuando Sudáfrica no detuvo al expresidente sudanés Omar al Bashir, sobre quien pesaba una orden de detención de la CPI, cuando asistió a la cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo.

 

Este artículo se publicó originalmente el 18 de noviembre de 2023. Se ha actualizado para reflejar los últimos acontecimientos.

(dzc/cp)