Las amigas de Maritza Quiroz cuentan que cuando le mostraron el panfleto amenazante que había llegado a su oficina, ella les dijo que eso no la asustaba. Ya era abuela, tenía 60 años y el conflicto armado ya la había desplazado y le había quitado a su esposo. Sabía que las amenazas tienen el poder de silenciar a las personas, por lo que resistió y siguió trabajando en favor de las mujeres desplazadas en la Asociación de Afro-descendientes Nelson Mandela. El 5 de enero de 2018, dos sicarios llegaron en motocicleta a su casa, en la vereda San Isidro, ubicada a cuatro horas de la ciudad portuaria de Santa Marta. De nada sirvió que Maritza tratara de correr, la violencia la había alcanzado de nuevo.  

Un año después, los compañeros de trabajo de Maritza renunciaron. Los culpables del asesinato siguen libres, la investigación no avanza y ellos no cuentan con las garantías de seguridad suficientes para seguir con sus tareas. "Con la muerte de ella nos silenciaron a todos”, cuenta María Yésica Choles, compañera de trabajo que teme que el caso de Maritza quede en la impunidad. "El año pasado fueron 160 casos y eso es preocupante, que nosotros como líderes sigamos contando cuántos muertos van”.

El país vive un aumento de este tipo de asesinatos selectivos. La cifra de homicidios a líderes se incrementó en un 39% entre 2016 y 2017, mientras que el año pasado se registraron más de 164 casos.

La Fundación Paz y Reconciliación considera que cada asesinato de un líder aleja al país de alcanzar la paz y que existe un entramado detrás de los asesinatos. Señala que la mayoría de las víctimas suelen ser reclamantes de tierras y habitantes de zonas rurales dominadas anteriormente por las desmovilizadas FARC. Sin embargo, el estado colombiano desconoció las coincidencias de los casos hasta el año pasado, cuando la Fiscalía afirmó que existían elementos suficientes para hablar de sistematicidad.

300 millones de dólares protegiendo líderes

La Unidad Nacional de protección es la encargada de velar por la seguridad de los líderes amenazados. Más de 4.500 líderes sociales cuentan hoy en día con esquemas de seguridad que, según la gravedad, pueden incluir guardaespaldas, autos blindados, chalecos antibalas y sistemas de alerta.  

El Estado destina más de 300 millones de dólares a tratar de evitar que los asesinatos continúen, pero la unidad no da abasto.

Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, las acciones gubernamentales no han tenido el impacto deseado. La clave para acabar con los asesinatos de los líderes estaría en tomar acciones contra los responsables "Hasta que nosotros no determinemos quién es el que paga para que maten líderes sociales, va a seguir la impunidad y en eso el Estado colombiano ni quiere, ni puede”. 

"Sin líderes no hay paz”

Las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para cumplir con los derechos básicos de sus habitantes dieron pie a la figura del líder social como un interlocutor entre las demandas de la población y la capacidad de ejecución de las instituciones locales. Con el proceso de paz se abrieron espacios de diálogo sobre asuntos que antes eran tabú, como el modo en que distintas empresas y terratenientes se enriquecieron con el conflicto armado. Parte de la función de los líderes ha sido acompañar en los procesos de restitución de tierras a más de 7 millones de personas que fueron desplazadas, con lo cual se desea poner fin a décadas de venganzas y crímenes.

Para Chadán Rosado, personero de Santa Marta, el asesinato de líderes como Maritza empobrece a toda la sociedad colombiana, y ocasiona "un sinnúmero de perjuicios porque era una buena persona, una buena mamá y al no proteger a una gran líder, se pierde esa vocación de servicio y ese gran corazón para servir en favor de las víctimas”. 

Los hijos de Maritza consideran que los asesinatos de líderes sociales tienen consecuencias más allá de las que sufren las víctimas y sus familiares:

"Esto puede llevar al proceso de paz al fracaso, porque los que más han sufrido estos años de guerra son las víctimas y la población civil, y al asesinar a sus líderes quedan sin voz ni voto”. Muchos temen que este ciclo sea apenas el comienzo y que la violencia se recrudezca, como sucedió en el 2003, cuando asesinaron a más de 1.900 líderes.

Los hijos de Maritza, al igual que las compañeras de trabajo de la líder, consideran que es de vital importancia llevar los casos a La Haya. Dado que la justicia colombiana parece no ser capaz de juzgar a los culpables, un tribunal internacional podría otorgar las garantías suficientes de que se conocerán las motivaciones y los autores de los crímenes.

Mientras tanto, la lápida de Maritza se destaca por ser una de las pocas en el cementerio que no están adornadas con flores: todos en Santa Marta saben dónde queda su tumba, pero también saben que Maritza pagó el precio por enfrentarse a quienes se aferran a su poder.