Los resultados del domingo representan un grave desafío para la preservación del régimen de Nicolás Maduro. De un lado, las primarias lograron movilizar a más de dos millones y medio de venezolanos, en unas elecciones gestionadas de manera autónoma por la sociedad civil venezolana, con pocos recursos, enfrentando presiones y persistentes amenazas por parte del régimen. Por otro lado, una vez finalizada la elección, el resto de las fuerzas políticas opositoras aceptaron prontamente los resultados y dieron su respaldo público a María Corina Machado, candidata que se encuentra inhabilitada de forma inconstitucional y que, a pesar de ello, obtuvo más del 92 por ciento de los votos de la consulta. 

La masiva movilización popular que respaldó de manera casi unánime a la candidata con el discurso más desafiante frente al chavismo, así como los signos iniciales de unidad de las fuerzas opositoras en torno a su figura, constituyen el peor resultado que podía esperar el régimen. Maduro, enfrentando un rechazo nacional que ronda el 80 por ciento, ha basado su estrategia de cara a las elecciones presidenciales en tácticas dirigidas a desestimular la participación, dividir a la oposición, e intentar imponerles la selección de un candidato conciliador.

Judicialización y criminalización de las primarias

Los resultados de la consulta tomaron por sorpresa a los más altos jerarcas del régimen. Sin embargo, consistentes con su historial, pasaron a descalificar y deslegitimar la decisión y a utilizar los resortes del Estado para anular la expresión de la voluntad popular. Esto también fue el caso cuando en el 2007 Hugo Chávez perdió la consulta para reformar la Constitución, así como también en el 2015 cuando Nicolás Maduro perdió la Asamblea Nacional a manos de la oposición democrática. 

El 24 de octubre, Cilia Flores, diputada y esposa de Nicolás Maduro, arremetió contra las primarias calificándolas de fraudulentas y exigiendo que los presuntos responsables rindan cuentas ante las autoridades por sus presuntos delitos. Siguiendo la misma línea, Diosdado Cabello, figura prominente en el régimen, acusó a la oposición de manipular los resultados. Las órdenes emanadas desde las altas esferas del gobierno encontraron una respuesta inmediata por parte de las instituciones estatales. El 25 de octubre, el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, tras denunciar el evento de las primarias como un "fraude y un acto burlesco", anunció la designación de dos fiscales para llevar a cabo una investigación penal contra los miembros de la Comisión Electoral de Primarias y los integrantes de la ONG Súmate. Los cargos presentados incluían acusaciones por "usurpación de funciones electorales" en relación con el Consejo Nacional Electoral, "usurpación de identidad" vinculada al presunto uso no autorizado de la identidad de votantes venezolanos, "legitimación de capitales" en relación con los fondos utilizados para la realización de las primarias, y "asociación para delinquir". Estas graves acusaciones trascienden el ámbito estrictamente electoral y podrían resultar en el enjuiciamiento y encarcelamiento de los ciudadanos bajo investigación.

A pesar de que destacados juristas, como el constitucionalista José Vicente Haro y Alí Daniels, cofundador de la ONG "Acceso a la Justicia", han desestimado las denuncias como "infundadas" y "arbitrarias", el control que ostenta el régimen chavista sobre el sistema judicial venezolano hace presumir que la falta de fundamento de tales acusaciones no representa un obstáculo para que jueces y magistrados emitan veredictos condenatorios, tal como ha ocurrido en numerosas ocasiones en el pasado.

Los acuerdos de Barbados

La desmesurada reacción del régimen ha sido señalada por distintos voceros políticos, tanto nacionales como internacionales, como una violación a los recientes acuerdos suscritos el 17 de octubre de este año en Barbados entre el régimen de Maduro y la oposición democrática.  El Secretario General de la ONU pidió respetar y aplicar dicho compromiso, en particular el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales. Por su parte, Machado declaró que los "ataques a las primarias deben resolverse en Barbados”.

La discusión política dentro del marco de Barbados será ahora más complicada. De entrada, Jorge Rodríguez advirtió:  "nosotros, nunca, jamás de los jamases, nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista”, refiriéndose a Machado. Ahora bien, es impensable que las negociaciones dentro del marco del acuerdo no vayan a estar dirigidas por quien acaba de recibir el respaldo de más del 92 por ciento del electorado opositor. Esta es una realidad con la cual deberá lidiar el régimen de aquí en adelante, la reconozca o no. La alternativa sería negociar con actores cuyos compromisos no solo carecerían de relevancia para la ciudadanía opositora, sino que además difícilmente serían reconocidos por la comunidad internacional. 

Otro aspecto fundamental para tener en cuenta es la naturaleza general que rige en gran parte el acuerdo alcanzado en Barbados. Por un lado, esta característica se atribuye a la intención de utilizar el documento como un punto de partida para futuros compromisos más detallados, particularmente en lo que concierne a las cuestiones relacionadas con las inhabilitaciones y la situación de los presos políticos. Por otro lado, esta redacción refleja la voluntad del régimen de Maduro de evitar compromisos específicos, lo que sugiere una estrategia deliberada para mantener abiertas posibles vías de escape a través de la interpretación sesgada de las cláusulas del acuerdo. Esta realidad plantea desafíos cruciales en el desarrollo, implementación y supervisión efectiva del acuerdo en un contexto político tan complejo como el de Venezuela.

Es por ello que mientras el jefe de la delegación negociadora del régimen, Jorge Rodríguez, insiste en que las presuntas irregularidades durante las primarias representan una falta de respeto a los acuerdos establecidos en Barbados, Gerardo Blyde, al frente de la delegación de la oposición, argumenta que "el oficialismo está interpretando erróneamente el contenido del acuerdo de Barbados" y que son las medidas de judicialización de las primarias las que constituyen una violación directa de lo acordado en dicho documento. Esta muestra de disparidad en la interpretación subraya las tensiones y los desafíos inherentes a la implementación de este acuerdo.

Los acuerdos de Qatar

Finalmente, el otro factor a considerar es que buena parte de la fuerza conminatoria de los compromisos de Barbados devienen de los acuerdos secretos alcanzados en Qatar entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden (presumiblemente con algún tipo de consulta a la oposición venezolana). Por supuesto, de estas negociaciones se sabe muy poco. Sin embargo, sus efectos se han hecho notar: por un lado, obligaron al régimen de Maduro a suscribir los acuerdos de Barbados, a permitir la celebración de las primarias de la oposición; a establecer la fecha de las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024 y a liberar a cinco presos políticos. Por su parte, la administración norteamericana otorgó por seis meses cuatro Licencias Generales que permiten al régimen transacciones en las industrias del petróleo y del oro en Venezuela, así como el aval para negociar deuda.

Se vislumbra que, desde la perspectiva del régimen de Maduro, la firma de los acuerdos representa una respuesta a la imperiosa necesidad de que se le levanten las sanciones internacionales. La intención de Maduro es obtener recursos antes de las elecciones programadas para 2024, con la esperanza de contrarrestar en cierta medida la imagen tan desfavorable que pesa sobre su gestión. No obstante, resulta imprescindible tener presente que la prioridad para Maduro sigue siendo la preservación del poder, y que la elección presidencial simplemente representa un medio para legitimarse internacionalmente. 

En cuanto a los Estados Unidos, se puede suponer que, junto con la aspiración de que se recupere la democracia en Venezuela, se busca que a mediano plazo el país pueda ayudar paliar las graves consecuencias que sobre el mercado energético está teniendo la guerra en Ucrania y que podrían agravarse peligrosamente con una posible extensión al Medio Oriente del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Por otra parte, con elecciones a la puerta en Estados Unidos, el gobierno de Biden necesita que haya mayor estabilidad en Venezuela para amainar el flujo de inmigrantes que presionan la frontera norteamericana. De la conjunción de estos intereses dependerá la presión que la administración Biden haga sobre el régimen de Maduro para el cumplimiento de los acuerdos de Barbados.

A este complicado panorama, habrá que agregar la capacidad de presión política y social que pueda ahora ejercer la candidata recién electa luego del contundente respaldo popular recibido en las primarias. Ello podría subir mucho los costos políticos que el régimen tendría que pagar si persiste en su determinación de impedir su participación arbitrariamente. En todo caso, los resultados de esta consulta ciudadana han producido el peor escenario para las aspiraciones de Maduro de mantenerse en el poder.

(dz)