"Perú no es un país pobre, sino un país de pobres", sostiene la organización eclesiástica que reclama una participación más equitativa de la población peruana en los beneficios de la explotación del subsuelo. La minería es el ejemplo más dramático de cómo la población queda excluida de los beneficios de la actividad económica mientras que sus exportaciones son vendidas en los mercados internacionales a precios de remate. Más del 50% de divisas provienen de la minería, sin embargo esta actividad aporta sólo un 6,6% al Producto Interno Bruto, PIB. Tan sólo da empleo a un 0,5% de la población económicamente activa. Todo esto apunta a que la mayor parte de las ganancias derivadas de esta actividad se queda en los países de donde provienen las trasnacionales que explotan el subsuelo, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Esta pujante industria, motor de la economía peruana, espera alcanzar un valor de 10.000 millones de dólares en sus exportaciones este año, según estimaciones del sector. En el 2005 las ventas de metales y minerales al exterior alcanzaron un valor de 9.500 millones de dólares. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc, el segundo de plata y el quinto de oro. Por la riqueza de su subsuelo, Perú pertenece a los 7 países más ricos en recursos naturales. Cuenta con un 30% de las reservas mundiales de oro y 16% de las de plata. Ocupa el segundo puesto en la producción de zinc y bismuto y el quinto en cobre y estaño. La minería se encuentra en auge.

Estándares de salud y cogestión

Con motivo de la visita en Alemania del Arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, la organización eclesiástica demanda que la población peruana tenga voz y voto en el control de la actividad minera y que esta industria se apegue a los lineamientos sanitarios formulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Hay que imponer medidas urgentes de saneamiento para contener los daños medioambientales. El suelo está fuertemente contaminado y podría decirse que el agua está envenenada", señala en entrevista con DW-WORLD, Jürgen Lieser, experto de Caritas Internacional.

La Oroya se encuentra en los Andes centrales del Perú y cuenta con una población de unos 30 mil habitantes. La trasnacional estadounidense Doe Run se estableció en la región en 1922 y actualmente da empleo a unas 3.500 personas. Procesa enormes cantidades de minerales provenientes de minas de todo el país, incluso de Bolivia. Entre ellos cobre, zinc, plomo y reducidas cantidades de oro, plata y otros metales.

Gases letales

Según corresponsales, en la localidad se respira un aire enrarecido y pestilente, azufre mezclado con polvo que ha manchado ya las paredes del pueblo. Según varios estudios, entre ellos el realizado por la Universidad de San Luis, cofinanciado por Caritas, las enfermedades que padecen los mineros y sobre todo los niños y los ancianos, se deben a las emisiones de dióxido de azufre, plomo y arsénico que expiden las chimeneas del complejo metalúrgico. Sobre todo conocidos son los llamados "niños de plomo", que presentan altas concentraciones de plomo en la sangre.

La empresa cuya matriz se encuentra en San Luis, Estados Unidos, pide al gobierno un plazo de cinco años de prórroga para la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico, que evitaría la emisión de mortales metales pesados. La empresa argumenta que los gastos necesarios, de unos 108 millones de dólares, supondrían una crisis financiera.

"Sería una irresponsabilidad que las medidas, que tienen carácter de urgencia, fueran pospuestas", sostiene Lieser. El experto explica que la actividad minera por sí misma no supone, tomando las medidas adecuadas, consecuencias negativas para la población y para el medio ambiente. "Sucesivos gobiernos peruanos (sobre todo el de Fujimori) han otorgado condiciones muy favorables a la operación de trasnacionales mineras por temor a que, de no ser suficientemente lucrativa, no invertirían en el país", explica.

Prioritario proteger la salud

"Prioritario debe ser la protección de la salud de la población", afirma. El experto destaca otro aspecto a ponderar. "La actividad minera es extensiva territorialmente y en un país como Perú, en donde la agricultura de subsistencia sigue siendo muy importante, corresponde a la población decidir si lo más conveniente es destinar estas tierras a la minería o si sería mejor ocuparlas para la agricultura", afirma.

Aludiendo a las nacionalizaciones de los recursos estratégicos en Bolivia y si éstas suponen un ejemplo a seguir en Perú, el experto responde que la minería en manos del Estado no necesariamente es una garantía de mejoría. "Bolivia estatizó sus recursos en los años 50, posteriormente fueron privatizados y recientemente nuevamente nacionalizados. Independientemente de en manos de quién se encuentren, esperamos que el gobierno asuma su responsabilidad política y social exigiendo a las empresas que cumplan con los estándares internacionales de salud y medioambiente", afirma.

El representante de Caritas Internacional señala que no se percibe una gran diferencia entre los dos candidatos que se encuentran en la recta final para las elecciones presidenciales. "Alan García ya fue presidente y no hizo un buen papel en lo que se refiere a esta cuestión. Sabemos que Ollanta Humala se ha pronunciado al respecto pero tenemos cierto escepticismo. No sabemos si implementará lo que promete", afirma. La organización destina unos 300.000 euros para financiar programas de prevención de enfermedades provocadas por la actividad minera en el Perú.