México busca a sus desaparecidos
12 de febrero de 2019![Mexiko Internationaler Tag der Verschwundenen Demonstration in Mexiko-Stadt](https://static.dw.com/image/47485745_800.webp)
Más de 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Las cifras reconocidas por el gobierno mexicano hablan de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos que vive el país, según admitió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al presentar el pasado 4 de febrero el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Tras intentos de gobiernos anteriores, como el plan presentado en 2015 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la ONU, en Ginebra, para abordar de manera integral la desaparición de personas, surge la interrogante de si esta vez el plan será efectivo.
A pesar del avance que significó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en vigor desde enero de 2018, organizaciones de familiares de las víctimas habían expresado su molestia porque esta normativa no se aplicaba.
Por ello este nuevo plan reanima la esperanza de que el país deje de ser una "gran fosa clandestina”, como señaló Encinas. "Tal vez el principal mérito de este plan es que busca adecuar la respuesta del Estado a la magnitud y complejidad de un problema que supera la capacidad de respuesta de cualquier Estado del mundo. Esto no puede ser abordado con las instituciones regulares. La creación de un mecanismo especial para abordarlo es una buena noticia”, dice a DW Rafael Barrantes, coordinador del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central.
"Otro mérito importante de lo anunciado, que es todavía un trabajo en construcción, es que está siendo discutido con las familias, con las organizaciones de la sociedad civil, los expertos internacionales y locales del país”, destaca Barrantes.
Ya desde antes que asumiera Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de transición organizó reuniones de trabajo en ese sentido, para recoger la experiencia y recomendaciones de distintos sectores involucrados en aspectos como estrategias de búsqueda, identificación, así como prevención, investigación y sanciones.
No sin las familias
El plan recoge "elementos sustantivos de las propuestas y exigencias que familias y organizaciones han planteado”, destaca el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Luchadores incansables en la búsqueda, no solo han presionado para lograr el compromiso del gobierno de AMLO, sino que poseen la experiencia indispensable para asesorar y acompañar las tareas planteadas, en un desafío que no se puede emprender sin las familias.
En palabras del movimiento, esto demuestra el compromiso público del gobierno para la búsqueda y localización de los desaparecidos y por "romper el círculo de impunidad que ha permitido la continuidad de esta práctica atroz en el país”.
"En un país como México, con 32 entidades federativas, donde todo está muy descentralizado, es muy positivo que el Estado federal esté organizando una repuesta, lo que nos dice que vamos a tener más coherencia en la forma de abordar el problema”, apunta Barrantes.
Una respuesta creativa
Entre las 11 las medidas del plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), con un presupuesto de 400 millones de pesos (unos 18 millones de euros), y un Instituto Nacional de Identificación Forense. Esto permitirá integrar las tareas de los 32 estados del país y con ello aunar registros y buscar soluciones coordinadas.
El gobierno ha solicitado asesoría nacional e internacional, invitando a participar a expertos de la Escuela Nacional de Antropología, el Comité Internacional de la Cruz Roja, agencias de las Naciones Unidas y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Junto con la búsqueda e identificación, el gobierno ha reconocido que la prevención de la desaparición forzada y encontrar a las personas vivas es prioritario. Por eso es también fundamental que la Policía y la Justicia avancen en mecanismos de reacción ante estas desapariciones, se identifique a los responsables y se les apliquen las penas correspondientes.
"Somos optimistas”, reconoce Barrantes ante las expectativas que surgen ante este plan, al tiempo que señala que no existen modelos únicos para abordar esta crisis y que para ello se debe continuar trabajando con las familias, la sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales: "Necesitamos de todos. Nuestra recomendación es ser creativos, aprender de la experiencia que ya existe y sobre todo tomar riesgos, no limitarse a la institucionalidad existente, sino, como es el caso del mecanismo forense que se ha sugerido, tratar de buscar alternativas fuera de lo regular”.
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(er)