El 7 de julio de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró el llamado Plan Frontera Sur con el propósito de “proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes que ingresan y transitan por México”, según indicó en aquella fecha un comunicado oficial del gobierno mexicano. Ante el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (actualmente en prisión preventiva, acusado de corrupción), Peña Nieto anunció que se crearía la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), organismo encargado de asegurar “la adecuada operación de este programa”.

A poco más de un año de ser instituida, la CAIMFS fue disuelta. Su antiguo titular, Humberto Mayans Canabal, enalteció como gran logro de su corta gestión la “modernización” del tren de carga del sur conocido como “La Bestia”, que es usado por migrantes centroamericanos a su paso por México. A través de una inversión estimada en 102 millones de pesos, el ferrocarril avanza ahora a una velocidad seis veces mayor que la original, agilizando el tráfico de mercancías y, de paso, impidiendo el abordaje del tren de carga por parte de los inmigrantes.

Dispersar la migración

En la práctica, el Plan Frontera Sur “ha sido un esfuerzo del gobierno mexicano, por un lado, de reposicionar a más personas a la región sur, haciéndoles muy difícil usar el tren como vía de transporte, y por otro, de aumentar el número de revisiones móviles en las carreteras”, dice a DW Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México y derechos de migrantes en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Esto, agrega la experta, provoca una dispersión de las rutas que usan los inmigrantes en su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, el flujo migratorio no ha disminuido.

Tampoco se proporciona a los inmigrantes centroamericanos la protección invocada por el presidente mexicano al presentar el Plan Frontera Sur. “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta un aumento de quejas por abusos cometidos por personal mexicano de inmigración”, indica Meyer. Uso excesivo de la fuerza, malas condiciones de detención, aumento en el número de robos y extorsión son algunos de los fenómenos que se han acentuado como resultado de esta política.

“Los inmigrantes se ven obligados a usar rutas más remotas que los ponen en mayor riesgo y en menor posibilidad de acceder a protección como la que brindan las casas del migrante”. De este modo, “aumentar la seguridad a los migrantes es la parte que menos está cumpliendo el gobierno mexicano en lo que respecta a este programa”, señala Maureen Meyer.

Aumentan deportaciones

Al mismo tiempo, el Plan Frontera Sur derivó en un aumento pronunciado en el número de deportaciones de ciudadanos centroamericanos por parte de México. En un informe publicado el pasado mes de junio, WOLA señaló que México detiene actualmente a más inmigrantes –en su mayoría centroamericanos- que Estados Unidos.

El documento estima que entre octubre de 2014 y abril de 2015, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 70.448 personas, mientras que en ese mismo lapso las autoridades mexicanas detuvieron a 92.889 inmigrantes centroamericanos en México.

Organizaciones como ACNUR consideran que aproximadamente la mitad de los niños inmigrantes que llegan a México podrían calificar para solicitar el estatus de refugiados. Sin embargo, “en la mayoría de los casos ni siquiera se les pregunta si tienen temor de regresar a su país”, dice Meyer. Así, un asunto pendiente en la implementación del programa migratorio es precisamente la aplicación de protocolos que garanticen la protección jurídica de los migrantes, asegura la experta.