Vienen a hacer una gira por Europa con el informe "El plan que asesinó a Berta Cáceres” bajo el brazo. También con la idea de presentar querella contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) por lo que estiman fue su participación, por negligencia, en los cruentos sucesos de marzo de 2016.

En Bruselas, esta delegación hondureña formada por un especialista del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), por el coordinador del equipo legal por la justicia para Berta Cáceres y por la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) toca a las puertas de las instituciones europeas para visibilizar la fragilidad del sistema de justicia en su país.

En un momento en que se acaba la prisión preventiva de los ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres, "en esta gira se trata de pedir en las instancias europeas que hagan presión para llegar a la verdadera autoría intelectual y así tener impacto en estructuras criminales del país”, dijo a DW Berta Zúñiga Cáceres.

Viene de lejos

"En el 2009 se destituyó por las armas a un presidente y  ambién se patentó una nueva forma de golpe: la sustitución constitucional”, explica a DW Víctor Fernández, exfiscal hondureño y coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. "En esta etapa se profundiza en un modelo de represión para todo el que se opone al modelo extractivo”, añade. El procedimiento va por etapas: estigmatización personal, el descrédito, el intento de cooptación. 

"Cuando todo lo anterior no funciona, se usa el derecho penal y se les persigue criminalmente. Y si sigue sin funcionar, se les mata. Eso lo vivió Berta y cientos de otros en Honduras”, señala Fernández, coordinador del equipo legal de la causa por la justicia para la activista, asesinada el 2 de marzo de 2016.

Sistemático, emblemático

Según la organización Global Witness, Cáceres fue la activista número 120 en ser asesinada en el país centroamericano desde 2010.  Las observaciones de la ONU también sustentan lo anterior: Después de su reciente visita, Michel Forst, relator especial, recalcó que Honduras "sigue siendo el país latinoamericano más peligroso para los defensores de derechos humanos”.

"En el momento histórico-político hondureño, el de Cáceres es un caso emblemático”, explica a DW Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE. "La fuerte apuesta por la explotación de recursos, sin importar las consecuencias, más que conflictividad social, según nuestra investigación, genera violencia. Ha quebrado el tejido social, porque la empresa crea estructuras paralelas”, sigue Urbina, asesor de las reformas judiciales en varios países de América Latina. 

En su opinión, la probada persecución sistemática al pueblo Lenca podría llevar el caso de Cáceres al Tribunal Penal Internacional de La Haya, pues atenta contra el Estatuto de Roma. "Primero, sin embargo, hay que demandar a Honduras, firmante del estatuto, que adecue su legislación a los estándares internacionales”, explica.

Como fuere, "el que se haya metido a prisión al gerente general de DESA –la empresa constructora de la represa contra la que luchaba Berta Cáceres- es un logro impensable hasta hace un año”, sigue Urbina. No obstante, "la responsabilidad penal no se acaba en el gerente general, un trabajador de la empresa, no un accionista. Tras él hay una estructura de socios que es la que toma decisiones”, añade. 

Con un nivel de impunidad que en el último decenio oscila entre el 92% y el 98%, "la crisis del sistema de justicia en Honduras es notoria. En la investigación  del asesinato de Berta Cáceres pudimos concluir que la empresa dirigía los operativos de militares y policías. Hay una complicidad muy fuerte. El sistema del Estado de derecho no es más que una ficción”, enfatiza Urbina.

Socio de la UE

Honduras, socio de la UE en el marco del Acuerdo de Asociación Regional, recibe en el período 2014-2020 unos 250 millones de euros de fondos europeos. Parte de ellos se dedican a desarrollar estructuras protectoras de derechos de la población y a facilitar el acceso del ciudadano a la justicia.

Por otro lado, en el marco del diálogo político, desde el 2009 las elecciones hondureñas han sido una y otra vez monitoreadas por observadores europeos. En las últimas, controvertidas y violentas, en el informe europeo consta el apoyo con recursos públicos al partido de gobierno.

¿Todo se sabe, nadie hace nada?

"Es que la comunidad internacional necesita de estabilidad gubernamental para seguridad de las inversiones. Por eso oxigenan a gobiernos como el de Honduras”, sigue Urbina. En este sentido, "los programas de cooperación en materia de fortalecimiento de justicia y de seguridad lo que han generado son nebulosas para hacer pensar que los Estados son estables y están avanzando en el fortalecimiento del estado de derecho. Pero para nadie es un secreto que cada juez en Honduras aplica la ley como quiere”, añade.

Así las cosas, ¿qué cabe hacer? "Demostrar en sus propias instancias que sus agentes no cumplen con las reglas que han inventado”, responde Fernández. Berta Zúñiga Cáceres, subraya, por su parte, que si no hay presión internacional, "las supuestas condenas podrían ser la cortina de humo para proteger la verdadera autoría intelectual” del asesinato de su madre.