La crisis de deuda soberana griega parece no tener un final claro en el horizonte, a pesar de dos cumbres europeas que parecían haber cerrado, al menos oficialmente, la crisis del euro.

Con el anuncio de referendo sobre el segundo rescate europeo, Atenas ignora, de manera casi ofensiva para Bruselas y para el eje franco-alemán, el dogma político de que los acuerdos hay que respetarlos.

Cuando parecía que la Unión Europea (UE) había cerrado, al menos oficialmente, la crisis de deuda soberana en la eurozona, con dos cumbres europeas con 72 horas de diferencia, el anuncio del primer ministro griego, Giorgos Papandreu, de que someterá a referendo el segundo plan de rescate a su país de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI) centrará buena parte de las negociaciones del G20 que comienza mañana en Cannes, Francia.

En un prurito de democracia, nacida precisamente en tierras helenas hace más de 2.000 años, el primer ministro griego deja en manos de sus compatriotas, hartos de soportar duros planes de ajuste a cambio de la ayuda internacional parea evitar la quiebra, nada menos que el futuro del euro. En opinión de los expertos de varios "think tanks" de Bruselas, se trata de una decisión equivocada.

Todavía se recuerda entre bastidores de la Comisión Europea los sobresaltos provocados por varias consultas populares, especialmente en los últimos años, entre ellos dos referendos en Irlanda por el Tratado de Lisboa.

Y es que a pesar de que los líderes de los 17 socios de la eurozona creen que el acuerdo alcanzado en la madrugada del pasado jueves es bueno para Grecia, el 60 por ciento de griegos está en contra del plan, según los últimos sondeos.

Ello hace presagiar un naufragio del plan en las urnas, a menos que el Gobierno de Atenas realice una profunda labor de explicación que pasa, fundamentalmente, por poner a la población helena ante una disyuntiva: o este plan gestado entre la canciller germana, Angela Merkel, y el presidente galo, Nicolas Sarkozy, o el hundimiento del país.

En Bruselas, la palabra referendo evoca casi siempre malos recuerdos: entre las negativas más sonoras en diferentes referendos europeos destaca el "no" mayoritario de los irlandeses en 2008 al Tratado de Lisboa, corregido posteriormente en octubre de 2009, con un sí mayoritario en un segundo referendo, impulsado por el miedo a la crisis económica, que concluyó con un 67 por ciento de aprobación.

Otro episodio complicado de los últimos años relativo a las consultas populares y la construcción europea se produjo en junio de 2005, cuando dos países fundadores de la Unión Europea (UE) Francia y Países Bajos rechazaban la entonces Constitución Europea, el germen del actual Tratado de Lisboa.

El 61 por ciento de holandeses decía "no" a ese texto, en el cual se basa (en más de un 70 por ciento) el actual Tratado de Lisboa, mientras que el 55 por ciento de franceses se pronunciaban en contra.

Esas negativas dejaron gravemente tocada la nave de la UE y obligaron a practicar numerosas correcciones al texto, para pulirlo de algunas formulaciones, cambiar algunos conceptos en el preámbulo y ajustar otros asuntos sensibles para algunos socios del bloque: un trabajo de cirujanos hasta lograr el sí final de ambos países.

El hecho es que este anuncio de referendo en Grecia ha vuelto a disparar las alarmas en Europa. Cuando se creía conjurado el peligro, al menos inminente, de nueva crisis en la eurozona y los líderes europeos pensaban llegar a Cannes de manera más tranquila, con los deberes hechos, el fantasma vuelve a aparecer.

El problema es que el plan anticrisis europeo está ligado estrechamente con el segundo rescate griego, por 100.000 millones de euros, en realidad 130.000 millones si se tiene en cuenta que la eurozona aportará 30.000 millones en garantías a los acreedores privados para que acepten condonar (quita) a Grecia el 50 por ciento de la deuda (100.000 millones).

Y es que sin una aprobación del rescate griego, todo el acuerdo peligra.

DPA

Editor: Enrique López