Uno de sus amigos más cercanos decía que Fernando Ángeles Juárez, de 64 años, "no aguantaba ver pobreza, desigualdad y corrupción”. La necesidad de hacer algo contra estas injusticias le hizo presentarse como candidato a la alcaldía de Ocampo, a 40 kilómetros al norte de Ciudad de México, por el Partido de la Revolución Democrática. El pasado jueves (21.06.2018) fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, en el citado municipio del Estado de México.

Tres días después, el domingo, la Policía Federal detuvo a todos los miembros del cuerpo policial municipal de la localidad. Sobre ellos pesa la sospecha de una implicación en el crimen, por desgracia una nueva normalidad de la campaña electoral que ya pocos dudan en calificar como la más sangrienta de la historia democrática de México.

El país norteamericano se prepara para votar en los comicios del próximo 1 de julio, en los que se elegirá un nuevo presidente de la República, así como senadores y diputados federales. Pero también multitud de cargos locales, que son con frecuencia los que más expuestos están a esta violencia política.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica que es precisamente en este contexto local en el que la delincuencia organizada puede tener más influencia. Frente a la relativa madurez que han alcanzado las instituciones federales y estatales, subraya Cortez, hay regiones donde sigue instalado el fenómeno del "cacicazgo”: individuos o familias que se han apoderado del control de la esfera política, comercial, de las inversiones, etcétera.

"Desafortunadamente, con el paso del tiempo, muchas de esas expresiones se fueron volviendo parte de la delincuencia organizada, con el tema del narcotráfico o la trata de personas, por ejemplo”, dice en una entrevista con DW. Se relacionan con los gobiernos locales o la policía, añade el experto. Y no van a renunciar a los nichos de mercado que han ido abriendo.

"Hay un factor de autoritarismo”

Desde que comenzó el proceso de preselección de candidatos en septiembre ha habido 126 asesinatos de políticos o candidatos en el país, según confirmó a DW la consultora de análisis de riesgos Etellekt, que monitorea estos casos. En comparación, en el contexto de las elecciones de 2012 solo se produjeron nueve asesinatos. El promedio de la campaña actual se sitúa en torno a un asesinato de esta naturaleza cada tres días.

Pero la violencia también se manifiesta en las más de 500 agresiones que la organización ha registrado. Agresiones que, de acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, se producen en un 75% contra partidos de la oposición, en relación con el gobierno de cada entidad en la que se han llevado a cabo actos de violencia política.

"Hay un factor de autoritarismo en el cual se está empleando la violencia como mecanismo de competencia electoral”, afirmó Salazar, entrevistado por DW. "Muchas de estas elecciones no se van a definir en las urnas, sino que se están definiendo a partir de estas situaciones de amenazas, agresiones armadas, intimidación, etcétera”. En su opinión, además, el hecho de que la coalición izquierdista Morena encabece muchas de las preferencias, tanto a escala federal como estatal o municipal, "ha generado mucha inquietud en numerosas mafias políticas locales”.

El eterno problema de la impunidad

Detrás de esta cruda realidad se encuentran problemas de mucha mayor complejidad. La otra cara de la violencia es la impunidad. "Nuestras instituciones encargadas de investigar los delitos están mostrando su incapacidad para realizar investigaciones de estos casos de manera inmediata, pronta, con resultados”, subraya Cortez. La consecuencia es un escenario que "alienta la posibilidad de comisión de delitos”, cree él, porque el riesgo de tener que afrontar a la justicia es en cualquier caso menor que los dividendos políticos o económicos que se obtienen.

Cortez dirige críticas especialmente duras a las fiscalías. A su juicio, el hecho de que las procuradurías dependan de los ejecutivos, ya sea del federal o de los estatales, las convierte en una institución que pierde su carácter técnico y adquiere "una función política al servicio de un gobierno”. De esta forma, "no se ha logrado desarrollar una capacidad de investigación efectiva y objetiva, sino en función de los intereses a los que responde”. Un espacio que el crimen organizado aprovecha para actuar con una impunidad de la que México no consigue librarse.

El problema es que, en plena campaña electoral, esta violencia mortal contra quienes aspiran a un cargo público parece haberse vuelto común. Salvando las distancias demográficas y culturales, la cifra de más de un centenar de candidatos asesinados hubiera sacudido el proceso democrático de cualquier otro país. En México, los candidatos, los que viven, han condenado los crímenes. Pero ahí se queda la cosa. "Desafortunadamente, hemos visto pocas propuestas y no formulan con claridad cómo se haría”, critica Cortez. La propia dinámica electoral de los partidos, fijada en el corto plazo, en muchos casos impide que se planteen siquiera estrategias integrales.

¿Continuará la violencia tras el 1 de julio?

Reza el dicho que después de la tormenta viene la calma. La esperanza de algunos es que, una vez cerrada la contienda electoral, acabe la violencia que se ha desatado en torno a ella. Aunque no todos se permiten ser tan optimistas.

"No creo que sea así, porque este fenómeno de violencia política tiene un fondo de disputa de mercados ilegales y eso, gane quien gane, seguirá siendo así, ya que hay mucho dinero de por medio”, lamenta el investigador Cortez. Ambos entrevistados coinciden en que, por otra parte, la alternancia de partidos -en principio un síntoma de salud democrática- también puede llevar a un recrudecimiento de la violencia. Salazar, de Etellekt, se muestra seguro de que "esta violencia continuará hasta que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos, que es un período largo”. Y quizás más allá: "Pensamos que incluso continuará una vez que los asuman”.

Cortez insiste en que no cabe esperar soluciones milagrosas, dada la complejidad del problema: "El proceso electoral ha sido el catalizador de esta violencia, pero no es en sí mismo la causa. Las causas son múltiples y diversas, y van a seguir existiendo después del 1 de julio, desafortunadamente durante un buen tiempo”. La pregunta ahora es si la clase política mexicana, federal, estatal o local, estará a la altura de ese reto. Ello sumado a los problemas que llevaron a Fernando Ángeles Juárez a embarcarse en una aventura que le acabó costando la vida.

Autor: Enrique Anarte (ERS)

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