Organizaciones humanitarias informarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la reforma aprobada en el Congreso salvadoreño con el que se cesaría al juez del proceso por la masacre de unas 1.000 personas en El Mozote (1981), por la que dicha instancia emitió una sentencia en 2012, según trascendió este miércoles (08.09.2021).

Así lo explicó a la prensa David Morales, abogado de las víctimas y miembro de Cristosal, tras una conferencia en la que 14 organizaciones rechazaron la reforma legal. "Las organizaciones que representan a las víctimas ante la Corte Interamericana están ya preparando el informe de lo acontecido para que esta se pronuncie" mediante "medida de protección inmediata o vía resolución de seguimiento", afirmó Morales. Se trata de las organizaciones Tutela Legal María Julia Hernández y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

De acuerdo con Morales, también exprocurador de Derechos Humanos de El Salvador, "esta separación del juez tendrá un efecto de incumplimiento de la sentencia" de la CorteIDH, emitida contra el Estado salvadoreño en 2012. "Directamente estará afectando la obligación del Estado de llevar adelante, sin obstáculos, la investigación y enjuiciamiento de los responsables", indicó el abogado.

Representantes de más de 14 organizaciones humanitarias y sobrevivientes de la masacre, perpetrada en 1981 en la remota localidad salvadoreña de El Mozote, señalaron este miércoles que una reforma que cesa a los jueces y fiscales, de 60 años de edad o 30 años de carrera, obstaculiza la persecución penal de los responsables de crímenes de guerra. De acuerdo con las organizaciones, "la expulsión masiva de jueces también afectará a las víctimas del conflicto armado (1980-1992)" en los casos reabiertos desde 2016 con la anulación de una ley de amnistía de 1993.

Uno de los juzgadores que sería cesado con la entrada en vigencia de esta reforma es el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien conoce el caso de El Mozote. Dorila Marquéz, sobreviviente de la masacre, lamentó la decisión que se da en momentos en los que el proceso se encuentra "en la etapa final". Márquez dijo estar "muy tristes" y pidió que "no nos quiten al juez", que "es muy imparcial".

El juzgador resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la masacre.

ama (efe, teleprensa)