El Congreso de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó el martes (19.07.2022) una cuarta ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 46.600 detenidos y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

La extensión, con la que el régimen cumplirá al menos 5 meses de vigencia, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), y sin mayor discusión.

Como en las ocasiones anteriores, la medida que suspende las garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo, fue ampliada sin estudio o discusión parlamentaria en una comisión y pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros.

La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de estos derechos no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.

Se mantiene "grave amenaza", según decreto

De acuerdo con el Gobierno y el Congreso, esta condición se cumple a pesar que fue controlada la escalada de homicidios que marcó los días más sangrientos durante la Administración de Bukele y el día 26 de marzo con más homicidios del siglo actual con 62.

Según el decreto legislativo, las pandillas siguen siendo una "grave amenaza" y "continúan en un proceso de desintegración", por lo que se "mantiene en riesgo a los ciudadanos salvadoreños".

En el documento aprobado se afirma que, si se levanta la medida extraordinaria, habría un "retroceso en los avances alcanzados".

Familiares de detenidos protestaron en San Salvador

Cientos de familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción protestaron este martes en San Salvador para defender su inocencia y exigir su liberación.

Las personas, unas 200, se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador con pancartas, fotografías, carteles y camisetas con imágenes de sus parientes para exigir la liberación de sus familiares, quienes, aseguran, son inocentes y han sido detenidos injustamente.

A inicios de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones" a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de "responsabilidad penal internacional".

jc (efe, afp, ElSalvador.com, El Faro)