La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió este viernes (05.03.2021) una demanda de amparo del periódico El Faro contra el Ministerio de Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de su "línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso".

Los jueces constitucionales también ordenaron a Hacienda -como medida cautelar- abstenerse de "continuar con los requerimientos de la documentación e información que ha sido sometida a controversia por la sociedad Trípode", propietaria de El Faro. Se trata de "los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los cooperantes internacionales y los detalles sobre los suscriptores que realizan aportaciones periódicas".

La resolución señala que los abogados que presentaron la demanda consideran que -con la entrega de los datos de suscriptores- "se abre la posibilidad" para que el Gobierno pueda "presionar, acosar o amenazar a (dichos) colaboradores". A juicio de los demandantes, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda "ha excedido sus facultades legales", dado que "la información identificada no solo carece de relevancia tributaria, sino que, además, consideran que su entrega implicaría una forma de censura".

José Luis Sanz, exdirector de El Faro y corresponsal del medio en Washington, reaccionó a la resolución en su cuenta de Twitter y señaló que "el Gobierno de Nayib Bukele nos somete desde hace 8 meses a una auditoría que excede el interés tributario y es un claro ataque a nuestro periodismo".

Por su parte, el secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, publicó en la misma red social que la Sala de lo Constitucional "hoy protege a El Faro para que siga con su agenda oenegera disfrazada de periodismo, ante claros hechos de evasión y elusión fiscal".

Sanz dijo a la agencia Efe, en octubre de 2020, que teme que el Ejecutivo de Bukele busque la detención de los directivos del periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones. "Hacía semanas que estábamos recibiendo alertas de que en realidad se pretende emitir órdenes de detención, si la Fiscalía lo permite, contra algunos directivos, contra mí, contra Carlos Dada (fundador), contra otras personas del periódico o incluso llegar a congelar nuestras cuentas", sostuvo en la conversación. El periodista agregó que, en una cadena nacional, Bukele dijo que el medio era sometido a una investigación por supuesto lavado de dinero, lo que consideró como "una clara amenaza".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a inicios de febrero medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes El Faro que, advirtió, "estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización" por su actividad.

ama (efe, la prensa gráfica, diario El Salvador)