La Asamblea Legislativa de El Salvador se mantiene a la espera, este jueves (21.11.2019), de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, o lo declararía en desacato, o le permitiría continuar debatiendo sobre la Ley de Reconciliación, un nuevo decreto que brindaría base legal de cara a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil de El Salvador (1980-1992).

Ese país se mueve desde hace varios años en círculos respecto de esos crímenes de lesa humanidad, y no encuentra una salida que otorgue la justicia y reparación que corresponde a las víctimas de la Guerra Civil. El dilema es que muchos de los que deben decidir al respecto pueden ser para la Justicia los mismos victimarios, o estar relacionados directamente con ellos. 

El miércoles pasado (13.11.2019), cuando iba a caer en incumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Congreso envió una solicitud a la CSJ en la que pedía ampliar el plazo establecido. Esta es la segunda prórroga que solicita el Parlamento para cumplir con la sentencia de 2016, luego de que se anulara la Ley de Amnistía (de 1993), y se le advirtiera a la Asamblea Legislativa que tenía que formular una nueva normativa que tomara en cuenta a sobrevivientes de crímenes de guerra.

"En la historia de la humanidad, no se han resuelto (las guerras internas) sin una amnistía (…) Estoy firmemente convencido de que el conflicto de mi país no hubiese tenido el fin que tuvo si no hubiese existido una figura de este tipo de por medio”, dijo a DW el general retirado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y actual diputado de la ultraderechista ARENA, Mauricio Vargas.

Sobre el impase legislativo para llegar a un consenso, Vargas asegura que "el problema es de la dosificación de las penas. Unos quieren unas penas más duras y otros quieren penas transicionales (…). Que se diga que hay que escuchar a las víctimas me parecen palabras vacías, porque la realidad es que ya se las escuchó", afirma.

"Ningún tipo de concesiones con los responsables"

Por su parte, la abogada Mirna Perla, del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, explicó al respecto a DW que "la ley que pretenda tener una amnistía encubierta no tiene ninguna razón de ser, porque eso no resuelve nuestros problemas", subrayó. 

"Es necesario que El Salvador tenga una verdadera actitud y voluntad de establecer bases para la no repetición, y eso pasa por no tener ningún tipo de concesión con los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio, de la desaparición forzada, de la tortura sistemática, de las ejecuciones extrajudiciales contra personas denominadas como líderes que defendían los Derechos Humanos, o el montón de niñas y niños desaparecidos” continuó Perla.

Según ella, "todo eso no puede ser perdonado". La abogada opina que "si bien es cierto que hay que establecer mecanismos para un proceso de una salud y de una justicia restaurativas, no se lo puede hacer diciendo que a los criminales se le va a cambiar una pena por ir a hacer horas sociales en el parque, o hacer cosas sencillas. Eso no va para nada con un proceso de reconciliación”, enfatizó Perla.

"Nos parece que no ha habido voluntad para hacer una ley de reconciliación pero en base a la justicia, la verdad, la reparación y con miras a la no repetición de este tipo de atrocidades, que se siguen dando", detalló la exmagistrada de la Sala de lo Civil de la CSJ. Sin embargo, advierte que "la desaparición forzada es uno de los flagelos que están como una deuda pendiente y se sigue dando, bajo otras modalidades, supuestamente no bajo la responsabilidad directa del Estado". Y reclama: "¿Cómo es posible que se sigan dando las desapariciones forzadas y el Estado no aborde con verdadera eficacia y eficiencia para la persecución de este tipo de flagelos?”.

Enorme conflicto de intereses

"La reconciliación es una decisión política, no una decisión jurídica. La reconciliación se construye, no se hace por decreto. Hasta este día, no he visto una sociedad que se reconcilie porque metan preso a uno, o saquen a otro”, opina al respecto quien fuera subjefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES durante la guerra.

Vargas afirmó asimismo que, en el proceso aparecieron "dos proyectos" y "no hay un consenso entre las fuerzas internas en la Asamblea Legislativa. En ese problema estamos en el momento actual (…) A mí me parece que es por una falta de carácter y de decisión. En la vida, lo que uno cree, lo lleva a los hechos”, asegura.

Como contraparte, Mirna Perla deduce que el atraso responde a "la falta de voluntad política. El no darle el tratamiento adecuado al tema con técnicos, con gente experta que realmente busque una respuesta a lo que es la exigencia de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos."

"Creemos que lo que se ha hecho ha sido de forma artesanal, es decir, nombrar una comisión en la que se está incorporando personas que incluso han sido señaladas directamente en el Informe de la Comisión de la Verdad, como es el general Vargas”, advierte.

Por otro lado, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, declaró a DW que uno de los obstáculos principales es el enorme conflicto de intereses que tienen determinados diputados y determinados grupos parlamentarios para legislar sobre esto: "Hay un elemento central, y es que la Sala plantea que la nueva ley tiene que poner a las víctimas en el centro, con el objetivo de reparar lo que se les hizo, darles verdad, pero al mismo tiempo sancionar a los victimarios. Y lo que tenemos en la Asamblea son diputados que, de una u otra manera, participaron en las partes beligerantes". Es decir, continúa Escalante, que "quienes pueden ser para la Justicia los victimarios son los mismos que van a decidir una ley que, a la larga, los puede afectar a ellos directamente, o a familiares, a amigos y a grupos cercanos”.

"El elemento del miedo a ser señalados e incluso sancionados siempre ha estado presente. Así como en 1993 se dio la Ley de Amnistía General, que se fundamentó en base al miedo de los diputados, y que lo que buscaba era cubrirles las espaldas. Creo que esa misma lógica política se está dando actualmente”, alertó Escalante.

(cp)

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