En 2018, con una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que se conocía en El Salvador como “movilidad interna” pasó a ser llamado como lo que es: desplazamiento forzoso por violencia. 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en El Salvador se registraron 71.500 personas desplazadas entre 2006 y 2016. En tanto, el Sistema de Monitoreo de Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica calcula que –solo en 2018- en El Salvador, Guatemala y Honduras hubo 1.742 personas desplazadas. De ese total, 1.549 eran salvadoreñas.

Rina Montti, subdirectora de Monitoreo de Derechos Humanos de la organización Cristosal, que lucha por la defensa de las víctimas de la violencia, dijo a DW que los desplazamientos dentro del país son causados tanto por las pandillas como por quienes les contratan como sicarios. Las denominadas maras “están siendo subcontratadas por otros que pueden ser miembros del crimen organizado, (que estén en la) narcoactividad o incluso (que busquen generar hechos) de violencia política”.  

Cuatro historias repetidas

DW conversó con cuatro víctimas de desplazamiento interno forzado en El Salvador. Por razones de su seguridad, se han utilizado nombres ficticios y se ha evitado brindar información sobre su paradero. 

Maribel perdió su hijo de 19 años, que un día salió de su casa rumbo a un río cercano donde acostumbraba pescar. Tres días después, lo encontró en las riberas con señales de tortura y heridas en su cuerpo hechas con un machete. El único testigo del asesinato le explicó que, cerca de donde encontró a su hijo, vio “a un hombre con una pañoleta y una gorra (…) y que llevaba un machete que brillaba”. Ella asegura que la muerte de su hijo -de la que sabe muy poco- ha quedado en la impunidad porque no puede pagarle a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigue. 

Después del asesinato, Maribel y su familia recibieron varias amenazas que incluyeron machetazos en las ventanas y lámparas exteriores de su casa, así como rayados de pandillas en sus paredes. Ante eso, decidieron huir a otro municipio. “Lo que nos dijo un policía, que vino a dar una charla, es que lo ideal es que tengamos las puertas seguras y que de noche no le abramos a nadie”, añadió resignada. Sobre la muerte de su hijo -quien asegura no tenía vínculos con las pandillas- solo hay especulaciones. Maribel no quiso continuar con su denuncia ni con la PNC, ni con la Fiscalía General de la República (FGR) porque tiene miedo. La muerte de su hijo tuvo lugar hace seis años. Hasta la fecha, ella no tiene respuestas.

Mario perdió a su hijo, también de 19 años, que fue asesinado muy cerca de su casa. “No esperábamos oír la descarga de las armas”, recuerda el hombre. El muchacho fue testigo de otro asesinato y, como testificó, los criminales se vengaron. Mario dice que, luego del homicidio de su primogénito, puso la denuncia a la PNC. También él recibió amenazas de quienes habían acribillado a su hijo. “Esa misma noche (unos amigos) me vinieron a dejar a este municipio”, relata. El hombre asegura que, días después, quiso rescatar sus pertenencias de su antigua casa y pidió acompañamiento policial porque los delincuentes permanecían cerca de la vivienda: “La policía no quiso intervenir (…) así que yo ya no pude regresar”. 

Él es tajante: “Yo no confío en la policía. No se puede tener confianza en las autoridades”. El hombre no quiso seguir con el proceso ni con la PNC, ni con la FGR porque tiene miedo. La muerte de su hijo ocurrió hace tres años y no ha habido una sola captura. Hasta la fecha, él no tiene respuestas.

Karla perdió a su esposo y es quien tiene más miedo de hablar. Luego de que asesinaran al padre de su único hijo, un niño menor de cinco años, se desplazó a otra comunidad. “El día que lo mataron a él, mataron a dos jóvenes más”, recuerda, y aclara que previamente no hubo amenaza alguna. Los tres hombres fueron golpeados y luego asesinados a balazos. Karla puso la denuncia pero dice que la policía no le ayudó: “También fuimos hasta (la Procuraduría para la Defensa de) los derechos humanos y a la Fiscalía, pero no nos ayudaron (…) Hasta ahora no se sabe nada”, agregó la joven con voz temblorosa. Karla no quiso seguir con el proceso porque tiene miedo. La muerte de su esposo se produjo hace un año y medio, y no ha habido una sola captura. No hay nadie procesado, ni avance en la investigación. Hasta la fecha, ella no tiene respuestas. 

Katya perdió a su hermano. Está muy molesta y su mirada es dura mientras cuenta su relato. Su hermano fue asesinado luego de permanecer desaparecido por un mes, tras ser secuestrado por miembros de una pandilla, solo –según ella- porque sabía hacer tatuajes. Una banda le apresó para que los tatuara. Cuando el grupo rival se dio cuenta, lo buscó. “No se sabe si (los asesinos) fueron los que él tatuaba, o la pandilla contraria”, explica. 

En el mes que su hermano estuvo desparecido, ella y su madre pusieron la denuncia, pero la policía no ayudó. “Nosotros tuvimos que andar buscándolo en montes, en ríos, en pozos, (todo) por nuestros propios medios, hasta que lo encontramos”, afirma Katya. Luego llegaron las amenazas. “Ha sido bastante duro porque uno tiene que andar de un lugar para otro y, al final de cuentas, siempre tiene problemas (con las pandillas)”, cuenta. Ella ahora se enfrenta a un nuevo reto: poder vivir en una zona no delimitada. 

En El Salvador, las dos pandillas mayoritarias –la Mara Salvatrucha y el Barrio 18- se mantienen en constante disputa territorial. Eso puede llegar a los extremos de que una vecindad tenga zonas delimitadas por ambas bandas criminales, que estén separadas por una sola calle.

Esta es la cuarta vez -en dos años- que Katya ha tenido que cambiar de casa porque “ya me dijeron (los de la pandilla) que no me quieren ver aquí (…) Como ya me aburrí de andar de un lado para otro, he tomado la decisión de quedarme donde estoy y esperar”, expresa Katya con una mirada firme. “Ya me harté (…) ¡No me muevo más!”, sentencia la joven mujer. El asesinato de su hermano fue hace dos años y, por ese crimen, no ha habido una sola captura. Hasta la fecha, ella no tiene respuestas.

La esperanza está ahora en el nuevo gobierno y sus planes de seguridad. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas se encuentra ejecutando un proyecto de asistencia humanitaria a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ACNUR, en alianza con Plan Internacional. Dicho esfuerzo provee de asistencia psicosocial, apoya la conformación de redes comunitarias de protección y brinda transferencia de efectivo para compra de comida y transporte. Ese programa asiste directamente en la actualidad, a Maribel, Karla, Mario y Katya.

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