El Ejecutivo de El Salvador presume como triunfo su nueva megacárcel, a través de sus medios de comunicación. Aunque todavía no hay fecha oficial para el inicio de los traslados de reos al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la difusión de sus detalles causó revuelo en el pequeño país centroamericano, conocido como el "Pulgarcito de América" y azotado hasta hace poco por la violencia de las llamadas maras.

En un mensaje difundido en cadena de radio, televisión y redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un recorrido por el CECOT con funcionarios de su Gobierno. Llegó a una zona rural de Tecoluca —en el departamento de San Vicente, a 72,8 km de la capital—, para inspeccionar esta cárcel con capacidad para 40.000 reos.

El lugar fue edificado, según dijeron en el video, en siete meses. Cuenta con un espacio de 236 manzanas de terreno y 33 de construcción. Tiene ocho módulos de un área de 5.400 metros cuadrados, en los que hay celdas de acero reforzado y 19 torres de vigilancia. Hay, además, celdas de concreto completamente cerradas, que han sido destinadas para castigos.

Todo está rodeado por dos cercos perimetrales de malla ciclónica, electrificados con 15.000 voltios, y dos más de concreto, de 11 metros de altura y 2,1 km de largo. Adicionalmente, se ha desplegado a 600 soldados y 250 policías para custodiar la megaprisión. El Ejército permanecerá en patrullajes en la periferia, mientras que la Policía mantendrá agentes al interior, según declararon las autoridades.

"El respeto irrestricto de los derechos humanos"

La coordinadora residente de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, no quiso hacer una valoración sobre el CECOT, pero recordó a DW que su organización hace énfasis en "la importancia de que las decisiones soberanas se enmarquen siempre en el respeto irrestricto de los derechos humanos".

Gerstenberg recuerda que "los principios y estándares de derechos humanos en los sistemas penitenciarios están expresados en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en los artículos 9 y 10, y en la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que el Estado se ha comprometido a cumplir y rendir cuentas ante la comunidad internacional. También, en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela".

Estándares internacionales, derechos y garantías

Sin embargo, "durante el anuncio de la inauguración de la nueva cárcel, las autoridades penitenciarias mostraron y describieron ciertas condiciones en las que planean mantener a las personas recluidas en dicha instalación, algunas de las cuales son contrarias a los estándares internacionales", explica a DW Irene Cuellar, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para Centroamérica.

"Los mensajes —tanto visuales como verbales— que se transmitieron durante el anuncio de la inauguración de la nueva cárcel nos dan la pauta para creer que el Gobierno no tiene la intención de revisar su actual política de seguridad. Y que, por el contrario, planea seguir implementando las prácticas que diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han denunciado, por atentar contra los derechos y garantías de la población", agrega Cuellar.

Graves violaciones de derechos humanos

La investigadora asegura que, desde el inicio del régimen de excepción, AI "ha logrado documentar casos y ha recibido reportes y denuncias que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, entre las que hemos identificado casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas detenidas y muertes bajo custodia del Estado en diversos centros penales".

Sin embargo, el CECOT vendría a dar respuesta a la sobrepoblación carcelaria que ha dejado la "guerra contra las pandillas", con la que se ha encarcelado a más de 60.000 personas y que ha sido muy criticada por varias ONG de derechos humanos.

Sobrepoblación carcelaria, más allá del espacio físico

Cuellar aclara que "la sobrepoblación carcelaria no es un problema que se reduzca únicamente al espacio físico que el Estado dedica al resguardo de las personas privadas de libertad, sino al enfoque con el que se pretende administrar justicia en el país".

"La necesidad de crear una cárcel con capacidad para albergar más de 20 mil personas evidencia los problemas que ha generado la reestructuración del sistema penal, a partir de las recientes reformas legales, que priorizan la punición y los excesos, como las detenciones arbitrarias masivas y las inobservancias al debido proceso", detalla Cuellar. 

Asimismo, la investigadora explica que "la desestimación de las autoridades a las denuncias sobre los abusos que se están cometiendo, en el contexto del régimen de excepción, únicamente confirman que estos, ahora, forman parte del conjunto de prácticas regulares que el nuevo enfoque de administración de justicia y la política de seguridad promueven y toleran de manera abierta y expresa".

Militarización y uso excesivo de la fuerza

"Lamentablemente, a lo largo de casi tres años, Amnistía Internacional ha podido comprobar que el enfoque en materia de seguridad que promueve el actual Gobierno privilegia la militarización, tolera —e incluso fomenta— el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, e ignora las garantías del debido proceso", afirma Cuellar.

"En ese sentido, cualquier acción, práctica o proyecto que se genere bajo este enfoque excesivamente represivo, que violenta el debido proceso y que carece de un enfoque integral para abordar las causas raíz de la violencia y combatir el crimen, podría representar la continuidad y escalamientos de graves violaciones a los derechos humanos", agrega la investigadora de AI para Centroamérica.

Llamado a permitir visitas internacionales

En consecuencia, argumenta la experta, "podría suponerse que la función de la mega cárcel estará orientada únicamente a la reclusión de las miles de personas detenidas, violentando los principios y buenas prácticas consignados en tratados internacionales de los cuales El Salvador es signatario, y que establecen que las penas privativas de libertad tendrían como finalidad también la reforma, readaptación social, rehabilitación y resocialización de las personas condenadas".

Por su parte, Gerstenberg reitera lo expresado por mecanismos y entidades de Naciones Unidas como el Examen Periódico Universal de expedientes de derechos humanos y el Comité contra la Tortura, en el sentido de "recomendar al Estado salvadoreño que apruebe el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que permitiría visitas para constatar la situación del sistema penitenciario".

DW pidió la postura del Gobierno de El Salvador, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

(rml)