El Salvador ostenta el título de “Pulgarcito de América” debido a la extensión de su territorio, que en buena parte está a orillas del océano Pacífico. “Si por algo somos los mejores a nivel mundial es por nuestras olas. Se dice que cuando tenés una ola de categoría, podés tener una gran oportunidad de crecimiento económico”, explica a DW la ministra de Turismo, Morena Valdez. La funcionaria asegura que el país tiene muchas ventajas para ser “la meca” del surf: “Ya tenemos el recurso natural, no necesitamos construirlo, pero sí tenemos que preparar el destino con infraestructura pública, con talento humano especializado, para que tengamos buenos hoteles y restaurantes”. Para ello no solo cuentan con apoyo de China y Estados Unidos, sino también de la empresa privada. 

Sin embargo, comunidades denuncian que –con la excusa de proveer infraestructura- hay empresarios salvadoreños que están desalojando a familias de donde han vivido por décadas. Valdez dice que se está coordinando con el Ministerio de Vivienda para “dar opciones a esas personas. Estamos haciendo viviendas sociales para que podamos desalojarlos sin dejarlos al intemperie, pero de manera que se vaya haciendo una gentrificación ordenada. La población es lo primordial, tal cual nos lo ha dicho nuestro presidente, Nayib Bukele”. Además, la ministra asegura que no se ha desalojado a nadie por un proyecto turístico.  

“Ese es el problema de los funcionarios que solo se quedan con lo que ven en las noticias y no van al territorio”, declara a DW el presidente de la asociación Centro de Reorientación Familiar y Comunitaria (CREFAC), Rudy Joya. “Mientras tanto, se está dando un desplazamiento forzoso de comunidades. Estamos hablando de que no solo el crimen organizado lo está haciendo, sino que se está viendo involucrado el Estado”, agrega Joya.

La lucha por la isla

La Isla Tasajera –con una extensión de 49.454 hectáreas estatales- tiene el segundo bosque salado más importante del país. CREFAC asegura que ahí han vivido, por más de 30 años, unas 5.000 personas, que subsisten de la pesca artesanal y que enfrentaron un proceso de desalojo para beneficiar a un empresario que busca edificar un hotel de playa. 

“Toda esa zona es turística, pero no es justo potenciarla vulnerando derechos humanos”, subraya el abogado y afirma que CREFAC representa a familias en un proceso infructífero para regularizar sus tierras en Isla Tasajera. Joya relata que la única respuesta que han tenido es una “violenta” acción de destierro, aunque aclara que el desalojo “no lo inició el Gobierno de la República, pero lo apoyó”.

El 7 de octubre de 2019, las familias enfrentaron una orden de expulsión ejecutada por la jueza de Paz, Misanillas Reyes, y “más de 300 agentes policiales antimotines y militares”, denuncia Joya.

El desalojo no se concretizó porque “la jueza no llevaba una orden judicial”, lo que lo hacía ilegal y eso argumentó la comunidad bajo asesoría de CREFAC.

“¿Quién autorizó desplegar todo ese cuerpo de seguridad?”, se cuestiona Joya y asume que tendrían que haber involucrado al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y al ministro de Defensa. Como resultado, Joya asegura que hay 15 familias que fueron desplazadas y que CREFAC ha recibido amenazas “por medio de redes sociales y llamadas telefónicas”. 

El caso fue difundido a través de las redes sociales, lo que impulsó una respuesta de la administración Bukele. “Llegaron, tomaron fotos y le dijeron a los líderes que iban a buscarles una solución como lo hicieron con El Espino. Eso fue el 9 de octubre. De octubre a enero, no hay respuesta”, detalla el abogado.

 

Residencial Altos de Cancillería

“Yo creí que ya no iba a haber un desalojo así. Cuando vi lo de la Isla Tasajera, sentí que estaba reviviendo lo nuestro. Me dolió mucho. Yo pensé que en este gobierno ya no iba a pasar eso”, declara con voz entrecortada a DW Patricia Jacinto, líder de la Comunidad El Espino.

Dicha población está conformada por 61 familias que llevan 19 meses viviendo en la calle, luego que fueran desalojadas con el apoyo “de aproximadamente 400 policías” y empleados privados, agrega Yolanda Hernández, también líder de El Espino. 

Por su ubicación, en una calle frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, la comunidad ha denominado la zona como “Residencial Altos de Cancillería” y reclaman al gobierno anterior y al actual por la falta de soluciones.

Jacinto dice que la actual ministra de Vivienda, Michelle Sol, les visitó y les prometió otorgarles un terreno que es propiedad del Estado. La líder asegura que la gestión por ese mismo espacio ya la habían hecho ante el gobierno anterior pero la respuesta fue “que ese terreno no era para gente pobre”.

 

En tanto, Nelson Recinos –otro líder de la comunidad- explica que ya hubo un evento de colocación de la primera piedra para las viviendas, pero “no hemos escuchado más”.  

“Todo esto se puede considerar una nueva forma de desplazamiento forzoso”, dice Joya, añadiendo que se está intimidando a la población para que se reubique. Asimismo, advierte que “son varias las comunidades que están pasando por lo mismo”.

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