La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) programó para marzo de 2021 una audiencia para que el Estado salvadoreño explique la razón o razones por las que se bloqueó una inspección judicial de los archivos militares relacionados con la matanza de 1.000 personas en El Mozote en 1981, se informó este sábado (12.12.2020).

Lo anterior lo reveló David Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal y abogado acusador en el proceso penal que enfrentan mandos militares por la masacre.

El letrado señaló, durante un acto de conmemoración por el 39 aniversario de la matanza, que la organización Tutela Legal "María Julia Hernández" acaba de "obtener la programación de una audiencia para el próximo marzo en la que el Estado deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los bloqueos a los archivos, en los cuales se han cometido delitos".

Indicó que el juez de la causa, Jorge Guzmán, certificó los bloqueos a los archivos militares a la Fiscalía General de la República (FGR) y "a petición de la acusación particular se solicitó que sea investigado el presidente (Nayib) Bukele y el ministro (de Defensa Rene) Merino Monroy, por diversos delitos".

"La lucha sigue vigente, la lucha por verdad, justicia y reparación que pujaron María Julia Hernández, Rufina Amaya, Pedro Chicas y tantos otros luchadores por la justicia son una luz de esperanza para El Salvador, son la reserva moral de este país", agregó.

A mediados de octubre pasado, la CorteIDH le solicitó al Estado de El Salvador que presentase información sobre el bloqueo a la inspección judicial de los archivos militares, que se dio entre septiembre y octubre pasados. 

Piden que se garantice acceso a los archivos militares

Según informó en su momento el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), el alto tribunal solicitó al Estado que presentara información en respuesta a la solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de las víctimas de El Mozote y lugares aledaños.

La organización salvadoreña Tutela Legal "María Julia Hernández" pidió a la CorteIDH que dicte medidas de protección para los archivos relacionados con la masacre.

En el escrito, recibido por la CorteIDH, se solicitó "que ordene al Estado de El Salvador que garantice acceso a los archivos militares relacionados con los hechos y que cumpla su obligación de garantizar a los operadores de justicia el acceso público, técnico y sistematizado a tales documentos", indicó el Cejil.

Señaló que la CorteIDH "trasladó la solicitud al Estado, otorgándole hasta el 5 de noviembre para que responda a los hechos planteados". Sin embargo, a la fecha se desconoce si el Estado respondió a la solicitud.

Esos hechos se refieren "a la negativa por parte del presidente y el Ministerio de la Defensa Nacional de permitir las inspecciones judiciales para acceder a los archivos resguardados en instalaciones del Ejército, que serían cruciales para la identificación, juzgamiento y sanción de las personas responsables por este caso", apuntó.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esa matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.

mg (efe, Teleprensa)