El juicio se ha estancado debido en parte a la "opacidad" con la que la jueza instructora Mirtala Portillo  conduce el caso, afirmó en una entrevista a EFE David Morales, abogado de las víctimas. "La gestión de la nueva señora jueza a cargo del caso ha sido una gestión que se ha caracterizado por la opacidad, y por la realización de una serie de diligencias que están violando el debido proceso", afirmó Morales.

Portillo asumió el caso tras la destitución del juez Jorge Guzmán a raíz de un polémico decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que retiró en 2021 a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de carrera. Guzmán reabrió la causa penal en 2016 tras la anulación de una ley de amnistía que mantuvo el caso cerrado por dos décadas  y elevó los cargos contra los militares a delitos de lesa humanidad. Además, pidió a la Fiscalía investigar al presidente Nayib Bukele por el bloqueo a una serie de diligencias en archivos del Ejército.

Morales, abogado de la organización humanitaria Cristosal, explicó que la jueza ha realizado acciones en el proceso sin la participación de la Fiscalía, la defensa y la acusación particular de las víctimas. Indicó que Portillo no permitió tener acceso por 10 meses a la documentación del caso "bajo el argumento que se estaba reorganizando el expediente".

"Un expediente que contaba con cerca de 190 piezas se ha reducido a 133 piezas, lo cual le hemos constatado hasta hace pocos días que finalmente se nos brindó una copia", sostuvo Morales y agregó que están revisando las implicaciones de esta "drástica" reducción.

Arbitrariedades de jueces, decenas de piezas "desparecidas", víctimas criminalizadas

Indicó que "se están realizando decenas de entrevistas en las comunidades por personal del tribunal a familiares y sobrevivientes bajo una metodología revictimizante. "Se hacen preguntas impertinentes tratando de establecer la posible vinculación de las personas entrevistadas con la guerrilla. Son personas que ya rindieron declaración en el Tribunal", dijo.

A esto se suma que se "ha creado un registro judicial de víctimas" que no está incluido en el expediente y al que las partes no tienen acceso, tampoco conocen, dijo Morales, "con qué criterios la señora jueza está reconociendo que una persona es víctima y otra no".

Advirtió que estas acciones "nunca van a tener valor probatorio", dado que "son decisiones que se toman sin haberse producido una resolución en la cual la señora jueza exponga razones para hacerlo. El impacto es la dilatación, el retardo, mientras victimarios y víctimas están falleciendo, lo cual vuelve inefectiva la justicia" y "esta serie de circunstancias nos permiten decir que en este momento se está violentando el debido proceso, hay opacidad", agrega el abogado de las víctimas.

El abogado, extitular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también lamentó que "no vemos que se estén profundizando investigaciones hacia los victimarios y, más grave aún, nos parece que es un caso que está listo para ir al plenario (juicio)".

Este enfoque, apuntó el letrado, "demerita la prueba acumulada durante años" y "este contexto favorece la impunidad de los responsables de la masacre y es sumamente grave". Dijo que esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado salvadoreño en 2002 por esta masacre, "ordene una audiencia de supervisión", donde se expondrían estas "irregularidades".

Desde que se presentó por primera vez la denuncia, en 1990, han fallecido 125 víctimas sobrevivientes, de las que 15 murieron desde la destitución del juez Guzmán, según ha registrado Cristosal. Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.

jov (efe, elpais.cr)