Cuando el 6 de abril 2017 el Gobierno de El Salvador publicó un comunicado advirtiendo que al día siguiente el "país amanecerá en condición de impago”, la noticia pasó casi inadvertida para los medios internacionales. No así para las agencias de rating, como Fitch, Standard&Poor's y Moody's, que no tardaron en bajarle la calificación crediticia al país. "El techo de calificación del país bajó, por lo tanto la calificación de las demás empresas e instituciones públicas y privadas tiene que caer también”, explica Luis Membreño, analista y economista salvadoreño. En otras palabras: tanto para el Gobierno salvadoreño como para las empresas privadas es más caro conseguir créditos, porque al bajar la calificación, sube la tasa de interés, algo que puede frenar el crecimiento económico y agravar la crisis fiscal en el país centroamericano.

¿Cómo se produjo dicha crisis? Los hechos son simples: el 7 de abril, el Gobierno de El Salvador se declaró en impago luego de no haber conseguido financiamiento para saldar su deuda de más que $50 millones en el mes de abril con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son empresas privadas y le habían prestado dinero al Estado. Además, el Gobierno le debe dinero al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), que administra los fondos de pensión de los militares.

Acusaciones recíprocas

Mucho más controvertida que los hechos es la pregunta de cómo se llegó a este impasse: en su comunicado del 6 de abril, el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN) responsabiliza a ARENA, el principal partido de la oposición, por haber bloqueado la autorización de nuevos préstamos. El partido ARENA, por su parte, acusa al Gobierno de haber aprobado un presupuesto anual desfinanciado, ya que no incluye los gastos para pagar la deuda a las AFP y al IPSFA.

El tema del endeudamiento y un posible impago no es nada nuevo en El Salvador. "Los créditos han sido el caballo de batalla de cualquier Gobierno en las últimas décadas”, dice Marco Pérez Navarrete, de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador. "El problema es que ya ni siquiera hay capacidad de acordar préstamos por el bloqueo en el parlamento.” Para salir por lo menos de los problemas más inmediatos, el 21 de abril la Asamblea Legislativa aprobó recortes en diferentes sectores como por ejemplo, educación, salud, justicia y seguridad. Se supone que el monto ahorrado permite al Gobierno pagar la deuda que tiene con los fondos de pensiones para el mes de abril. Esta re-orientación de fondos se aprobó sin al apoyo de los diputados de ARENA, lo que mostró, según el economista Membreño, "que no era cierto que el Gobierno necesitara de ARENA para resolver el problema”, tal como lo había dicho en su comunicado. "Creo que fue un error de cálculo muy grande por parte del Gobierno”, añade Membreño.

Pugna electoral

Marco Pérez Navarrete analiza la situación con miras a la campaña electoral que El Salvador tiene por delante. En 2018 se celebran los comicios legislativos y municipales, en 2019 las elecciones presidenciales. "A ARENA le es conveniente la situación de crisis para poder comenzar a sacar réditos en contra del Gobierno”, opina. El Gobierno, a la vez, no puede fácilmente recortar los intentos de inversión social sin desilusionar a sus posibles votantes.

Aunque ya se aprobaron dichos recortes presupuestarios para superar el problema inmediato, una solución más sostenible se ve todavía muy lejana, ya que en los dos próximos años expiran préstamos por montos aún más altos. Por un lado, se está discutiendo una reforma del sistema de pensiones. Por otro lado, se necesita la negociación de un pacto fiscal entre los dos partidos, incluyendo "un incremento en ingresos y una reducción de gastos”, dice Membreño. De todas formas, el analista no se muestra muy optimista: "Para que lo podamos lograr se requiere un milagro”,afirma. "Los partidos sólo tienen mayo y junio para ponerse de acuerdo en estas reformas, porque a partir de julio se van a la calle a pelear elecciones.”