“No sólo terminó la guerra, también acabó el terrorismo de Estado, se fortaleció la libertad de expresión y más recientemente, los esfuerzos por la transparencia de la gestión pública”. Estos son algunos de los aspectos positivos de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, según David Morales, quien fue Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador hasta agosto de 2016. No obstante, recordó que la gestión gubernamental durante el periodo de la post guerra “bloqueó las reformas democráticas y gestó las condiciones para la prolongación de la desigualdad y el desarrollo de los graves problemas de violencia y exclusión social que sufrimos hoy”.

El país centroamericano celebra el 25° aniversario de la firma del pacto el mismo año en el que el mundo sigue de cerca el Acuerdo de Paz de Colombia. Para el salvadoreño, aunque la experiencia del Estado en la gestión de las negociaciones y la adopción de los acuerdos definitivos podría ser valiosa, a la hora de “administrar el post conflicto y lograr la reconciliación, El Salvador es el ejemplo de lo que no se debe hacer”. Así, consideró que Colombia “tiene mayores capacidades de atender la agenda posterior a los acuerdos”, citando el caso de la  atención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

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Morales, que durante esta semana estuvo participando en varias actividades en Alemania con motivo del aniversario de la muerte del arzobispo salvadoreño, Óscar Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, enumeró varios puntos pendientes de dichos acuerdos. “Los partidos políticos que representan a élites de gran poder económico siguen bloqueando decisiones relevantes para la vigencia de los derechos humanos, entre ellas la profundización de la reforma fiscal”. Asimismo, “la reforma judicial es uno de los tantos temas en los que la ausencia de voluntad política impide una reforma más amplia”, añadió.

Impunidad ayer y hoy

El exprocurador salvadoreño criticó la impunidad que sigue vigente en  las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, así como las que suceden actualmente con muchas mujeres, adolescentes y niñas debido a la penalización del aborto y denunció “graves errores del sistema de justicia, que, a veces, ha condenado a mujeres inocentes a penas gravísimas”. “Hace unas semanas, se abrió una discusión para despenalizar el aborto respecto de 4 causales”, recalcó.

Según el defensor de los derechos humanos, otra de las “deudas” de los Acuerdos de Paz es el incumplimiento de las recomendaciones internacionales y puso como ejemplo el caso del monseñor Romero, cuya canonización sigue pendiente. “La impunidad sobre su crimen es un ejemplo de lo que siguen sufriendo miles de víctimas sin protección del Estado. El legado de Monseñor Romero es un referente positivo para impulsar una cultura de paz en El Salvador”, destacó.

Asimismo, Morales, que acompañó el seguimiento del caso con la Tutela Legal del Arzobispado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confía en que dicho reconocimiento universal contribuya a que “algún día el sistema de justicia de El Salvador renuncie a la complicidad con el crimen y promueva la aplicación de la justicia interna” y apostó por modificar las prácticas y estructuras disfuncionales de la Fiscalía General y del Órgano Judicial para poner fin a la impunidad.

Violencia que no cesa

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador entre 2013 y 2016, recalcó que los avances producidos en el cargo han permitido un acompañamiento más directo a las víctimas de la violencia (mujeres, niños, niñas y adolescentes), y la protección de las poblaciones más vulnerables: indígenas, la comunidad LGBTI (siglas que aluden a las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transgénero e intersexuales), personas con limitaciones físicas o psíquicas, y personas adultas mayores, entre otras, así como la defensa del medio ambiente, “especialmente la lucha por la garantía del derecho humano al agua”.

Aunque los datos de la violencia en el país están descendiendo (de 103 personas de 100.000 habitantes en 2015 a 80 en 2016), reconoció que aún queda mucho por hacer. “Avanzar hacia una política integral de seguridad ciudadana en el que un sistema de protección a las víctimas sea prioridad, es uno de los retos mayores que la figura del ombudsman frente al Estado de El Salvador debe afrontar ahora”, manifestó. “Se necesita más solidaridad con las personas vulnerables, especialmente por parte de algunos dirigentes de partidos políticos que únicamente promueven represión y mano dura, como un mecanismo populista que les rendirá beneficios electorales”, añadió.

En este sentido, Morales se mostró esperanzado con el ‘Plan El Salvador Seguro’ (presentado a principios de este mes por el ministro de Asuntos Exteriores, Hugo Martínez, en Bruselas) y otras políticas de derechos humanos, como la Política Nacional de la Mujer o de Protección a la Niñez y la Adolescencia. "Marcan un rumbo y un proceso que todos, en El Salvador, deberíamos apoyar”, concluyó.