El Salvador es un país joven. Según la pirámide poblacional de 2019, cuya proyección fue revisada por la Dirección General de Estadísticas y Censos y publicada por el Ministerio de Salud, hay un total de 6.704.864 personas habitando el pequeño territorio salvadoreño. De ese total, los adultos mayores, es decir quienes tienen de 60 años en adelante, son solo unas 764.687 personas.

Los mayores no solo se enfrentan a problemas de desempleo a partir de los 45 años -ya que es usual que en las ofertas de trabajo publicadas en los periódicos locales se establezca un rango de edad tope que les deja fuera- sino que también encaran el reto económico de atender enfermedades como la hipertensión o problemas cardíacos relacionados con su edad. Por eso, la mayoría depende del Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente de los establecimientos públicos.

Con la llegada del COVID-19 al país centroamericano, estas personas fueron las más vulnerables, no solo por ser parte de los grupos de riesgo. Uno de los reiterados reclamos hacia esta población que hizo el ministro de Salud, Francisco Alabí, a finales de 2020, era que "llegan a consultar a los hospitales cuando ya tienen más de 10 días con síntomas” de coronavirus. En varias ocasiones, el funcionario hizo un especial llamado a las personas que tuvieran "cualquier patología”, por tener "mayor riesgo”.

 

Según el médico internista e infectólogo Jorge Panameño, desde el inicio de la pandemia "nosotros insistimos en que había que centrarse en las personas con factores de riesgo porque ahí se iban a concentrar los casos graves y la muerte, pero eso no se hizo”. El también miembro del Observatorio Médico COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador explica a DW que, en su lugar, lo que hubo fue la suspensión de "las consultas y los controles y lo que se dejó era un programa donde las personas podían llegar por recetas de medicamentos, pero esto causó un grave atraso y obstaculizó el manejo de las personas con enfermedades crónicas”.

Por su parte, la directora de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) y coordinadora del no gubernamental Foro Nacional de Salud, Morena Murillo, afirma a DW que "por más de 4 meses no se brindó atención en el SNS a ningún paciente con enfermedad crónica degenerativa” y agrega que en diciembre registraron "denuncias por parte de los usuarios de establecimientos de salud” por el "desabastecimiento de medicamentos”.

"Los adultos mayores fueron olvidados. No hubo un plan para su atención, no se capacitó a cuidadores sanos para ellos, ni en los asilos para ancianos, y no hay ningún plan en marcha en este sentido. Tampoco se hicieron campañas de educación a la población”, añade Murillo ya que, según estima, "no son prioridad para el Sistema, a pesar que eran -y siguen siendo- los de mayor riesgo de contraer la enfermedad y morirse”.

¿Qué hacer, entonces, si se necesita un marcapasos?

Paralelamente a las denuncias del gremio médico, el 29 de noviembre de 2020 el presidente Nayib Bukele celebraba la iniciativa de Félix Ulloa -su vicepresidente- y del escritor Geovani Galeas de apoyar a Alberto Díaz, quien había puesto un cuadro de su autoría para subastarlo y así poder comprar un marcapasos que necesitaba y que estaba valorado en 7.000 dólares. Según Ulloa, Galeas estaba organizando una colecta personal a la que él se adhería y que Bukele apoyó públicamente, afirmando que para "impulsar la dinámica en lugar de pararla, voy a duplicar el monto que logren colectar al final”.

En publicaciones posteriores, Galeas transmitió que el pintor había sido "atendido en el sistema público de salud. Todo de primera calidad”, y compartía un video del hombre en el que agradecía el apoyo recibido.

Ante esto, Celia Medrano, especialista en derechos humanos, argumenta a DW se pregunta si "¿con todas las personas de la tercera edad para las que la cobertura del SNS resulta insuficiente para garantizarles su derecho a una atención de salud adecuada se procederá de la misma manera desde la Presidencia, Vicepresidencia o ministros del órgano Ejecutivo?”.

Para Murillo, el caso de Alberto Díaz "es pura demagogia pre-electoral”, porque "ellos son funcionarios públicos que deben garantizar el derecho a la salud de todos los salvadoreños a través de la implementación de la política nacional de salud, financiada con fondos públicos”, y recuerda que "la salud no es una caridad, no se mendiga, no se garantiza con colectas o acciones altruistas; la salud es un derecho”. Pero asegura que tal derecho es el "más vulnerado en toda la pandemia”.

En materia de atención al COVID-19, Panameño lamenta que "nunca se escucharon nuestras voces, nunca se llegó a establecer colaboración” con el gremio médico y que, en su lugar, la Administración Bukele "decidió declarar toda información relacionada con la pandemia -en el ámbito de la salud- como información reservada, es decir como un secreto de Estado, aduciendo que el conocimiento de esta información podía poner en riesgo la vida y la salud”. En tanto, el planeta vuelve a ponerse en guardia para prevenir la agresividad de las nuevas cepas del COVID-19 que amenazan, una vez más, con mayor énfasis a la población con más canas.

DW solicitó una entrevista para conocer la postura del Gobierno de El Salvador, a través del secretario de Prensa de la Presidencia, pero no hubo respuesta. Asimismo, se contactó a Geovani Galeas para conocer su postura, pero tampoco hubo contestación.