El país más pequeño de América Latina se mantiene convulso luego de que el Congreso se reuniera en una sesión extraordinaria en la que denunció un intento de golpe de Estado provocado por el Ejecutivo, a la vez que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al presidente Nayib Bukele desistir con el uso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y a la Policía Nacional Civil (PNC) en "actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”.

La firmante de los Acuerdos de Paz –que dieron fin a una de las más violentas guerras civiles en Latinoamérica-  y actual jefa del grupo parlamentario del opositor izquierdista FMLN, Nidia Díaz, explicó a DW que las formas de gobernar de Bukele "no han sido acordes al espíritu y contenido del proceso de estos últimos 28 años respecto a la independencia de los poderes”.

Díaz agregó que "con los Acuerdos de Paz, y la reforma constitucional que se derivó de ellos, se fortalecieron las competencias y la independencia de cada órgano, y el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder nos mantenía en la gobernabilidad. 28 años después, con estas actuaciones, se está violentando la Constitución, se está retrocediendo en el proceso democrático al utilizar a la FAES y la seguridad pública con fines de golpe de Estado. Como una de las que participamos en la negociación y suscripción de los Acuerdos, estaba preocupada e indignada porque -28 años después- se dio esta situación con el agravante que hubo persecución y acoso a los diputados y diputadas, como poniéndonos la pistola en la cabeza para que fuésemos a votar”.

Por su parte, el general de División (retirado) de la FAES y actual diputado de la derechista ARENA Mauricio Vargas, dijo a DW que "hay una posible transgresión al orden constitucional por parte del presidente de la República en la militarización y el exceso de fuerza e intimidación en la toma de la Asamblea Legislativa. El pretexto es un préstamo de seguridad pero lo que está detrás es el respeto a la democracia, el respeto al republicanismo, el respeto a la separación de poderes. La intencionalidad del presidente con esa fuerza desproporcionada -del día domingo- y los llamados en tarima pública nos indican que pretendía, o sigue pretendiendo, tomarse la Asamblea Legislativa como ha sucedido en otros lados, lo que podemos denominar un golpe de Estado institucional y por eso hay que alertar a la comunidad internacional y hacer conciencia en la población de que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En tanto, el analista y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Ernesto Escalante, declaró a DW que "desde hace una semana, lo que veíamos es una especie de matonería política. El Ejecutivo -sin agotar las vías pacíficas y legales que ya establece nuestro ordenamiento jurídico- se fue a tratar de amedrentar a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un préstamo”, lo que califica como "un riesgo de regresión en cuanto a los pocos, pero importantes, avances democráticos que tenemos”.

Escalante aclaró que "decir que el presidente de la República se ha extralimitado en sus funciones no significa automáticamente que la Asamblea Legislativa está actuando bien. Dentro del Parlamento hay enormes deudas, también hay enorme irresponsabilidad al tratar de manipular, a través de sus votos, para generar presión a otros órganos del Estado, no solamente el Ejecutivo. Esta situación en la que nos encontramos no ha salido de manera espontánea, sino que es un proceso que ha ocurrido en los últimos meses por no utilizar las vías pacíficas de diálogo, y mucha de esta responsabilidad la tiene la Asamblea Legislativa”.

Sin embargo, Díaz afirmó que la razón que ha dado Bukele para la militarización del Congreso, que se basa en la aprobación de un préstamo, no es válida ya que "nosotros ya le aprobamos, en diciembre, la autorización para que negocie otro préstamo de 91 millones de dólares. Eso fue hace dos meses, para financiar la segunda fase. Esta Asamblea nunca ha negado, por motivo político o ideológico, un préstamo o una transferencia de recursos, o lo que él pidió en el Presupuesto 2020, que intacto se le aprobó. No hay un vacío tampoco de recursos. El presupuesto para defensa y seguridad pública es de más de 700 millones de dólares. Desde junio, cuando tomó posesión, a la fecha, se le han transferido como 250 millones, más los préstamos que se han autorizado. Podemos decir que para defensa y seguridad puede disponer de 138 millones para la compra de bienes y servicios. No existe ese vacío de recursos”.  

"No hay justificación alguna del uso de los militares en la Asamblea Legislativa. Podemos decir que él (Bukele) es el comandante general de la FAES pero no para usarla en cualquier cosa que a él se le ocurra. El 16 de enero de 1992, se restringió el ámbito y la competencia de la FAES, porque se decía que las causas del conflicto que vivió El Salvador estaban fundamentadas en la intromisión de la Fuerza Armada en los ámbitos políticos, económicos y sociales y que esos eran los males del país. Con estas acciones, estamos regresando otra vez a lo que dejamos atrás hace 28 años”, explicó Vargas.

"Es curioso que en este contexto se esté discutiendo una nueva Ley de Reconciliación Nacional. No hemos ni cerrado los problemas del conflicto armado cuando estamos generando nuevos problemas democráticos imponiendo a la FAES como protagonista”, agregó el subdirector del IDHUCA.

"Algo que está pasando desapercibido es que vimos al presidente acompañado de la PNC y de la FAES. Esas dos instituciones tienen un enorme conflicto de interés –sobre todo para los mandos- porque el préstamo que se está discutiendo es dinero que va a ir a estas instituciones, ellos son los directamente beneficiados por ese crédito”, señaló el subdirector del IDHUCA. "No solo es si le dan o no el préstamo al presidente, sino a instituciones que ya se tomaron el Parlamento Nacional y, además, a entidades que no son transparentes en la ejecución de su dinero. Esto, sobre todo para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es importante tenerlo claro. Este es un aviso. Si el banco –a pesar de eso- está presionando por el préstamo, el BCIE también se puede convertir en responsable de todo lo que está provocando”, sentenció Escalante.

Vargas explicó que los soldados deben "obediencia al comandante general de la FAES y responsable de la seguridad pública. Pero es obediencia en (el marco de) las órdenes legales del servicio. No es leal a su comandante el subordinado que no le habla con la verdad, no pueden ser facilones y complacientes con las consultas del comandante. Él tomará la decisión que estime conveniente, pero no pueden estar diciendo que le deben lealtad al comandante, le deben lealtad a la República, le deben lealtad a la nación, no a la persona”.

"Es lamentable que esto se dé por las ideas, por el planteamiento político, por expresarse. Estamos viendo una situación de amenaza, de querer regresar a métodos dictatoriales que ya fueron superados y costó mucho superarlo con la sangre y el esfuerzo del pueblo salvadoreño y también con el sufrimiento de familias para que nunca más hubieran dictaduras”, concluyó Díaz. 

DW pidió declaraciones a la bancada oficialista de GANA pero no recibió respuesta.

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